Policiales
Martes 27 de Diciembre de 2016

El récord en 2004: hubo 1.200 en seccionales

En noviembre de 2007 la Cámara Penal de Rosario había ordenado "en forma urgente" iniciar los traslados de 200 presos que estaban alojados en penales de las comisarías de Rosario. La medida de los entonces jueces Ernesto Pangia, Alberto Bernardini y Eduardo Sorrentino reconocía a nivel judicial la situación ilegal en la que el Estado santafesino mantenía a los detenidos en los penales policiales. Pero la ocasión generó fuerte polémica. Se produjo a 17 días de la asunción de Hermes Binner aunque la denuncia había sido presentada tres años antes, durante la gestión de Jorge Obeid.

En noviembre de 2007 la Cámara Penal de Rosario había ordenado "en forma urgente" iniciar los traslados de 200 presos que estaban alojados en penales de las comisarías de Rosario. La medida de los entonces jueces Ernesto Pangia, Alberto Bernardini y Eduardo Sorrentino reconocía a nivel judicial la situación ilegal en la que el Estado santafesino mantenía a los detenidos en los penales policiales. Pero la ocasión generó fuerte polémica. Se produjo a 17 días de la asunción de Hermes Binner aunque la denuncia había sido presentada tres años antes, durante la gestión de Jorge Obeid.

En septiembre de 2004 la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) había iniciado un hábeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención de los internos de comisarías de Rosario. Ese recurso fue tramitado en el juzgado del fallecido juez de Instrucción Carlos Triglia. Este magistrado relevó la situación y un mes después planteó que en muchos casos —en 32 seccionales sobre las 41 entonces existentes— se habían presentado órdenes judiciales de desalojo incumplidas por el gobierno.

El hábeas corpus de la CTC detallaba las condiciones "indignas, humillantes e inhumanas" de los detenidos de las seccionales policiales. Tras ello un documento de la Defensoría del Pueblo graficó la situación. A través de un informe de la Sección Planificación y Arquitectura de la Jefatura de la UR II, surgía que el 70 por ciento de las dependencias verificadas resultaban inadecuadas para alojar personas. Y que estaba triplicada la capacidad edilicia que, en 2004, llegó a albergar 1.200 personas.

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