Policiales
Viernes 03 de Febrero de 2017

Quedó preso en Piñero un abogado penalista acusado de ser partícipe de asesinato

El fiscal dice que cambió la fecha de una medida judicial para posibilitar el ataque a la testigo de un crimen. Y la hermana de esa testigo fue asesinada.

Un abogado penalista rosarino quedó detenido acusado de ser partícipe del homicidio calificado de una joven que murió el 21 de enero pasado tras permanecer 45 días internada por heridas ocasionadas con arma de fuego. Al ser avisado del requerimiento el letrado se presentó en forma espontánea en la Fiscalía de Homicidios Dolosos. Ayer a la tarde fue alojado en la cárcel de Piñero por decisión del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Esta tarde será acusado en una audiencia imputativa en Tribunales.

El acusado es Marcos Cella, un abogado conocido en el campo tribunalicio y de prensa por haber participado de causas resonantes. Entre otros casos fue defensor del acusado de cometer el atentado a balazos a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti. También representó a distintos familiares del asesinado líder de la barra de Newell's Roberto Pimpi Caminos.

Cella será imputado como partícipe secundario del asesinato de una joven que, según la tesis acusatoria, fue muerta a balazos antes de una medida relevante en Tribunales. Esta joven se llamaba Lorena Ojeda y tenía 16 años. La hermana de la muchacha, Brisa Ojeda, había sido testigo del homicidio a balazos de su pareja, Jonathan Rosales, que caminaba con ella el 23 de junio pasado en Padre Giaccone al 1400, en zona sur. Brisa debía presentarse por eso a una rueda de reconocimiento donde estaría el detenido por ese hecho. Pero hubo una confusión: quisieron eliminar a la testigo y erraron al ejecutar a la hermana, Lorena, que es fisonómicamente muy similar a Brisa.

El ataque se concretó el 16 de diciembre pasado. Lorena fue hospitalizada hasta su muerte ocurrida hace 13 días, el 21 de enero pasado, en el Heca.

A Cella se lo considera implicado en la trama que condujo a que la mujer perdiera la vida. El fiscal Luis Schiappa Pietra aduce tener evidencia contundente al respecto. El nombre central de esta madeja es Ariel Rubén Segovia, alias Tubi, quien está preso y es representado por Cella.

Según fuentes de la causa, en una secuencia de escuchas telefónicas hay un diálogo en el que Segovia le pide a Cella que gestione la postergación de la rueda de reconocimiento en la que Brisa Ojeda debía identificar al detenido por el homicidio de su pareja Jonathan Rosales que es el mismo Segovia. De acuerdo a la imputación Cella tramitó ese cambio de fecha. En el medio ejecutaron a Lorena Ojeda.

Las escuchas

El fiscal se mueve con dos fuertes convicciones: que la pretensión de la postergación era frustrar el reconocimiento matando a la testigo y que además confundieron a ésta con su hermana, que pagó con su vida ese error de los agresores.

¿Por qué queda comprometido Cella? Porque el ataque mortal se concretó tras la postergación de la audiencia que el mismo abogado gestionó. Y además esto ocurrió, asegura el fiscal, a sabiendas de que esa dilación no tenía otro motivo que concretar un ataque, que le costó la vida a Lorena.

La escucha telefónica que compromete a Cella es del 15 de diciembre. El ataque mortal se concretó al día siguiente. La que iba a ser testigo en el reconocimiento contaba con custodia de protección a pedido del Ministerio Público de la Acusación por su situación de peligro objetivo. Pero obviamente no su hermana, que fue el blanco equivocado.

A Cella le endilgarán ser partícipe secundario de homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego, por la participación de más de tres personas y por criminis causa, es decir, para conseguir la impunidad en un delito previo, el asesinato de Rosales.

La expectativa de pena de la figura penal que se le impondrá al abogado oscila entre 10 y 15 años de prisión.

Gabriel Navas, abogado de Cella, dijo anoche a este diario desconocer la evidencia de la fiscalía en contra de su defendido. "Entiendo que hay escuchas pero no he tenido acceso a ellas ni tampoco al legajo del caso. No puedo por tanto hacer un juicio de valor. Supongo que para avanzar contra un profesional la acusación tendrá elementos fuertes.

Mañana en la audiencia (por hoy) se harán los planteos pertinentes. Es un tema que nos tiene mal. Yo estoy hablando de un colega y un amigo. Vamos a ver qué dicen que hizo y con qué sostienen lo que dicen que hizo".

Tres fiscales

   En la audiencia de esta tarde habrá tres fiscales acusando porque hay un encadenamiento de hechos delictivos en análisis. Los fiscales son Luis Schiappa Pietra, Ademar Bianchini y Florentino Malaponte.

   En el mismo incidente por el cual se acusará a Cella se le va a imputar a Tubi Segovia la autoría intelectual del homicidio de Lorena Ojeda que tiene expectativa de pena de prisión perpetua. Además se va a imputar por este hecho a Fernando Andrés Andy Caminos, sobrino de Pimpi Caminos, hijo de Alberto Tato Caminos. El mismo Andy Caminos fue imputado el miércoles de la semana pasada por otro asesinato: el de Carlos Pelín Juárez, de 37 años, asesinado de dos disparos en la cabeza el 25 de diciembre en Grandoli y Lamadrid.

   La muerte de Jonathan Rosales se inscribe en la sangrienta escalada de ataques ligados a la barra brava de Newell's. Pero los investigadores del caso dicen que este hecho abrirá las puertas a novedades inesperadas.

   En el caso trabajaron el área de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio de Seguridad y las fiscalías de NN y Homicidios del MPA. La decisión directa de Pullaro de transferir a una cárcel común a Cella fue decidida como deliberado mensaje de lo que, dijo el funcionario ayer en un comunicado, para su cartera pretende ser la marca de un límite.

La condición del autor

   La percepción del sacudón que tendría la directiva de ordenar la captura de un defensor particular conocido del foro local llevó a que el MPA blindara la medida con varios contactos. Sobre lo que ocurriría se le dio aviso al Colegio de Abogados de la segunda circunscripción. El fiscal regional Jorge Baclini señaló que si se avanzó hasta este punto con el caso es porque los fiscales creen tener evidencia consistente de un delito y no por quién está involucrado. "La sociedad espera la aplicación de la ley de una manera ecuánime. En ningún caso se trabaja discriminando por la condición profesional u otra característica del autor presunto. Lo que anima el accionar es la existencia de delito fundado en prueba razonable. Esto es únicamente lo que impulsa la acusación", dijo ayer a este diario.

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