El gobierno nacional presentó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la candidatura como comisionado interamericano de derechos humanos al abogado mendocino Carlos Horacio de Casas, cuya única conexión con la cuestión humanitaria fue haber defendido a un militar procesado por secuestros y torturas.
La Cancillería argentina notificó a la Cidh que había elevación la candidatura de De Casas para integrar ese organismo, pero por las caraterísticas de la persona propuesta es más probable que se genere un nuevo debate a que su postulación culmine con éxito.
Ocurre que los candidatos son propuestos por los Estados, una vez electos por el voto de los países que integran la OEA, en la Asamblea General se desempeñan en forma personal como miembros independientes, por lo que en su designación se toman muy en cuenta las características personales.
Las de De Casas no son las más apropiadas para el puesto. Abogado penalista, su curriculum oficial en la página del estudio EDPB, no incluye un solo ítem vinculado con los derechos humanos.
Su vinculación con los derechos humanos fue desde el otro lado del mostrador, como defensor del oficial del Ejército Enrique Gómez Saá. En noviembre de 2013, De Casas consiguió la suspensión del juicio en el que su cliente estaba procesado por la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados de tres personas en la Compañía de Comunicaciones de Montaña Nº8, en 1976.
Para suspender el juicio, De Casas alegó que horas antes de la audiencia Gómez Saa había padecido un repentino estado confusional. Los abogados y familiares de las víctimas denunciaron constantes maniobras dilatorias.
"Perteneció al núcleo duro de la represión en Mendoza, ya que fue el segundo jefe de Inteligencia después de Orlando Dopazo, responsable del proceso represivo en la provincia de Mendoza, el que posibilitó la desaparición, tortura y muerte de centenares de ciudadanos", añadió.
Otro antecedente De Casas es haber recusado al juez del Tribunal Oral Juan González Macías, uno de los pocos que ya en 1987 declaró nulas las leyes de punto final y obediencia debida.
En la recusación objetó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la aplicación de la teoría de Klaus Roxín en los delitos cometidos por el Estado como aparato organizado de poder, la asociación ilícita y las agravantes.