Policiales
Viernes 03 de Marzo de 2017

Funcionario judicial es investigado por favorecer a acusado de lavar dinero

Se trata de Pablo Molina, el secretario penal del juez federal Carlos Soto Dávila, quien investiga la ruta de la marihuana desde Itatí a Rosario.

Uno de los secretarios penales del juez federal correntino Carlos Soto Dávila, quien tiene en su escritorio el expediente sobre la ruta narco entre Itatí y Rosario, fue separado de su cargo en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en un incidente para la restitución de un auto de alta gama que había sido secuestrado por lavado de dinero y narcotráfico.

Se trata de Pablo Molina, titular de la Secretaría Penal 2 del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, quien será indagado hoy por la posible comisión de delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento, en los que también está involucrado un empleado administrativo del juzgado.

Dos causas, un juez

Mientras se defina la situación de Molina, la Cámara de Apelaciones en lo Penal dispuso trasladar al funcionario a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. En esta causa también está bajo sospechas el mismo juez federal Soto Dávila y otras tres personas, según trascendió.

Soto Dávila tiene sobre su escritorio dos investigaciones que repercuten directamente en Rosario y en al menos otras seis provincias argentinas. Una es la que lleva adelante sobre la banda del prófugo Luis Alberto "Gordo" Saucedo, un empleado de la Municipalidad de Itatí acusado de liderar un grupo narco que traía marihuana de Paraguay y la distribuía en distintas provincias. Sus redes llegaban hasta Rosario, donde abastecía a la banda de Los Monos mediante los contactos del rosarino Walter Jure y el correntino Sergio Javier "El patrón" Sánchez.

Y la otra pesquisa que lleva adelnate Soto Dávila está centrada en la figura de Hernán Aquino, hermano del viceintendente de Itatí, Fabio Aquino, que está involucrado en tres casos por tráfico de estupefacientes, el último de ellos registrado el 14 de febrero último sobre la ruta 118, cerca de localidad correntina de Loreto, mientras transportaba 521 kilos de marihuana.

La investigación del expediente que compromete a Molina y Soto Dávila fue tramitado por los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, respectivamente a cargo de la Fiscalía General y la Fiscalía Federal de Corrientes, también impulsores de la pesquisa sobre la ruta de la droga entre Itatí y Rosario.

A las 9 de la mañana de hoy el secretario penal Pablo Molina deberá presentarse ante el juzgado Federal 2, a cargo de Juan Carlos Vallejos, para prestar declaración indagatoria. En primera instancia Vallejos desestimó las acusaciones contra el juez Soto Dávila, medida que fue apelada por los fiscales. Así las cosas será la Cámara Federal de Corrientes la que deberá resolver si el magistrado será imputado por el delito de falsedad ideológica al ser responsable del juzgado en el que supuestamente se falsificó una declaración testimonial. Molina, en ese marco, actúa como la mano derecha del juez correntino.

La acusación

Según la acusación, la declaración de un testigo fue presuntamente falseada en el juzgado de Soto Dávila y Molina para favorecer la devolución de un Mercedes Benz modelo Blue Efficiency C250 incautado en una concesionaria misionera que era investigada en el marco de un expediente por lavado de activos provenientes del narcotráfico. El dueño de la concesionaria RRVip de Posadas está procesado en esa causa.

En ese sentido, el fiscal Ferrini fijó su mirada en el texto de la declaración en cuestión ya que no la presenció, y puso bajo la lupa al testigo oriundo de la localidad misionera de Eldorado.

Al ser investigado, éste desconoció haber estado en Corrientes, haber testificado en esa ciudad y dijo que la firma al pie del documento que se le exhibía no era de él. Ese testimonio fue avalado y sellado por el juez Soto Dávila y el secretario Molina.

La hipótesis de la Fiscalía es que "los imputados debieron relacionarse para llevar a cabo el plan denunciado, lo que denota una connivencia explícita al menos entre los funcionarios judiciales y el imputado (de la agencia de autos de Posadas), quien sería en definitiva el beneficiario del recupero del rodado", se explicó en la edición del diario Norte de Corrientes.

El secretario judicial

habría firmado la

devolución de un auto comprado supuestamente con dinero narco

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