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Lunes 02 de Enero de 2017

Una década y media sin respuestas políticas y judiciales en Santa Fe

Familiares de los muertos por la represión durante la caída de De la Rúa siguen peleando por el esclarecimiento y buscando ayuda estatal

Sin respuestas políticas y judiciales, en diciembre pasado se cumplieron 15 años de la represión de 2001, que provocó 38 víctimas fatales en todo el país, nueve de ellas en Santa Fe. Ocho de esas muertes se registraron en Rosario y sus alrededores y una en la capital provincial.

Producto de una profunda crisis económica, el 19 y 20 de diciembre de 2001 ciudadanos de todo el país decidieron salir a las calles, muchos para reclamar por sus ahorros pero otros tantos para procurar algo tan básico como alimento para sus familias, empobrecidas en una sociedad donde la desocupación rondaba el 22 por ciento.

Lejos de responder al pedido generalizado, el gobierno de la Alianza, encabezado por Fernando de La Rúa, junto a las gestiones de la mayoría de las provincias, embistió contra los manifestantes dejando un tendal de heridos y muertos fatales. Yanina García, Graciela Acosta, Juan Alberto Delgado, Rubén Pereyra, Walter Campos, Ricardo Villalba, Graciela Machado, Claudio Pocho Lepratti y Marcelo Passini (ciudad de Santa Fe) son las víctimas de la provincia.

Como consecuencia de la falta de respuesta del poder político y la Justicia para esclarecer esos asesinatos, se creó la Comisión Investigadora no Gubernamental y, tras una ardua tarea de recolección de datos, pruebas y testimonios, finalmente se disolvió, dando lugar a la creación de lo que hoy es la Asamblea 19 y 20 de diciembre de 2001.

"La comisión tuvo que nacer por la desidia del Estado al investigar esos crímenes. Tomó el trabajo que no hizo el Estado, se puso al hombro la tarea de levantar testimonios, conseguir información y tratar de entender lo que ocurrió", sostuvo Diego Tuna Stabile, miembro de la asamblea.

Más allá de los esfuerzos de los familiares de las víctimas, la mayoría de los crímenes continúa impune. Liliana Leyes, del mismo organismo, comentó: "La mayoría de las causas ya están cerradas. Hay un autor intelectual, que fue el entonces gobernador Carlos Reutemann, y los funcionarios que estuvieron a cargo, Lorenzo Domínguez (ex ministro de Gobierno de la provincia), Enrique Alvarez (ex secretario de Seguridad Pública), Juan Carlos Mercier (ex titular de Hacienda), jamás fueron llamados a declarar".

De todos modos, según Liliana, todavía quedan instancias por agotar en la búsqueda de Justicia. "Hablamos de la Corte Interamericana (Cidh). Pensamos utilizar todas las herramientas, y hacia ahí vamos. Esto fue un plan sistemático que ocurrió en once provincias y la Justicia lo tiene que ver así", precisó. Al referirse al estado de las causas, resaltó que sólo hubo dos condenas firmes en los casos de Acosta y Lepratti.

"En la Capital Federal hemos logrado, por primera vez y es un precedente, que un responsable político fuera condenado. Enrique Mathov (ex secretario de Seguridad de De la Rúa) tuvo cinco años de prisión. También algunos de los policías que actuaron en Plaza de Mayo, donde hubo muchas víctimas fatales y más de doscientos heridos", agregó Leyes.

Luego comentó que, a través de la Cámara de Diputados provincial, por iniciativa de Carlos del Frade, también se está cursando un pedido de informes que ayude a esclarecer lo que ocurrió en esos días en los hospitales, ya que el número de heridos es, hasta el momento, indeterminado.

Cuando en la asamblea hablan de justicia, no sólo hacen referencia a la investigación y al esclarecimiento de los crímenes sino a la necesidad de reparación y asistencia por parte del Estado a quienes perdieron miembros de su familia. "A 15 años, sufrir una nueva víctima de 2001", advirtieron sus referentes.

Es que, pocos días atrás, se suicidó César, uno de los hijos de Acosta. En ese momento, tenía 13 años. Y, a los 28, se ahorcó en su casa, a 15 años de no tener a su madre y frente a la ausencia de un acompañamiento del Estado. La reparación económica, psicológica y judicial nunca llegó a los familiares", aclaró Leyes.

Más allá de la impunidad y de las investigaciones que culminaron con falta de mérito, o que ni siquiera empezaron, hay un grupo de familiares agrupados en la asamblea que busca tanto una respuesta del Poder Judicial como mantener vivo el recuerdo de sus víctimas.

Por eso, durante todo 2016 pintaron murales, a los que llamaron "estaciones", en los barrios que supieron habitar Walter, Pocho, Graciela y tantos otros. Para Diego Stabile, "muchas veces se habla de números, pero eran personas las que cayeron". Y enfatizó que, en este caso, el arte sirve como vehículo para la memoria y la justicia. "También es una posibilidad de encontrarnos", concluyó.

Daiana Díaz

Especial para LA CAPITAL

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