Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) este mediodía recabaron documentación en reparticiones de la Municipalidad de Santa Fe, por orden del fiscal Roberto Apullán del Ministerio Público de la Acusación. Desde el Ministerio Púlblico de la Acusación (MPA) indicaron que se trató de una "diligencia investigativa".
El procedimiento está vinculado a la denuncia formulada hace dos semanas por el concejal kirchnerista Juan Carlos Cesoni por el presunto desvío de fondos por parte del municipio. La presentación del edil opositor, sustentada en una investigación periodística, requiere que la Justicia investigue supuesto el financiamiento de punteros y estructuras políticas territoriales con recursos de la secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Santa Fe.
La medida precisamente se centró en Desarrollo Social y en la Secretaría de Hacienda del municipio santafesino.
En una conferencia de prensa realizada mientras se ejecutaba la medida por parte de la PDI, Andrea Valsagna, secretaria de Comunicación de la Municipalidad, dijo: "Nosotros desde el gobierno de la ciudad siempre estamos a disposición de las investigaciones que se realicen. De hecho, ustedes recordarán que esta denuncia fue radicada por un concejal del kirchnerismo".
"Apenas fue radicada la denuncia, el fiscal municipal Federico Sedlacek se puso a disposición para brindar toda la información que requieran. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa para el municipio. Nosotros estamos a disposición de la Justicia y a disposición de las investigaciones que se realicen, no tenemos ningún inconveniente", añadió Valsagna.
"Los funcionarios municipales están brindando información. No tengo el pedido exacto de requerimientos que hicieron, pero tiene que ver con información presupuestaria"
Asimismo, señaló: "Se está realizando el requerimiento y los funcionarios municipales están brindando información. No tengo el pedido exacto de requerimientos que hicieron, tiene que ver con información presupuestaria y se está brindando información, ustedes habrán visto", indicó Valsagna.
"El intendente José Corral está al tanto, por supuesto. Y lo que dice siempre, que nosotros estamos a disposición de la justicia. Nos parece muy bien que funcionen las instituciones, siempre bregamos para eso y confiamos en tener un país donde las isntituciones funcionen democráticamente", agregó.
Consultada sobre si se trató de un allanamiento, Valsagna afirmó: "Es un requirimiento de información que está haciendo el MPA al municipio y nosotros estamos a disposición para brindar tanto la información, como los documentos que se requieran, concluyó la funcionaria".
En tanto, la secretaria de Gobierno María Martín, presente en la conferencia, declaró ante los medios que lo que PDI buscaba era "información de carácter administrativo que por supuesto los funcionarios inmediatamente se pusieron a disposición".
"Nuestra vocación es colaborar con la justicia y entregar toda la información que se nos pida. El fiscal municipal se puso a disposición porque nosotros creemos en la justicia y vamos a colaborar en todo lo que sea necesario", explicó Martín.
"Es información de carácter administrativa, que no habría problema en ponerla a disposición; toda la documentación en las áreas que se está requiriendo está siendo puesta a disposición de la justicia", indicó.
Martín se negó a definir la denuncia como una maniobra de campaña. "Cada uno sacará sus conclusiones. Nosotros a la justicia la respetamos y vamos a colaborar siempre y siempre ha sido así. Esta no va a ser la primera vez", señaló.
"Por lo tanto en el momento que sea, la justicia va a encontrar nuestras respuestas. Distinta es la situación electoral y lo que se disputa en la campaña, que es otra circunstancia. Nosotros estamos siempre a disposición de la justicia", respondió.
Lo que se investiga
La denuncia en cuestión fue radicada días atrás, en coincidencia con la publicación del informe "Las cajas negras de Corral"; a partir de la información volcada en el sitio
corralpapers.com. La denuncia de Cesoni apunta a Corral y a sus secretarios de Desarrollo Social, Carlos Medrano, y de Gobierno, María Martín por supuesto "incumplimiento de deberes de funcionario" y a supuestos punteros políticos.
Por otra parte, siempre vinculado al mismo tema, la semana pasada se supo que el fiscal de Estado adjunto de la provincia Gustavo Luzzini confirmó que investiga a una treintena de asociaciones civiles de Santa Fe supuesamente beneficiadas por el desvío de fondos de Desarrollo Social.
En ese marcó se solicitaron informes a la directora de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia (IGPJ), María Silvia Gómez Bausela, por el origen de la cooperativas en cuestión.