Policiales
Viernes 17 de Junio de 2016

Piden prisión perpetua para un policía por el crimen de Jonathan Herrera

Lo solicitó el fiscal Adrián Spelta. También solicitó 12 años de cárcel para otros dos agentes de la PAT. Un cuarto hombre ya firmó un juicio abreviado

Un avance de lo que será el juicio por el crimen de Jonathan Herrera a manos de agentes de la Policía de Acción Táctica se palpitó ayer en una audiencia previa al debate oral y público del caso. El fiscal de la Unidad de Homicidios, Adrián Spelta, formalizó su acusación contra un agente para el que pidió prisión perpetua por efectuar uno de los disparos mortales que sufrió el joven de 22 años que lavaba el auto frente a su casa cuando quedó en medio de una persecución y tiroteo policial. Para otros dos uniformados que tiraron con sus armas, aunque no pudo probarse que hayan herido a la víctima, el fiscal solicitó la pena de 12 años de cárcel. Bajo una lluvia de objeciones, en tanto, las defensas presentaron las estrategias con que pretenden desligar a sus clientes.

En un debate cargado de controversias, al que se coló la discusión sobre las pruebas presentadas, la jornada preparatoria por momentos se pareció al juicio mismo. El trámite que se inició ayer a la mañana es la audiencia preliminar, una etapa en la cual se define bajo qué acusación llegan los imputados al juicio, la pretensión de pena sobre los mismos, la teoría del caso según las partes y la evidencia que revisará un tribunal oral.

Los roles y las penas. A esta instancia llegaron tres de los cuatro policías imputados por el crimen de Herrera. El mes pasado Alejandro Jonathan Gálvez, de 21 años, aceptó una pena de 3 años de prisión efectiva en un acuerdo abreviado por el delito de abuso de armas agravado por su función. Los que ayer presenciaron la audiencia bajo custodia son Ramiro Rosales, Francisco Rodríguez y Luis Alberto Sosa. Los últimos dos estuvieron cerca de firmar un abreviado por abuso de armas, pero ante la enérgica objeción de los familiares de la víctima la Fiscalía desistió y quedaron camino al juicio. Los tres están presos.

Al debate llegarán con imputaciones diferenciadas. La más grave recae sobre Rosales, a quien el fiscal Spelta acusó como autor de un homicidio calificado por su calidad de miembro de una fuerza de seguridad, delito que prevé como pena única la prisión perpetua. Para Rodríguez y Sosa solicitó 12 años como autores del mismo delito en grado de tentativa. Les adjudicó la "intención de ocasionar la muerte" de Herrera con varios disparos. En su caso, no pudo probarse si alguno de esos plomos lo hirió con carácter letal.

Los querellantes Gustavo Feldman y José Nanni, en representación de la viuda de Herrera, compartieron el planteo de la Fiscalía. En nombre de la mamá de la víctima, las abogadas Analía Abreu y Cintia Garcilazo adhirieron, aunque pidieron una pena de 14 años para Sosa y Rodríguez por considerar que el delito también se agrava por el uso de un arma de fuego.

Fuga, tiros y muerte. Según el relato del fiscal, todo ocurrió el domingo 4 de enero de 2015 alrededor de las 15 mientras policías del Comando Radioeléctrico perseguían a un joven que habría cometido un robo en una juguetería de San Martín al 3500, entre Saavedra y bulevar Seguí. A siete cuadras de allí, el muchacho escapaba corriendo por la vereda norte de Seguí hacia Ayacucho cuando pasó un colectivo de la línea 133 negra por el carril sur del bulevar. A bordo iban cuatro policías de la PAT que, al advertir la escena, ordenaron al chofer detener la marcha.

Dos de ellos, Rosales y Gálvez, bajaron por la puerta delantera. Sosa y Rodríguez descendieron por atrás y comenzaron a disparar hacia donde estaba Herrera, que lavaba el auto frente a su casa de Ayacucho y Seguí. Para el fiscal, en ese momento los policías del Comando ya habían herido de bala al fugitivo, al que tenían retenido en el piso a pocos metros, sobre el pasaje Villar.

Herrera recibió tres disparos. Uno le atravesó la cabeza y le provocó estallido de cráneo. Otro, definido como "mortal", le ingresó por el muslo izquierdo, quedó alojado a la altura de la cadera y le afectó la arteria hipogástrica. El tercero lo alcanzó en el pie izquierdo. La pericia del proyectil que quedó en su cuerpo demostró que fue disparado por el arma de Rosales. Por eso se le incrimina el crimen. Aunque hubo otro disparo homicida cuyo autor no se identificó porque no se pudo peritar la bala.

En un breve resumen de las evidencias el fiscal citó la autopsia, actas policiales, la pericia balística, fotos, una reconstrucción integral del hecho y los relatos de más de veinte testigos. Mientras que las querellas destacaron los dichos de una vecina que presenció la secuencia de principio a fin y el del joven acusado del robo, Brian V., de 19 años, quien dijo que ya estaba en el piso cuando la PAT baleó a Jonathan.

Secuencias. Sobre este punto se plantearon dos versiones. La querellante Abreu dijo que hubo dos secuencias de disparos: primero los del Comando hirieron al supuesto autor del robo y luego los de la PAT le dispararon a Herrera. Señaló que al advertir la primera ráfaga Jonathan se refugió en su Volkswagen Gol y cuando los tiros cesaron decidió alejarse del auto. En ese momento le "disparan indiscriminadamente, es abatido y cae".

En cambio el defensor de Rosales, Guillermo Alexander situó todo en un mismo momento: sostuvo que los hombres de la PAT tiraron en simultáneo con los del Comando. Su teoría es que los policías actuaron en un enfrentamiento, repeliendo los disparos de un ladrón en fuga. "Todo ocurrió en menos de un minuto. Lamentablemente la víctima ha quedado atrapada en el fuego cruzado", dijo.

En otra línea argumentó que no hubo intención de matar a Jonathan y cuestionó la acusación por "infundada e irrazonable". Por último planteó que "la bala mortal es la que ingresó por el cuero cabelludo, no otra", ya que la autopsia adjudicó el deceso a un daño encéfalo craneal grave. Citando el mismo informe, Spelta replicó que de todos modos el proyectil de Rosales hubiera causado la muerte por hemorragia.

La defensora Sara Fátima Marcos pidió el sobreseimiento de sus clientes, Sosa y Rodríguez. Citó una pericia balística que los "desvincula totalmente" al situarlos en otra línea de tiro. "Jamás se hicieron los veinte disparos que se están enumerando", enfatizó, antes de cuestionar la validez de las querellas para litigar.

Fueron más de tres horas de un debate salpicado de objeciones y dilaciones. Más de una vez el juez Gonzalo López Quintana debió acotar a las partes para que no se adelanten a discutir la entidad de las pruebas. "No hagamos de esto un juicio", emplazó antes de imponer un cuarto intermedio hasta el martes, cuando se retomará la audiencia. Luego el juez responderá por escrito las controversias y definirá bajo qué términos llega el caso al juicio, previsto para octubre o noviembre.

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