Policiales
Miércoles 19 de Abril de 2017

Criterios enfrentados entre los poderes santafesinos

El presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Daniel Erbetta, consideró "razonable" el fallo que declaró inaplicable por "el principio constitucional de la irretroactividad" el decreto 4127/16 que limita las salidas transitorias de ciertos detenidos.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Daniel Erbetta, consideró "razonable" el fallo que declaró inaplicable por "el principio constitucional de la irretroactividad" el decreto 4127/16 que limita las salidas transitorias de ciertos detenidos. Mientras que el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, tildó la actitud de la Justicia de "esquizofrénica" y adelantó que apelará la resolución judicial que suspendió un artículo del mencionado decreto.

Las diferencias surgieron en torno a lo dictado por la jueza santafesina Sandra Valenti, quien hace un mes declaró inconstitucional el artículo 127 de la norma mediante la cual el gobernador Miguel Lifschitz intenta modificar los aspectos que endurecen o limitan la salida de la cárcel de presos condenados.

Erbetta comentó que la jueza actuó "con un criterio que parece bastante razonable" y explicó que "si se anulan derechos a personas ya condenadas se violaría el principio constitucional de irretroactividad, es decir que no se puede aplicar una condición más gravosa en forma retroactiva".

Y tras recordar que las salidas transitorias están contempladas en la Ley de Ejecución Penal de la Nación y se insertan en los principios de resocialización y progresividad de los reclusos, Erbetta reclamó la puesta en marcha de "algún tipo de unidad o brigada policial que se aboque a través de trabajos de inteligencia a la captura de prófugos".

A su turno, el ministro Pullaro adelantó que apelará la resolución de la jueza Valenti. "Es fácil tildarnos de mano dura a quienes tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad pública todos los días. Estamos convencidos de que tenemos que darle mayores elementos a la Justicia" y recordó que el decreto "es fiel reflejo de lo que la propia Justicia solicitó".

Desde la cartera que conduce Pullaro recordaron que previo al decreto firmado por Lifschitz, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios envió el 16 de marzo de 2016 una nota a la Corte para que se analizaran las reformas propuestas pero esa nota "nunca fue contestada". "No hicimos ni más ni menos que lo que nos pidieron. Ahora, lo declaran inconstitucional. Por un lado nos piden que califiquemos a los presos de una manera diferente porque los informes se basaban sólo en la conducta dentro de la prisión. Ahora, cuando ponemos el tipo de delito por el que fueron condenados, lo declaran inconstitucional. Eso es esquizofrénico", se quejó Pullaro.

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