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Domingo 05 de Julio de 2015

Pobre República

Deterioro institucional. La Cámara de Diputados y el Senado están paralizados, no solamente en las sesiones plenarias sino también en las comisiones. Oficialismo y oposición contribuyen con sus ausencias a degradar la calidad democrática.

“La Cámara de Diputados de la nación está virtualmente cerrada. Desde hace mucho”. Más allá de la precisión del calendario, lo afirmado esta semana por el diputado rosarino Juan Carlos Zabalza es una triste realidad que resalta en este 2015.

Si en las próximas dos semanas hay sesión, se habrá cumplido el único encuentro parlamentario de los últimos 75 días. Si no, habrá que esperar a agosto, post elecciones primarias. El 10 de junio la Cámara celebró la tercera reunión ordinaria de todo el año. Sólo 3: 8 y 29 de abril y la de hace veinte días para aprobar sin una coma modificada el proyecto que permite nombrar jueces a gusto y paladar del Ejecutivo y que, por ejemplo, se llevó puesto al juez Luis María Cabral de la Cámara de Casación Nacional.

Pero hay más. La comisiones tampoco funcionan. Allí deberían darse cita los representantes del pueblo para perfilar y acordar los proyectos que luego se aprobarán en el pleno de la Cámara. Allí se debería demostrar el trabajo cotidiano, concreto de un diputado. Por tomar ejemplos emblemáticos, Asuntos Constitucionales se reunió 4 veces en este año legislativo. Legislación General, ninguna. Presupuesto, tampoco. Salud y Acción Social, cero. Basta imaginarse lo que ocurre con comisiones relativas a la discapacidad, relaciones exteriores o ciencia y tecnología. Paupérrimo. Todo esto se comprueba con la versión oficial de la Cámara que debe transcribir los avances legislativos (diputados.gov.ar) y que demuestra la voluntad de los diputados para cambiar el marco de convivencia (eso es el derecho) y propender a una sociedad mejor. Cualquier ciudadano podría y debería saber qué es de la vida de sus mandantes.

El Senado de la nación es similar. La actividad es espasmódica y de una pobreza que choca. Se ve que el origen de la Cámara, pensada como la sede de la reflexión de los políticos “altos”, no se verifica en la República Argentina.

¿Qué demuestra esta estadística? Que vivimos en una democracia cada vez menos republicana. Podría argüirse que este año es un período de elecciones o que las mayorías oficialistas hacen responsable al Frente para la Victoria de la parálisis del Congreso. Por lo primero, es hora de plantear este disparate de concretar decenas de elecciones provinciales y nacionales de forma separada. No es verdad que las autonomías locales sean más transcendentes que el sentido común y, cómo no, el dispendio económico de no unir todos los comicios para ahorrar esfuerzos humanos y materiales. Los electores supieron y saben cómo elegir a su intendente y a su presidente por los resultados de sus gestiones y no son ganado para arriar ante la inercia de una boleta con categorías pegadas.

Por lo otro, es cierto que el oficialismo cuenta con el número propio para formar quórum que, como pocas veces se ha visto en la historia constitucional, sólo lo pone en juego para darle marco a un levantamiento de manos obediente que complazca al dogmático Poder Ejecutivo. Si hasta muchos de ellos podrían dejar un voto a favor del gobierno por anticipado. No se notaría demasiado la diferencia con lo que han venido haciendo. Sin embargo, hay que decir que la oposición ha renunciado a toda otra actitud que la del silencio y la ausencia de propuesta para combatir esta actitud. Y eso, cuanto menos, luce como complicidad.

¿Qué pasaría si todos los miércoles los diputados no K se sentaran en sus bancas desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche hurgando con su presencia en la falta de cumplimiento del peronismo gobernante? ¿Por qué no asisten los legisladores opositores de las sesiones de comisión todas las semanas en cambio de llamar desde sus provincias para ver si el kirchernismo abrirá la reunión?

No es justo, por los notarios, decir que el Congreso es la escribanía del Ejecutivo. Un escribano debe controlar la legalidad de lo que atesta y garantizar forma y fondo de lo que se firma. Nuestras cámaras de Senadores y Diputados se han transformado en un cajero automático de los deseos de la presidencia sin que haya límite de ningún tipo para la extracción de propuestas solicitadas. Una botonera con clave secreta escondida en una parafernalia de máscara de Parlamento.

¿Le importa a alguien esta discapacidad republicana? No hay por qué no ser pesimista a este respecto. La división de poderes, el control entre ellos, es una nimiedad (sic) en los tiempos de esta democracia líquida. Hay una anestesia general respecto de las instituciones a la que ha contribuido un inteligente (pero mendaz) discurso de que los votos de las urnas dan derecho a la imposición, siempre, de lo que piensa la mayoría. La democracia es, claro, el gobierno de las mayorías. Pero con el respeto de las minorías, como condición sine qua non. La República es atenerse a la ley y a su interpretación hecha por los jueces nombrados por los gobierno anteriores al que ejerce el poder. Que se intente decir que los jueces no pueden controlar la legalidad de los actos de los gobernantes poniéndole los límites del derecho vigente, es de una ignorancia pasmosa (poco probable) o de una vocación autocrática insaciable.

El desplazamiento del juez Luis María Cabral nace de un complicado y tedioso entramado administrativo que se conoce hace muchos años. Recién ahora el Frente para la Victoria descubrió algún vicio en la llegada del magistrado a la Casación, justo en el instante en que podía fallar en su contra en el vergonzoso caso del memorandum con Irán. Y lo separó tirándolo por la ventana. Se nota mucho la maniobra. Tanto como golpearse el pecho defendiendo la supuesta transparencia del Poder Judicial cuando, sólo por ejemplificar con lo obvio, en dos oportunidades (dice dos) se evitó la destitución del juez Norberto Oyarbide. Eso hizo y defendió el kirchnerismo con sus legisladores y representantes oficiales.

¿No hay reparo de transparencia a la hora de nombrar a cientos y cientos de empleados de las fiscalías que dependen de la Procuración nacional sin el menor concurso o testeo de antecedentes? ¿No hay enojo institucional por la aplicación express de la ley de subrogancias que casualmente nomina como magistrados sólo a abogados con probada militancia oficialista?

Claro que no lo hay. Porque en tiempos de elecciones y diseños de cambios de inquilinos del poder, el tema no es la salud de los canales institucionales sino el camino de evitarlos con by pass seguros que garanticen no rendir cuentas de los actos cumplidos.

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