Policiales
Martes 01 de Agosto de 2017

Investigan denuncia de amenaza de muerte de un imputado a un fiscal

La presentación la hizo un abogado y señala que Maximiliano González de Gaetano habría dicho que hizo seguir a Sebastián Narvaja para matarlo

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga hace cuatro semanas una amenaza de muerte de parte de uno de los acusados en la causa conocida como de fraude inmobiliario contra el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Sebastián Narvaja. La pesquisa se inició a partir de una denuncia del propio fiscal. El señalado como autor de la intimidación es el sindicalista Maximiliano González de Gaetano, quien está con prisión preventiva desde hace diez meses, acusado por Narvaja de intervenir en la apropiación de inmuebles de manera fraudulenta. A conocimiento del fiscal llegó que el propio imputado, según la denuncia, anunció que había encargado seguimientos contra el fiscal con la intención de hacerlo matar.

Una denuncia escrita elevada por un abogado particular refiere que el 30 de junio pasado a las 11 de la mañana Narvaja tuvo una conversación en el edificio de Tribunales con una persona que le comentó que había conversado con Maximiliano González de Gaetano. Y que este le habría dicho: "A Narvaja lo voy a matar, lo voy a hacer matar. Ya lo tengo caminado, ya sé a qué hora se mueve y por dónde. Me hizo mucho daño y por eso lo voy a hacer matar".

Por los delitos de fraude inmobiliario, asociación ilícita y lavado de dinero, a fines de junio el fiscal Narvaja había solicitado para Maximiliano González de Gaetano 13 años de prisión y una multa de 73.036.000 de pesos.

"Con la mayor seriedad"

El abogado Hernán Augusto Martínez hizo una denuncia por escrito que fue recibida por el fiscal Nicolás Foppiani de la Unidad de Investigación y Juicio, quien confirmó a este diario que inició una pesquisa con diversas medidas el mismo día de la presentación, cuyos pormenores se mantienen en reserva.

"Tomamos con la más alta seriedad y consideración la denuncia por amenaza hacia un fiscal que proviene, según lo señalado, por un imputado por ese mismo fiscal. Para desestimar una cosa así hay tiempo. Pero desde el momento inicial aplicamos todos los recursos a este caso y hay medidas en curso", dijo Foppiani a LaCapital.

La denuncia de Martínez incluye un apartado con forma de declaración jurada, la que fue reservada en su estudio jurídico. En ese texto archivado figuran los datos concretos de la fuente de información que puso en conocimiento de Narvaja de lo que sucedía. La evidencia está protegida bajo secreto profesional para preservar la identidad de la fuente. Pero en caso de que se llegara a algún tipo de imputación estarán disponibles para la consulta del juez de la causa y eventualmente de la defensa.

"Si bien al fiscal Narvaja le parece que esto puede ser un alarde, lo preocupó por la envergadura del caso que está llevando, que es una investigación muy próxima al juicio en la que diez personas están implicadas por figuras diversas en maniobras como estafas, falsedades y lavado de activos agravados por ser cometidos por una asociación ilícita. Es una causa de gran resonancia pública, con perspectiva de pena para los imputados y con altas multas económicas para ellos, por lo que hay un factor de riesgo considerable", dijo Martínez.

Para el letrado la situación encuadra en un hecho equiparable a atentado a la autoridad. "Consideramos que es una amenaza calificada por la gravedad del destinatario que es una autoridad pública que investiga delitos. Asumimos que es una amenaza por interpósita persona porque, en nuestra interpretación, el ofensor planteó su intimidación de manera categórica, sabiendo que la persona a la que se lo decía tenía contacto con el fiscal Narvaja", indicó.

El investigado

Maximiliano González de Gaetano es titular del Sindicato de Monteros con sede en Necochea pero reside en Pueblo Esther. La última imputación que le hizo Narvaja es por el apoderamiento de cuatro lotes de terreno en Pueblo Esther pertenecientes a María Cristina Lacava, una mujer que desde 2011 reside en Italia.

Con el mayor de esos predios, de 18 hectáreas, los ya acusados Juan Roberto Aymo, el nombrado De Gaetano y Leandro "Lelo" Pérez, acordaron desarrollar un loteo y organizaron un fideicomiso llamado "La Esperanza" para disimular el origen ilícito de ese campo. Para concretar el fraude pusieron como testaferros a sus hijos que también terminaron acusados ahora: son Nicolás Aymo, Magalí González De Gaetano y Juan De la Cruz González De Gaetano.

Este último fue detenido a mitad de mayo en un departamento de San Lorenzo 1067 que es el mismo domicilio comercial de una de las empresas de Luis Medina, empresario vinculado al narcotráfico, asesinado en diciembre de 2013.

Según la acusación Maximiliano González de Gaetano no tiene empleo que le produzca beneficios económicos y no obstante exhibe un suntuoso nivel de vida, pagando seguros de dos Mercedes Benz y un Audi que no están a su nombre, con una vivienda onerosa en Pueblo Esther, caballos de carrera y continuos viajes al exterior.

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