Policiales
Sábado 09 de Septiembre de 2017

La defensa de policías acusados por un doble crimen denuncia estigmatización

Lo planteó la abogada de 15 de los 18 implicados en las muertes de Emanuel Medina y David Campos, asesinados el 23 de junio tras una persecución

La defensa de 15 de los 18 policías acusados el jueves de encubrir el doble homicidio de David Campos y Emanuel Medina planteó ayer que "se violentó la cadena de custodia" del revólver calibre 32 largo atribuido por la fuerza a una de las víctimas, que contaba en el tambor con dos balas percutadas pero que habían sido disparadas por otra arma. Con ese argumento intenta despegar a los acusados de las maniobras de adulteración de la escena que advirtió el fiscal Adrián Spelta al imputarlos, quien indicó que habían plantado esa evidencia para simular un enfrentamiento. Los efectivos anunciaron que apelarán la resolución del juez Carlos Leiva que dejó en prisión preventiva por 60 días a la mayoría de ellos.

El anuncio fue realizado ayer por Evelyn Andriozzi, vocera del estudio jurídico a cargo de Yaneri Agusti, que representa a 15 efectivos del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica. En ese marco, allegados a los policías acusados anunciaron que el martes a las 9 de la mañana se concentrarán en Pellegrini y Moreno para reclamar "la liberación de todos los policías", movida para la cual convocaron a toda la "familia policial" a fin de que acuda y difunda el mensaje.

"Notamos que hay una estigmatización hacia la policía, son personas como todos nosotros. No por su función tienen que ser tratados diferente ante la ley. Se ha dicho que ellos adulteraron la escena, lo cual no se encuentra comprobado. A nuestro criterio, respecto a las vainas servidas, está mal hecha la cadena de custodia", dijo Andriozzi.

Del otro lado

En contraste, la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario se manifestó a favor de la resolución de Leiva, para quien no hubo un enfrentamiento entre policías y las víctimas sino un doble homicidio que "no se justifica por la legítima defensa".

"Desde el comienzo denunciamos que lo ocurrido fue un fusilamiento y desmentimos la versión policial en torno a la existencia de un enfrentamiento. Esa hipótesis policial empieza a ser contrarrestada, ahora también, con los avances realizados en la investigación", dijeron sus integrantes.

Por su parte Patricia Guzmán, defensora del policía que iba como chofer de Alejandro Rubén B., el agente del Comando acusado en primer momento por las muertes, cuestionó que en la audiencia "solamente se tuvo en cuenta el criterio de la Fiscalía", anunció que estudia con cautela la posibilidad de apelar y pidió "que no se politice" la causa.

En la audiencia celebrada el jueves a la tarde sólo Alejandro Rubén B. fue acusado como autor del doble homicidio agravado por su función o cargo, lo que prevé prisión perpetua. Al resto de los implicados los acusaron de encubrimiento doblemente agravado, con hasta 12 años de cárcel y quedaron en prisión preventiva, aunque depende del resultado de ciertas pericias que espera el fiscal que otros dos uniformados también sean acusados por los homicidios: Marcelo Alejandro E. y Leonel Emiliano M. Sólo las cinco mujeres que participaron del hecho cumplen la medida en su casa.

El fiscal Spelta aseguró que se secuestraron 9 vainas de policías pero se dispararon muchas más. Siete de esas balas salieron del arma de Alejandro B. Resta el resultado de una pericia para saber si las dos restantes fueron disparadas por Marcelo Adolfo E. o Leonel Emiliano M.

En ese punto, desde la Multisectorial anunciaron que insistirán "hasta que se identifique a los otros tiradores" y pidieron que el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el gobernador Miguel Lifschitz "se retracten públicamente de sus declaraciones, en las que avalaron la versión policial de lo sucedido y brindaron su confianza y apoyo a los agentes involucrados". También pidieron que los funcionarios reciban a los familiares de las víctimas.

Cacería

El doble homicidio ocurrió el viernes 23 de junio pasado a las 11 de la mañana. El Volkswagen Up en el que viajaban las víctimas habría evadido un control vehicular en la zona de Grandoli y Lamadrid y fue perseguido por el sur rosarino y Villa Gobernador Gálvez hasta llegar a Callao al 5700. Allí una camioneta policial lo chocó de atrás y lo hizo estrellar contra un árbol. Entonces el vehículo fue rodeado por los policías que, según testigos, dispararon sin piedad. Medina, de 32 años, recibió al menos nueve tiros, y Campos, de 28, otros cinco.

El fiscal presentó el caso en un power point, brindó datos de los GPS de los móviles y motos y transmitió imágenes que ayer fueron difundidas por páginas webs. En el video, a un efectivo que llega a un costado. Cuando la PDI y el Fiscal llegaron al lugar los agentes de la PAT y el Comando quedaron relegados.

Un minuto y medio después de la balacera se le escucha decir "lo quemaron, boludo" y "eran dos y uno venía hablando por teléfono". Spelta también mencionó el hallazgo de balas percutadas por otra arma dentro del revólver 32 largo. La policía también reportó el secuestro de un revólver 38.

La réplica

Para el fiscal, esa maniobra fue parte de la adulteración de la escena por la cual se intentó justificar las muertes como resultado de un enfrentamiento y ocultar que se trató de "un fusilamiento".

   "Se habla de una adulteración, pero lo que notamos es que no se respetó la cadena de custodia. No atacamos a ningún personal de la recolección. Lo que sí decimos es que no se respetaron los protocolos de levantamiento. En la filmación del lugar del hecho que nos otorgó la Fiscalía solamente se levantan las pistolas. Nunca se abre el tambor y nunca se ven las famosas vainas de las que estamos hablando", contestó ayer Andriozzi respecto de las balas cambiadas.

   Sobre ese punto, añadió que "solamente hay un acta de levantamiento de la PDI en la cual se dice que se recogieron dos pistolas, una 38 en cercanías del cuerpo del fallecido Medina y un 32 largo en cercanías del cuerpo del fallecido Campos. Del 32 largo que se encuentra cuestionado, nunca se dijo cuáles eran las vainas. No hay vistas fotográficas de esas vainas y no se demostró que estaban dentro".

   Para la defensa, la cadena de custodia no se respetó porque ese material "fue remitido a la PDI y a los cinco días fue llevado a la Policía Federal para la realización de la pericia. Tampoco hay fotos de los proyectiles".

   Otro punto que cuestionó la vocera del estudio fue la ubicación de los móviles según el GPS. Dijo que es un material dudoso porque esa mañana los GPS no funcionaban. Y sostuvo que la pericia de un vidrio izquierdo del auto no pudo determinar si los disparos eran de entrada o salida.

   En otro planteo que constará en la apelación, se refirió al resultado positivo del dermotest de David. "El bario sólo puede ser encontrado cuando la aguja percutora del revólver golpea e impacta con el fulminante. El barrido electrónico sólo puede haber salido positivo gracias a una percusión. Eso no puede ser plantado", insistió, en refuerzo de la teoría del enfrentamiento. Algo que descarta de plano la Multisectorial: "De ninguna manera el resultado de dicha pericia por sí sola podía aseverar que David disparó un arma de fuego ese día. Otras pericias demuestran lo contrario".

Ya son tres los policías presos por cohecho en Santa Fe

El subjefe del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, Maximiliano Nieva, fue detenido en el marco de una investigación por cohecho, episodio por el cual ya están presos el jefe y el subjefe de la seccional 2ª deSanta Fe.

La investigación comenzó en mayo cuando fue incautado un auto con pedido de secuestro y remitido a la seccional 2ª. De la pesquisa participó personal de Asuntos Internos a las órdenes de la fiscal María Laura Martí, quien dispuso que además de Nievas sean detenidos el comisario Marcelo Schyarcinski y el oficial Matías Villarreal, titulares la 2ª.

Los tres uniformados serán imputados por cohecho ya que según las pruebas habrían exigido la entrega de dinero para devolver el auto secuestrado.

Además de las detenciones, la fiscal ordenó el secuestro del libro de guardia de la comisaría, la realización de peritajes caligráficos y escuchas telefónicas.

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