La abogada y exjueza Claudia Guerra anticipó hoy que se presentará como querellante en la causa por "lesiones y amenazas" por la que está detenido el presidente del ente previsional santacruceño, Ariel Ivovich y que buscará "una sentencia ejemplar en la condena de la violencia" ejercida por el funcionario contra ella, su colega Martha Dávila y otras tres jubiladas.
"Estoy azorada, todavía me cuesta creerlo, fue todo tan repentino, tan desmesurado, de parte de gente como con odio, con fobia", dijo la letrada, al tiempo que advirtió, "como juezas hemos intervenido en situaciones de tensión, de conflictos, de agresión, de motines, donde hay detenidos, pero nunca enfrentar la furia descontrolada de alguien que además es funcionario".
Para Guerra, "lo triste de todo esto es que ante una situación de tanta violencia", la gobernadora Alicia Kirchner no haya ordenado que el funcionario cese en el cargo, "porque independientemente de todo es una mujer y no puede tolerar esto, pero es la Santa Cruz que nos toca", reflexionó.
"Es una cuestión de
violencia de género, no solamente pegarnos, sino todo el tiempo los insultos de los dos hermanos y esto no puede quedar impune, es muy grave, no se puede tolerar a un funcionario ni ahora ni nunca, comportarse de esta manera, por lo que estoy dispuesta a llevar este caso y buscar una sentencia ejemplar en la condena de la violencia".
Guerra dijo que está patrocinando a unos 70 amparistas, titulares de jubilaciones del sistema previsional provincial, que reclaman el pago de sus haberes en tiempo y forma.
"Cobramos lo que dice la ley, no lo que se nos ocurre a nosotros, a quienes, sin instrumento legal que lo avale, por la vía de hecho, el gobierno nos dice no tengo plata, no te pago", explicó la letrada, quien recordó que cuando gobernaba la provincia
Néstor Kirchner, en dos oportunidades, mediante decretos de necesidad y urgencia ratificados por ley, no pagó sueldos y aguinaldo y luego redujo los salarios un 20%.
Guerra explicó que "si el estado está en una situación de emergencia o crisis económica, tiene que sacar un instrumento legal en el que fundamente la crisis, diga cuánto tiempo durará y de qué manera se pueden afectar derechos adquiridos, como son los haberes jubilatorios, sin importar si cobramos 11 mil pesos o 220 mil pesos".
Ivovich está detenido desde anoche por "lesiones y amenaza de muerte" en el marco de una causa iniciada por las jubiladas que patrocinan Guerra y su colega Martha Dávila.
Las jubiladas Patricia Vargas, Sandra Gordillo y Patricia Soto fueron agredidas ayer cuando salieron en defensa de Dávila y Guerra, que concurrieron a notificar al funcionario de una medida cautelar en un domicilio comercial.
La notificación que se negó a recibir el funcionario correspondía a la medida cautelar a la que hizo lugar el juez de familia Antonio Andrade, ordenando al estado provincial abonar las jubilaciones del 1 al 7 de cada mes, bajo apercibimiento de una multa en caso de incumplimiento, y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.