Política
Lunes 27 de Febrero de 2017

"El gobierno de Mauricio Macri podría ser catalogado de ceocracia"

Ana Castellani, socióloga y coordinadora del equipo de la Universidad Nacional de San Martín que desde 2012 se dedica a estudiar la interacción de las elites económicas, técnicas y políticas en la Argentina actual.

Si tuviera plena vigencia la ley de ética pública —flexibilizada en 2001 y que planteaba un "período de enfriamiento" de un año para saltar del sector público al privado y viceversa— uno de cada tres funcionarios del gabinete de Mauricio Macri no habría podido asumir. Así lo remarcó la socióloga Ana Castellani, coordinadora de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) que radiografió al llamado "mejor equipo de los últimos cincuenta años" y descubrió que por primera vez en la historia del país los gerentes de empresas privadas desbordaron el área económica y colonizaron casi todos los ministerios.

El Observatorio de las Elites Argentinas relevó que de 364 funcionarios que asumieron en diciembre de 2015, 114 (el 31,3 por ciento) ocuparon alguna vez un puesto de alta o media/alta gerencia en diversas empresas. El 65 por ciento de los Ceos se ubica en la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Interior, Producción, Energía, Agroindustria, Hacienda y Finanzas, Modernización, el Banco Central, y las secretarías de la Presidencia.

En una entrevista con La Capital, Castellani analizó los riesgos de la llamada ceocracia: los conflictos de interés, la concepción peyorativa del Estado y la política instalada en la cúpula empresaria y las dificultades para replicar los modelos organizacionales de las empresas en el sector público.

—El informe destaca que en gobiernos anteriores, sobre todo los de sesgo neoliberal, se registró una presencia importante de gerentes en el gabinete, ¿Cuál es el rasgo distintivo del gobierno de Macri?

—Es un salto cuanti y cualitativo: son muchos más que en ningún momento de la historia argentina. Están ocupando puestos altos. Hay varios que son ministros, también ocupan secretarías y subsecretarías. Tenés un desborde de lo que es estrictamente la gestión económica, donde casi siempre se daban los casos de estos funcionarios.

—¿Les parece pertinente el concepto de ceocracia, que acuñaron sectores críticos al gobierno?

—El concepto prácticamente no existe en la literatura académica. Es un término periodístico. En la literatura académica se habla de circulación público-privada, de puerta giratoria. Así como en su momento se hablaba de la tecnocracia cuando se valoraba el supuesto saber experto por sobre la identidad política o partidaria, si uno lo llevara a un equivalente que tantos directivos de empresas ocupen puestos prominentes en el gobierno, sí podría ser una ceocracia.

—¿Cuáles son los riesgos y los conflictos del reclutamiento de Ceos y representantes de corporaciones empresarias?

—Hay tres grandes problemas. El primero y fundamental es el de los conflictos de interés. El estado es clave a la hora de regular actividades económicas en general, y en algunos sectores mucho más todavía: incide sobre las formas de acumulación del capital en todos los países. Otro tipo de riesgo derivado de estas situaciones es la captura de la decisión estatal. Al haber construido una carrera laboral casi exclusivamente en un determinado sector —como el de la energía, por ejemplo— las demandas sectoriales quedan incorporadas y trasladadas dentro de la estructura del Estado y se transforman en políticas públicas. Quienes defienden esto como una vinculación efectiva omiten que la diferencia fundamental entre el Estado, como productor de bienes públicos mirando el interés general, y las empresas, como productoras de bienes sectoriales y de defensa de intereses sectoriales. El segundo problema tiene que ver con la concepción de la política y el Estado: en el empresariado argentino está muy arraigada la noción del Estado como interventor, confiscador, obturador de la posibilidad de expansión de las empresas, y de la política como una práctica corrupta, demagógica, espuria. Cuando el Estado queda a cargo que quienes piensan eso, o hay una lógica excesivamente refundacional —con todos los riesgos que eso implica— o realmente no pueden gestionarlo. El tercer riesgo es más organizacional: se trasladan al seno del Estado las líneas más importantes del management empresario: dividís, armás muchas gerencias y las articulás con áreas, creás instancias de coordinación de las distintas subgerencias. Esto ya se hizo y está demostrado que no funciona; incluso ya lo ha dicho el Banco Mundial, no el kirchnerismo. Esos criterios propios del management después te complican mucho la efectividad de la acción estatal: dividen mucho la decisión y la gestión. Sobre todo la económica, que está claro que está muy descoordinada. El diseño organizacional le quita coherencia y efectividad a la acción pública. Un tercio de los funcionarios son ceos, personas que no tienen trayectoria política y es muy difícil cohesionar eso en términos de lealtades.

—¿Encuentran alguna ventaja en la incorporación de gerentes, o todas las consecuencias son negativas?

—Esto no es una cuestión de juicio de valor sobre las personas. Aunque a ninguna de ellas se le compruebe jamás un acto moralmente cuestionable o legalmente delictivo —cosa que no va a pasar, porque pasa en todos los gobiernos— es grave por los resultados de la orientación de las políticas públicas. No es casual que el poder adquisitivo de los salarios haya caído diez puntos en un año, que la distribución del ingreso haya sido proclive hacia los sectores más altos y que los objetivos de muchas áreas de gestión económica sean reponer la rentabilidad de las empresas. Ese es el camino, están convencidos de que eso es así.

—¿Existen antecedentes en otros países de un gabinete tan colonizado por Ceos y representantes corporativos?

—Con estas características, siempre las tuviste en Colombia, Perú, Chile, especialmente en el gobierno de Piñera. En estos tres países la configuración social es distinta: hay una convergencia mayor entre elite económica, política y social, un conjunto de grandes familias que tienen unos apellidos más o menos acotados, algunos de esos miembros están en la elite política, otros en la económica. Hay una unidad de elite mayor que en Argentina, donde la elite política y la económica están muy imbricadas, pero tiene límites más precisos en términos sociales. La elite política argentina comparada con otras elites de Latinoamérica es mucho más plebeya, entre comillas.

—¿Cree que la legislación argentina es demasiado laxa para prevenir situaciones de "puerta giratoria"?

—Es nula. Cuando se sanciona la ley de ética pública en 1999 se estableció un "período de enfriamiento" de un año para la circulación de altos puestos del sector privado al público y viceversa. Si hubiera estado vigente esa ley Aranguren y medio gabinete, 84 funcionarios, no hubieran podido asumir. En 2001 se sacó esa restricción cuando Cavallo tuvo los llamados "superpoderes" con la excusa de incorporar a los mejores.

—Todo gabinete refleja de alguna manera sus apoyos sociales y políticos. Teniendo en cuenta el empresariado argentino, ¿Cree que el gobierno contiene al conjunto de la cúpula empresaria o representa sólo a algunas de sus fracciones?

—Estamos analizando para un segundo informe las redes que hay en términos de sectores económicos y de empresas. La tendencia es clara: los sectores que están más representados son el bancario-financiero, el energético y el de servicios profesionales, y mucho menos la industria, aunque hay empresas que tienen varios funcionarios, como Techint. En términos de la representación política del empresariado —que no es lo mismo que la sectorial— la Asociación Empresaria Argentina (AEA) ha colocado muchos de los Ceos funcionarios. Además, el Ministerio de Agroindustria está lleno de gente de la producción agropecuaria y de empresas vinculadas al sector agropecuario.

—El economista Eduardo Basualdo planteó el año pasado que los grupos económicos locales tradicionales no están representados en el gobierno de Cambiemos y encuentran su expresión política en el Frente Renovador.

—El empresariado pyme obviamente no está, y el empresariado más grande nacional —que tuvo tal vez mejor relación con los gobiernos anteriores— también está bastante subrepresentado. Hay más perfil de trasnacional y sector bancario-financiero, agro y primario.

—Con esta representación empresarial, ¿está puesta en juego la autonomía del Estado, incluso una autonomía relativa como es la del Estado capitalista?

—Completamente. El Estado tiene que garantizar la representación de todo el conjunto social. Está muy desbalanceada la relación capital-trabajo, pero también al interior del capital entre un tipo de capitales y otros que quedan más relegados. Pero es importante tener presente que no se ve hasta ahora un fuerte compromiso de estos mismos capitalistas que han cedido sus Ceos en decisiones concretas de grandes inversiones, que no se toman por cuan simpático es un gobierno sino por las posibilidades de rentabilidad, que todavía no las están encontrando.


Comentarios