La bifurcación de socialistas y radicales camino a las elecciones legislativas de 2017 comenzó a impactar directamente en el trazado de la reforma constitucional que el gobernador Miguel Lifschitz anunció en la Asamblea Legislativa.
Por Mauricio Maronna
La bifurcación de socialistas y radicales camino a las elecciones legislativas de 2017 comenzó a impactar directamente en el trazado de la reforma constitucional que el gobernador Miguel Lifschitz anunció en la Asamblea Legislativa.
Curiosamente, o no tanto, a la par que crecen las voces individuales a favor de la posición de Lifschitz —aun con matices— en los partidos de la oposición y en los socios radicales, es en el propio socialismo donde se mantiene la mayor objeción respecto de los tiempos de la reforma y de lo que, como siempre, es el gran megatema de cualquier proceso de este tipo: la reelección del gobernador.
Todos los gobernantes desde Jorge Obeid hasta hoy esbozaron sus propios proyectos reformistas, pero siempre la idea naufragó por la falta de concurso opositor a esas iniciativas. Ahora, la mayor diferencia está enclavada en el socialismo, partido de gobierno del Frente Progresista.
"Hacer una reforma de la Constitución ahora está afuera de la realidad, no tiene asidero. Han cambiado las circunstancias políticas, la gente está pensando en otra cosa", dijo ayer a LaCapital una espada socialista.
En medio del gran malestar que generaron en el PS las declaraciones de Julián Galdeano, blanqueando que la UCR concurrirá a los comicios de 2017 como parte integrante de Cambiemos, la posibilidad de la reforma se aleja. Si unos y otros relativizan que se dividan las voluntades de radicales y socialistas por tratarse de elecciones a diputado nacional, una eventual convocatoria de elecciones a convencional constituyente volvería a forzar listas separadas pero en un comicio provincial. Y el Frente Progresista correría el severo riesgo de estallar antes de tiempo.
"Ese razonamiento es lo novedoso de estas horas. Y por eso Galdeano se nos quiere meter en la interna nuestra al decir que apoya la reelección del gobernador. Algunos se creen que hacemos política desde hace dos días", bramó ayer ante este diario un legislador socialista.
Pese a esto, y a que el PRO podría meter una cuña en la sociedad de radicales y socialistas, el macrismo santafesino cree que lo mejor sería "convocar a elecciones de convencionales constituyentes en 2019, agregando un casillero más en la boleta única", sostuvo el diputado provincial Roy López Molina.
El legislador rosarino está a favor de habilitar la reforma constitucional debatiendo todo los temas, menos la cláusula reeleccionista. "Estoy dispuesto a discutir el 99 por ciento de los aspectos que regulan la actual Carta Magna. El único artículo en el que no hay que ceder, es en el que mantiene la prohibición de la reelección del mandatario provincial", agregó.
Para que se entienda: el socialismo no alineado con Lifschitz quiere que haya una reelección pero con la abstención del gobernador para ir por otro mandato, el macrismo no quiere reelección y parte del radicalismo y del PJ no pondría objeciones a que el actual mandatario pueda presentarse. Un jeroglífico de opiniones cruzadas.
El único que hasta aquí mandó la pelota a la tribuna fue el peronista Omar Perotti, quien descartó un proceso de reforma y chicaneó a los propulsores de la iniciativa: "Cuando camino por la calle, la gente me para y me pide por favor: «¡Reformen la Constitución!»".
Todos coinciden en que el tema de la reelección debería postergarse hacia el fin de las discusiones. Querer postergarlo es una buena declaración de principios —como desear la paz en el mundo— pero cuando se trata de política y poder santafesino es como pretender esconder un elefante en una alcantarilla.
Lifschitz sabe que admitir públicamente que se abstendrá de competir en una eventual reelección lo convertirá automáticamente en pato rengo, a tres años y medio de finalizar su mandato. Si hace eso, la política empezará en un tiempo cercano a ver más al que viene que al que está.
Nadie debería subestimar las intenciones de Lifschitz, quien llegó a la Intendencia de Rosario cuando muchos no sabían cómo se escribía su apellido y se fue luego de 8 años con índices de aprobación superiores al 60 por ciento.
El gobernador, al menos hasta hace pocos días, llevaba adelante la estrategia de dialogar personalmente con cada legislador provincial antes que dar una discusión por partido y, en el camino, maneja en reserva una encuesta que lo hace ser optimista. Contra lo que opinaba Perotti, según esos datos el 58 por ciento de los santafesinos aprueba la convocatoria a una reforma constitucional y el 67 por ciento considera que está desactualizada, entre otras muchas opciones.
Si al final del camino se acerca la posibilidad de una modificación a la Carta Magna habrá que saber cuál es el contenido. Sin una verdadera reforma política, todo lo demás será secundario. Y en la medida en que todos los cambios salgan de un núcleo de coincidencias básicas habrá que ver si los encargados de declarar la necesidad de la reforma —diputados y senadores— estarían a favor de limitar los mandatos legislativos, algo urgente para la política santafesina, que acumula legisladores casi eternos.
Posiciones y estrategias al margen, la sensibilizada actualidad por la que atraviesa la relación de socialistas y radicales no sólo deja en el freezer la discusión por la reforma, sino que le pone pimienta a toda la política santafesina.
Una decisión de 3 pasos
Una reforma constitucional necesita del cumplimiento de tres pasos obligatorios: el envío del proyecto a la Legislatura, la aprobación de la necesidad de la reforma por cada Cámara con el 2/3 de los votos y la elección de convencionales constituyentes. A diferencia de los ultimos años, el Frente Progresista tiene mayoría en Diputados (28 diputados) pero diferencias de opinión. En el PJ tampoco hay unanimidad respecto de ir hacia la reforma.