Las autoridades del bloque del Frente para la Victoria (FpV) en el Parlasur apartaron ayer al ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López y pedirán hoy —en reunión plenaria— su expulsión del cuerpo legislativo regional, como consecuencia del grave hecho de corrupción por el que está detenido. En tanto, los médicos de la cárcel de Ezeiza definirán hoy si el otrora funcionario está en condiciones de ser indagado en la fiscalía de General Rodríguez por tenencia ilegal de arma de fuego.
Las sanciones al ex secretario fueron confirmadas por el parlamentario santafesino Agustín Rossi, quien dijo que "un hecho como el que protagonizó López no admite otra consideración" que la decisión adoptada por el bloque en una reunión realizada en Montevideo (Uruguay).
A su vez, el parlamentario del FpV por Corrientes, Alejandro Karlen, indicó que el ex funcionario kirchnerista "es pasible de la aplicación de los artículos 29 y 30 del reglamento del Parlamento del Mercosur, a través de los cuales se lo puede remover por falta de decoro".
Según Karlen, "el artículo 30 señala que el plenario, por mayoría especial, podrá amonestar a cualquier parlamentario, o excluirlo de su seno, por falta de decoro en el ejercicio de sus funciones".
Rossi, en tanto, precisó que para que el Parlasur excluya de sus bancas a López se requieren dos tercios de votos favorables.
En espera. En tanto, la abogada del ex secretario, Fernanda Herrera, indicó que la declaración indagatoria de López "dependerá de los informes médicos", cuyos resultados se darán a conocer hoy.
"A López lo encontré bien, medicado, tranquilo, como más estable", aseveró la letrada al describir el encuentro que mantuvo el domingo pasado, durante unas tres horas, con su defendido en el penal de Ezeiza.
López se encuentra detenido en el Prisma, un sector destinado a la atención psiquiátrica y de adicciones del Hospital Penitenciario Central, adonde hay otros 60 reclusos.
El ex funcionario ya fue indagado la semana pasada por supuesto enriquecimiento ilícito en el juzgado de Daniel Rafecas, ante quien se negó a declarar en los Tribunales del barrio porteño de Retiro, y ahora el magistrado se tomará diez días hábiles para resolver su situación procesal.
En tanto, fue trasladado al hospital de Ezeiza, donde quedó a disposición conjunta de su juzgado y de su par de Garantías de Moreno.
Rafecas ya recibió copias de todas las actuaciones labradas desde que López fue sorprendido arrojando bolsos con casi 9 millones de dólares dentro de un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez, hace una semana.
Ahora debe ser indagado por la fiscal de General Rodríguez, Alejandra Rodríguez, por el arma que le secuestraron durante la detención: un fusil semiautomático Sigsauer —calibre 22— con habilitación vencida.
"Si está en condiciones de declarar y los exámenes así lo demuestran, mañana (por hoy) sería trasladado. De lo contrario, el trámite será suspendido. Todo depende del resultado y el dictamen de los estudios", explicó la letrada.
Asimismo, precisó que la indagatoria será por "la portación de un arma de uso civil, atenuada, que es la calificación".
Herrera también contó que aceptó la defensa del ex funcionario porque es su trabajo y, además, porque el estudio que comparte con otros tres abogados penalistas "ha llevado adelante muchos casos mediáticos".
En ese marco, la abogada indicó que hace "muy poco" se incorporó a ese estudio de abogados, ya que antes se dedicaba a su escribanía en la localidad bonaerense de Carlos Casares.
Más sacudones para el PJ en el Congreso
La detención de José López aceleró la reorganización peronista en virtud de la intención de un sector del PJ de romper lanzas con el Frente para la Victoria (FpV), por lo que, más allá de la escisión de los diputados de Misiones, no se descartan nuevas fracturas en el Congreso. Incluso, se analiza reformar el nombre del bloque de diputados del FpV y volver a las fuentes de la sigla PJ. Una instancia que podría alcanzar la presentación electoral para 2017.