Política
Martes 24 de Enero de 2017

Escucha a Cristina Kirchner crea polémica y le abre un nuevo frente judicial

El diálogo es entre la ex presidenta y Parrilli, el año pasado. Hablan de causas "armadas" y fue base para una denuncia fiscal

Una escucha telefónica judicial en la que Cristina Kirchner habla con su ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli de posibles causas judiciales "armadas", aunque luego se rectifica, fue difundida ayer y ya forma parte de una nueva causa contra la ex presidenta por abuso de autoridad.

"Empezá a buscar todas las causas que le armamos (a Antonio Stiuso). No que le armamos, que le denunciamos", señaló en un tramo de la conversación Cristina Kirchner y luego preguntó "¿a quién le armamos carpetazos nosotros?", a lo que Parrilli responde "a nadie" (ver aparte texto completo de la escucha).

Se trata de una conversación telefónica grabada el 11 de julio de 2016 y ambos hablan acerca de una entrevista publicada ese día en el diario La Nación, en la que el ex jefe de Operaciones de la ex Side, Stiuso, afirma que "los Kirchner tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos".

Tras la difusión de las escuchas, Parrilli anunció que llevará el caso a la Justicia: denunció que la divulgación es "ilegal" y que hubo "expresas directivas" del presidente Mauricio Macri para que se realice "espionaje político" sobre la ex mandataria y otros referentes de la oposición.

Además, acusó a la Corte de filtrar el audio a la prensa.

Los diálogos, que sirvieron de base para una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan contra la ex mandataria, surgieron a partir de la interceptación del teléfono celular de Parrilli en la causa a cargo del juez Ariel Lijo por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi en el la causa del Triple Crimen de General Rodríguez.

Watergate autóctono

Parrilli culpó ayer al gobierno de Mauricio Macri de hacer escuchas ilegales en el marco de un "Watergate autóctono" y anunció que iniciará acciones legales a raíz de la difusión. Además, acusó al jefe del PRO de dar "expresas directivas" para que se realice "espionaje político" sobre la ex mandataria y otros referentes de la oposición.

"La escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre la ex presidenta", agregó.

En un comunicado, el ex funcionario sostuvo que "estamos asistiendo a una suerte de Watergate autoctono, con la activa participación de ex agentes de Inteligencia y la complicidad de jueces federales, que utilizan causas judiciales truchas o precausas para justificar intervenciones telefónicas de dirigentes opositores. Estamos frente al verdadero Macri: el que ordenó espiar no sólo a dirigentes opositores en su distrito, sino a su propia famiglia y a familiares de víctimas del atentado a la Amia", apuntó.

Parrilli anunció que accionará judicialmente contra "la Corte Suprema de Justicia en cabeza de su presidente, Ricardo Lorenzetti; el titular de la AFI, Gustavo Arribas, el juez Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan", a quienes hizo responsables por la divulgación de las escuchas, realizadas "directamente y en forma online" por el organismo de Inteligencia.

Según sostuvo, "no sólo están haciendo espionaje ilegal a una ex presidenta" y a otros dirigentes de la oposición, sino que "en su sistema de jueces que pasan las grabaciones a programas periodísticos (con aval del gobierno) les están enviando un mensaje mafioso a la oposición, «avisando» que además pueden decir que la escucha es otra cosa que lo que realmente es".

"Ahora se entiende —dijo luego— por qué modificaron por decreto una ley del Congreso y le entregaron la custodia de las intervenciones telefónicas a la Corte en lugar de lo que había establecido el Parlamento: la Procuración Fiscal".

La Corte negó acusación

La Corte Suprema negó anoche que haya habido "entrega, filtración o divulgación" de las escuchas en cuestión por parte de dependencias que están bajo su competencia.

La aclaración la hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, creada por la Corte Suprema y a cargo de los camaristas federales Javier Leal de Ibarra y Martín Irurzun.

"No ha habido entrega, filtración o divulgación de material alguno por parte de esa dependencia fuera de los reglamentos de actuación y protocolos de cadena de custodia establecidos para garantizar el resguardo de la información", indicó el organismo, en cuyo seno funciona la oficina de Captación de Comunicaciones, con las funciones que fueran transferidas por un decreto a poco de asumir Macri. Originariamente esa tarea era realizada por la Oficina de Observaciones Judiciales (conocida como Ojota) de la ex Side, pero en 2014 Cristina Kirchner la transfirió a la Procuración General, a cargo de Gils Carbó.

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