Economía
Martes 30 de Agosto de 2016

Pidieron abrir una investigación por el uso de datos de la Ansés

El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer abrir una investigación contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el uso de la base de datos de la Ansés por parte del Ejecutivo.

El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer abrir una investigación contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el uso de la base de datos de la Ansés por parte del Ejecutivo.

La fiscalía pidió al juez federal Sebastián Casanello que ponga en marcha una investigación contra Peña: "La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la Ansés constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno o contraviene las disposiciones de la ley".

La semana pasada, y por "inexistencia de delito", el fiscal federal Guillermo Marijuan había pedido el archivo de otra denuncia similar hecha contra Peña, en ese caso presentada por los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.

En ese caso, la denuncia la hizo la abogada Valeria Carreras, quien también inició una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para evitar que se disponga el traspaso de las bases de datos.

Según señaló la abogada en su presentación, el decreto de la Ansés "dispone que los datos contenidos en esa base son de carácter no público y, por ende, sensibles".

Acusó entonces al jefe de Gabinete por el convenio marco para el traspaso de datos de la Ansés a la Secretaría de Comunicación, que depende de él, porque "se estaría violando el deber de seguridad inherente a su función específica".

Como medida de prueba, el fiscal pidió que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, "evalúe la legalidad del convenio de traspaso de datos de Ansés".

"Ese estudio también deberá ser encomendado a la Procuración del Tesoro de la Nación y dos expertos independientes del Ejecutivo", solicitó.

El 25 de julio pasado, el gobierno había anunciado, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el polémico decreto que autoriza al Ejecutivo el uso de los registros de la Ansés para "contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública".

Según está estipulado, la medida tendrá una vigencia de dos años y le permitirá al gobierno hacerse periódicamente de la base de datos de la Ansés (nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios).

La oposición calificó la iniciativa como una invasión a la vida privada de los ciudadanos con la finalidad de hacer "propaganda partidaria".

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