Política
Viernes 13 de Octubre de 2017

Gils Carbó, procesada por defraudación a la administración pública

Es en la causa donde se la acusa de irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración. También le trabaron un embargo

La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quedó ayer procesada por fraude al Estado debido a supuestas irregularidades cometidas en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación en el microcentro de la Capital Federal.

El juez federal Julián Ercolini procesó a la Procuradora General por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos, junto a otro cuatro imputados que participaron de la operación, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, es la primera vez que un procurador general de la Nación queda procesado en la Justicia.

Gils Carbó adhirió al kirchnerismo y su accionar la convirtió en blanco del gobierno de Mauricio Macri, que desde que asumió pretende removerla del cargo.

Apenas había sido convocada a indagatoria, la funcionaria salió a dar entrevistas rechazando las sospechas en su contra y minimizando su rol de imputada al subrayar que el propio Macri asumió la jefatura del Ejecutivo procesado en la causa de las escuchas ilegales, en la que luego, apenas fue ungido jefe de Estado, quedó sobreseído por el juez Sebastián Casanello.

En julio pasado, cuando se ordenó la indagatoria de la funcionaria, Macri advirtió que Gils Carbó "no tiene autoridad moral" para seguir en el cargo: "Espero que en algún momento la procuradora se dé cuenta y, si no, que el Congreso saque un informe de la Bicameral y avancemos en un proceso para poder tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias".

Hay otra causa avalada por el gobierno en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal donde debe definirse si el jefe de los fiscales puede ser removido sin juicio político.

El 31 de agosto Gils Carbó fue indagada en la causa que analiza las abultadas comisiones que se pagaron por la compra del edificio de la calle Perón 667, donde hoy se erige la Procuración.

Allí está probado que el funcionario clave que se encargó de la licitación, Guillermo Bellingi, resultó medio hermano de Juan Carlos Thill, quien cobró la mitad de una comisión de 7,7 millones de pesos que se le pagaron a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la operación. Precisamente por eso Bellingi y Thill están imputados junto a Gils Carbó.

Tanto en su indagatoria como ante la prensa, Gils Carbó se despegó de la operación: aseguró que desconocía el vínculo y que no hubo perjuicio para el Estado.

El juez procesó a Gils Carbó como "coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública" y la embargó por 7 millones de pesos.

También a Bellingi por el mismo delito y embargo, mientras consideró partícipes necesarios a Fisher, Thill y Jaureguiberry y los embargó a cada uno por 5 millones de pesos.

Dispuso además la falta de mérito para los otros imputados: Blas Zurita, Osvaldo Leguizamón, Ignacio Costa Urquiza, Pedro Donato Viceconte y Roberto Daniel Martino.

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