La ciudad
Jueves 26 de Mayo de 2016

Por "graves fallas", Pami le quita casi 12 mil cápitas a un sanatorio

La obra social de los jubilados dejará de enviar pacientes a la clínica de los Nuevos Ayres. Detectaron severas irregularidades.

gzysman@lacapital.com.ar

LA CAPITAL

Por "varias y graves irregularidades en las prestaciones médicas", la dirección del Pami Rosario le quitó 11.700 cápita al Sanatorio de los Nuevos Ayres. "Se detectaron casos gravísimos que ameritaban dejar de derivar pacientes tan vulnerables", justificó la directora de la delegación local de la obra social de los jubilados, Milva Sánchez. "Esto nos deja al borde del cierre", advirtió Antonio Bernaba, administrador del efector de avenida Pellegrini al 1300 ya que el aporte mensual del Pami representa "el 80 por ciento" de sus ingresos. Ahora, los pacientes serán derivados al Hospital Italiano, en medio de una batalla judicial.

El 20 de mayo la Cooperativa Argentina de Medicina Integral (Cami), razón social que tiene a su cargo el gerenciamiento del Sanatorio de los Nuevos Ayres recibió una carta documento de parte de las autoridades locales del Pami.

Allí, la Unidad de Gestión Local (UGL) IX comunicó al centro de salud que funciona en avenida Pellegrini y Entre Ríos que en breve, a más tardar en un mes, no atenderá a más a unos 11.700 jubilados.

La notificación cayó como un baldazo de agua fría entre los referentes de Cami quienes advirtieron sobre un posible cierre inminente y hasta vieron en la decisión administrativa "el perfil liberal de la política del gobierno de Macri que perjudica a las empresas de la economía social para favorecer a los grupos concentrados de la salud" (ver aparte).

En diálogo con LaCapital, la jefa de la UGL IX salió al cruce de esa interpretación y dio sus argumentos. "No hay ninguna persecución contra nadie ni ánimo de perjudicar a algunos para favorecer a otros. Las razones son administrativas, están fundamentadas en sumarios y auditorías y hasta han llegado a la Justicia penal de Rosario", aclaró.

Según la funcionaria "en las auditorías que se hicieron en el Sanatorio de los Nuevos Ayres se detectaron varias y graves irregularidades en la atención médica a nuestros pacientes".

En ese sentido mencionó un caso emblemático. "Se produjo un fallecimiento de un paciente tras varios días sin la debida atención que derivó en una denuncia penal por presunto abandono de persona", remarcó.

"La investigación nuestra —continuó— arrancó en febrero. Citamos a las autoridades del Sanatorio de los Nuevos Ayres para que hicieran su descargo ante las graves imputaciones que surgieron de los sumarios y no se presentaron para dejar sentada su posición".

Sánchez destacó luego que aquel incidente "no fue el único detectado sino que hubo varias situaciones muy complicadas que nos llevaron a tomar una drástica decisión. No tuvimos otra opción que hacerlo por la dimensión de las irregularidades".

La jefa de la obra social de los jubilados en la ciudad lamentó que "las autoridades del Sanatorio de los Nuevos Ayres amenacen con cerrar sus puertas. La verdad es que no sabíamos que eran Pami dependientes, pero no se puede sostenerlos como prestadores ante tamañas irregularidades, más ante una población tan vulnerable como los abuelos".

"El expediente —siguió— con toda la investigación de los casos denunciados está a disposición de la prensa, de quienes lo deseen para que puedan ver todos los detalles y cómo se ha actuado. Notarán que no hubo ninguna intencionalidad de perjudicar a nadie ni beneficiar a algunos".

Consultada sobre la decisión de reasignar las cápita retiradas de

Cami al Hospital Italiano, Sánchez explicó: "Se buscó un único lugar para hacer lo más sencillo el trámite, tras hacer las averiguaciones del caso sobre plazas disponibles y capacidad del centro de salud".

En efecto, desde hace unos días el Hospital Italiano tiene nuevo gerenciador, la Asociación Mutual Casa del Médico, un grupo privado que lidera el empresario sanitario de Rafaela, Carlos Tita.

Así lo dispuso la semana pasada el juez Marcelo Quiroga, en base al informe presentado por el trío de interventores del efector, que entendió que el grupo rafaelino cumplió con la mayoría de las exigencias planteadas en la causa.

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