Policiales
Domingo 10 de Septiembre de 2017

Apresaron a un anciano que tenía una armería clandestina

La tarde del jueves agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento Las Colonias allanaron una casa ubicada en calle Islas Malvinas al 2700 de la localidad de Esperanza.

La tarde del jueves agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento Las Colonias allanaron una casa ubicada en calle Islas Malvinas al 2700 de la localidad de Esperanza, a unos 40 kilómetros de la capital provincial, y secuestraron una docena de armas de fuego y cerca de 950 cartuchos y municiones de distintos calibres en un taller de armas clandestino. La sorpresa para los uniformados fue cuando se toparon con el dueño de casa, un anciano de 91 años y de nacionalidad brasileña llamado Raúl R. quien comercializaba las armas presuntamente con fines no santos.

El anciano fue alojado en un primer momento en la comisaría 1ª de la Unidad Regional XI, desde donde luego fue trasladado a los Tribunales de la ciudad de Santa Fe para ser impuesto de los delitos por los que se lo acusa y a la espera de la audiencia pertinente.

Comercio ilegal

La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Laura Urquiza y, previa a la realización de la audiencia imputativa, fuentes de la Fiscalía adelantaron que la atribución delictiva que sele impondrá a Raúl R. sería por "provisión ilegal de armas" para fines no especificados, aunque se supone que puede haber abastecido de armas al mundo del hampa del centro provincial, así como el de "tenencia indebida de armas de fuego de uso civil y uso civil condicional".

Los uniformados que ejecutaron el allanamiento en la vivienda de Raúl R. y procedieron a la requisa domiciliaria hallaron dos revólveres calibre 32, dos revólveres calibre 38, una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta de un caño calibre 28, una escopeta sin calibre visible y 948 cartuchos de todos los calibres mencionados además de credenciales de legítimo usuario de arma de fuego.

La orden judicial para el allanamiento fue extendida el jueves por el juez penal santafesino Jorge Patrizzi y se decidió luego de una investigación que llevó al menos dos meses de trabajo a la fiscal Urquiza luego de haber recibido algunas denuncias que daban cuenta que "este señor vendía armas a personas que no contaban con habilitación, y él tampoco tenía habilitación como comercio para estos fines y tampoco como legitimo tenedor".


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