Política
Miércoles 12 de Julio de 2017

Piden la indagatoria de la procuradora general de la Nación

Gils Carbó quedó bajo sospecha por la compra supuestamente irregular, en 2013, del edificio central donde funciona el organismo que conduce

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sea citada a declaración indagatoria por la compra de un edificio para el Ministerio Público, en 2013, la que consideró que fue "direccionada" para favorecer a una empresa y satisfacer "intereses personales".

Horas antes de la resolución de Taiano, la defensa de la jefa de la Procuración General había pedido su sobreseimiento por entender que "se ha demostrado su absoluta ajenidad" a los hechos.

El fiscal dijo que se impone "la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido" en la adquisición del inmueble de Perón 667, ubicado en la Capital Federal, por 43,8 millones de pesos (unos 8 millones de dólares) en 2013.

También pidió que comparezcan a declarar como imputados Guillermo Bellingi, Héctor Zurita, Jorge Damanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián González Fisher, Pedro Donato Viceconte y Roberto Martino.

Taiano basó el requerimiento que presentó al juez federal Julián Ercolini en "la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido como meta del procedimiento y el interés social por el esclarecimiento de los casos de corrupción".

Además, adelantó que los imputados podrían afrontar cargos de "fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

En la causa se investiga la compra a Arfinsa, del Grupo Bemberg, del edificio ubicado en Perón 667 por parte de la Procuración General, que ya tenía su sede tradicional en Guido al 1500, en el barrio porteño de Recoleta.

En la operación Arfinsa habría pagado una comisión de 7,7 millones de pesos a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez habría contratado de asesor a Thill, hermano del contador Bellingi, subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.

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