Federico Elaskar, el procesado ex dueño de la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita", aseguró hoy que su inocencia "está probada", al concurrir a ampliar su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello, en la causa por supuesto lavado de dinero que tiene de principal imputado a Lázaro Báez.
"Mi inocencia está probada", proclamó el ex financista a los periodistas mientras caminaba rumbo al juzgado, en compañía de su abogado defensor José Ubeira.
El magistrado lo convocó de nuevo al juzgado en el llamado a una nueva ronda de indagatorias que alcanza a otros 26 imputados y que culminará con el interrogatorio al empresario kirchnerista de Austral Construcciones SA, detenido desde hace un año en la cárcel federal de Ezeiza.
Elaskar, junto al gestor financiero Leonardo Fariña, fue el primero en asegurar, en 2013, al programa "Periodismo Para Todos", que a través de "La Rosadita" se enviaron al exterior millones de euros de Báez y también estuvo a la cabeza de los procesamientos.
Sin embargo en 2016 pidió su desvinculación de la causa alegando problemas de salud, en concreto que padecería un cuadro de falta de proteínas cerebrales que le provocarían depresión y trastornos mentales.
En esta causa ya declararon los hijos de Báez, de los cuales Leandro, Luciana, Melina apuntaron a que se le consulte a su padre por las cuentas bancarias que aparecieron en Suiza y los mostraría como "beneficiarios finales".
Junto a Báez también están detenidos el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco.
Casanello ordenó la ampliación de las indagatorias luego de que Suiza informó que existen cuentas bancarias por 2,3 millones de dólares y euros en los bancos J. Safra y PKB Privatbank SA.
Según la acusación de la fiscalía, esas cuentas fueron usadas para sacar de la Argentina el dinero que se había recibido a través de la obra pública concedida al emporio Austral Construcciones.
En esta causa también están procesados el dueño de la financiera SGI ("La Rosadita"), César Gustavo Fernández, el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot, y el operador financiero Fabián Rossi.
Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, del delito de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión.
El expediente cobró impulso con la aparición del video de seguridad grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, conocida como "La Rosadita", en donde se veía a varios de los procesados contando millones de billetes de dólares y euros.