Un caso de desaparición forzada
Viernes 22 de Julio de 2016

La familia de Pichón Escobar denunció hostigamiento e intimidaciones

Sus integrantes afirmaron que reciben llamados telefónicos amenazantes y abrieron una línea hacia la barra de Newell's

La familia de Gerardo "Pichón" Escobar, el joven de 23 años hallado muerto una semana después de ser agredido a golpes a la salida de un boliche céntrico hace casi un año, volvió a denunciar hostigamiento e intimidaciones a través de llamadas telefónicas anónimas. "Desde el día 4 de julio mi pareja recibe llamados a su celular de parte de números privados y cuando atiende nadie le contesta. La particularidad es que siempre lo llaman cuando yo vuelvo a mi casa, sea la hora que sea, lo que da a entender que de alguna manera conocen mis movimientos", dijo ayer Luciana Escobar en una conferencia de prensa convocada por la Defensoría Pública de la provincia.

Los llamados son similares a otros recibidos en noviembre pasado por la pareja de uno de los abogados querellantes en la causa, Salvador Vera, lo que denota una modalidad similar. "Estos llamados ocurren en momentos en que la causa está por avanzar, como es ahora que los cinco detenidos están por ser citados a indagatoria por el delito de desaparición forzada de persona, un delito más grave que la imputación que afrontaban hasta ahora", explicó el abogado, y agregó que ayer se realizó una presentación ante la Fiscalía Federal Nº 3 para que se investiguen estas amenazas.

En ese marco el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, manifestó su preocupación por la posible relación entre estas intimidaciones y los vínculos entre al menos uno de los imputados con miembros de la barra brava de Newell's Old Boys y la policía santafesina. "Esto no lo hace cualquiera. Y ya tuvimos antecedentes de aprietes como la aparición pública en una audiencia en Tribunales del barra conocido como «Loco Demente» (por Pedro Bismark) en noviembre pasado y llamados del barra Matías Pera a la familia de Escobar en un intento por desvincular del caso a (el patovica José Luis) Carlino", sostuvo Ganón, al tiempo que reclamó al gobierno provincial que intervenga para garantizar la seguridad de la familia Escobar "porque eso le corresponde más allá de que la causa esté en el fuero federal".

Reseña trágica. Pichón Escobar fue hallado flotando en el río Paraná el 21 de agosto de 2015. Había sido visto por última vez una semana antes en la puerta del boliche after La Tienda, ubicado en Tucumán al 1100, a metros de donde fue violentamente golpeado según lo muestran registros de cámaras de seguridad de la zona. Por el hecho los fiscales de Homicidios Marisol Fabbro y Rafael Coria imputaron a cinco personas: un patovica como autor material de l abrutal golpiza y otros dos por encubrimiento, acusación que también alcanzó a dos policías que esa noche hacían adicionales en el bar.

Cambio de fuero. Sin embargo, a medida que pasaban los días y la pesquisa no avanzaba o sumaba testimonios confusos e irreales, la querella que representa a la familia Escobar solicitó que el caso sea investigado por la Justicia Federal como desaparición forzada de persona a raíz de datos y presunciones sobre la participación de personal policial en el hecho EM_DASHse sospecha que Pichón fue llevado a la comisaría 3ª antes de desaparecerEM_DASH y su posterior encubrimiento.

Pero cuando la Justicia provincial giró el expediente a su par federal, luego de las idas y vueltas que caracterizan la investigación desde sus inicios, el juez Marcelo Bailaque se declaró incompetente por considerar que no había elementos para encuadrar el caso bajo la figura requerida. Esa resolución fue apelada y el pasado 8 de julio la Sala B de la Cámara Federal de Rosario integrada por Guillermo Toledo, Elida Vidal y Edgardo Bello admitió el caso como desaparición forzada de persona y con eso dio por sentado la participación del Estado (a través de la policía) en el crimen de Pichón.

En ese marco, una semana atrás el fiscal federal Federico Reynares Solari requirió indagar a los cinco detenidos, medida fundamental para el avance de la causa que aún no tiene fecha. En esa oportunidad los abogados querellantes indicaron que las indagatorias permitirán definir la situación de los cinco detenidos y si seguirán con prisión preventiva, además de activar medidas como ruedas de reconocimiento y allanamientos así como líneas de investigación pendientes como pericias al celular de Escobar realizadas en el FBI cuyos resultados no se conocen y a dos cámaras de vigilancia con imágenes borrosas que podrían determinar qué vehículo levantó a Pichón es noche.

Pedidos. "Hoy (por ayer) pedimos en la Fiscalía Nº 3 que se abra una investigación por el hostigamiento telefónico teniendo en cuenta que no es la primera vez que pasa. Hubo hostigamientos al momento del hallazgo del cuerpo de Gerardo, señalamos gravísimas irregularidades en torno a algunos elementos de prueba y la manipulación del teléfono de Pichón", dijo ayer Vera.

El abogado recordó amenazas sufridas en otras instancias, como en noviembre pasado. "En una audiencia en la que se discutía la prisión del imputado Carlino, y en presencia de todas las partes y el juez, hubo amenazas de parte de un reconocido activista de la barra de Newell's (en alusión a Bismark). En ese momento mi pareja empezó a recibir llamados telefónicos con la misma metodología con la que llaman a la pareja de Luciana".

En ese marco Vera reclamó la intervención de las autoridades de la provincia para "resguardar la integridad física de las víctimas, querellantes y miembros de organizaciones que acompañan este proceso" porque esta causa "implica una flagrante violación a los derechos humanos. Por eso esperamos que el gobierno convoque a la familia de Escobar a una reunión para generar un marco de seguridad".

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