Los abogados defensores del ex jefe del Ejército César Milani responsabilizaron al área de Inteligencia de esa fuerza durante la última dictadura militar por la desaparición del conscripto Alberto Ledo, al presentar un escrito ante el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán.
En ese marco, la defensa de Milani atribuyó la privación de la libertad de los soldados conscriptos a un plan criminal general que regía en la dictadura y que implementaba el área de Inteligencia militar.
Los abogados Mariana Barbitta y Gustavo Feldman procuraron equiparar la desaparición de 127 conscriptos durante el período de la represión ilegal al plan sistemático del robo de bebes, probado en otras causas.
"Milani era subteniente y con ese grado nunca pudo haber formado parte en ese momento del área de Inteligencia, que fue la autoridad de coordinación" en la represión, explicó Feldman.
Al respecto, los letrados solicitaron la "producción de las medidas de prueba sugeridas" en esa línea de investigación para que, "una vez producidas las mismas, se proceda al dictado del auto de sobreseimiento" de su defendido.
En 2013 el gobierno argentino designó a Milani como jefe de Estado Mayor General del Ejército, lo cual detonó controversia ya que testimonios de algunos compañeros del servicio militar de Ledo vincularon al militar con la desaparición del soldado.
Otra causa. Paralelamente, el ex jefe militar también presentó, a través de sus abogados, un planteo en La Rioja para intentar frenar el llamado a indagatoria que había fijado el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena por el secuestro y torturas contra Ramón Olivera.
En agosto pasado, la Corte Suprema había confirmado el rechazo de un planteo previo de la defensa de Milani, que solicitó el cierre del expediente, por lo que el magistrado podría fijar una nueva fecha para su declaración indagatoria. La cita anterior, en junio, fue postergada por un pedido de la defensa del ex jefe militar.
Ahora, Barbitta y Fedman opusieron una "excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de delito", ofrecieron prueba y pidieron que se dicte sobreseimiento, además de la suspensión de "toda actividad procesal y la eventual citación a indagatoria".
En marzo de 1977, Pedro Olivera fue secuestrado por una patota en su casa y permaneció desaparecido durante dos días. En ese contexto, denunció haber sido brutalmente torturado, a punto tal que quedó con una hemiplejia.
Lo liberaron en la puerta de su casa y se llevaron a su hijo, Ramón Olivera, quien corrió la misma suerte durante diez días y luego fue encarcelado "a disposición del Ejecutivo nacional" durante más de cuatro años.
Ramón reconoció a Milani en el allanamiento de su casa y como quien lo condujo, tras golpes y apremios, a prestar declaración ante el juez federal Roberto Catalán, recientemente condenado en la denominada Megacausa La Rioja por su participación en el plan represor junto a decenas de genocidas.