La Cámara Federal de Casación Penal ordenó ayer reabrir la investigación impulsada por el fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la Amia, que en 1994 mató a 85 personas.
El máximo tribunal penal del país admitió como querellante a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) y aceptó su pedido para que la denuncia del fallecido fiscal Nisman, cerrada en dos oportunidades por el juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal porteña, comience a investigarse.
De hecho, el tribunal removió del expediente a Rafecas y a los jueces de la Cámara, y hoy se designará por sorteo a otro magistrado para que intervenga.
El fallo no avala la denuncia de Nisman sobre la existencia del delito, sino que establece que aquella hipótesis presentada por el representante del Ministerio Público el 14 de enero de 2015 —cuatro días antes de su muerte— debe ser investigada para determinar si se cometió o no.
La resolución de Casación, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana María Figueroa (esta última con disidencias) parece encaminada a una nueva revisión, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia.
Entre los acusados por Nisman también están los dirigentes Luis D'Elía (partido Miles) y Fernando Esteche (Quebracho), el diputado nacional Andrés Cuervo Larroque, el ex juez y ex fiscal Héctor Yrimia y Jorge Yussuf Khalil, supuesto nexo con Irán, a quien el fiscal les adjudicó roles diversos para colaborar con el supuesto encubrimiento.
Para justificar la reapertura de la denuncia, los camaristas consideraron que "ha existido en las resoluciones (que rechazaron la presentación de Nisman) parcialidad en la valoración de la prueba a favor de descartar cualquier intento de probar la hipótesis acusatoria, mientras que se admitió sin cuestionamientos la aportada en beneficio de la atipicidad de la conducta".
"No corresponde aún en esta etapa del proceso pretender asignar a los hechos una determinada calificación legal. Las calificaciones legales durante un proceso penal son esencialmente modificables. En el caso de autos, se pretendió exigirle a una denuncia más de lo que debe contener", evaluaron los jueces.
En ese punto, aclararon que "una denuncia, al ser uno de los actos que puede dar inicio al proceso penal, no debe necesariamente estar acompañada de toda la prueba que le permita al magistrado obviar la investigación".
En cuanto al rol de la Daia en el expediente, los jueces admitieron "su derecho a constituirse en parte querellante, pues cierto es que conductas como las aquí denunciadas podrían afectar, especialmente, a la comunidad o grupo social que representa", en este caso la judía.
En ese punto, el tribunal valoró una grabación de un diálogo entre el ex presidente de la Daia Guillermo Borger y el ex canciller Timerman. En ese diálogo, el ex canciller reconoce que los iraníes son los principales acusados por el atentado contra la Amia y justifica en ese contexto la firma del memorándum de entendimiento con Irán, que para Nisman era el elemento clave del encubrimiento.
Memorándum
Ese memorándum, supuestamente tendiente a esclarecer el ataque mediante una presunta colaboración bilateral entre Argentina e Irán, fue aprobado en tiempo récord por el Congreso con mayoría kirchnerista pero luego declarado inconstitucional por la Justicia.
Del lado de Irán solamente mereció un reconocimiento burocrático, sin pasar por el Parlamento de ese país, de parte del régimen del ex líder persa Mahmud Ahmadineyad.
"Resulta prematura la afirmación del magistrado instructor (Rafecas) consistente en que es «inusitadamente grave» que el fiscal federal Nisman denuncie a las máximas autoridades gubernamentales de la República Argentina por considerar que se encuentra frente a la comisión de un delito", evaluaron los camaristas.
Cuatro días después de hacer su denuncia, Nisman fue hallado muerto con un balazo en la cabeza en el departamento que alquilaba en la torre Le Parc de Puerto Madero.
Aún no se sabe si fue un suicidio o un asesinato. El fiscal especial de la UFI Amia fue encontrado sin vida un día antes de ir al Congreso a explicar en detalle la denuncia contra Cristina y el resto de los acusados.