Los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack pidieron penas de entre 8 y 20 años para cinco policías que se desempeñaban en la seccional 19ª y comenzaron a ser juzgados ayer por diversos delitos como extorsión, apremios ilegales, encubrimiento y secuestro extorsivo cometidos entre el 21 de marzo y el 12 de agosto de 2014. Son el comisario Guillermo Ruiz Díaz, el suboficial Daniel Farini, el suboficial principal José Antonio Galván (dijo ser el chofer del comisario), el subinspector Víctor Luis D'Angelo y la suboficial Lucrecia Bustos, que era sumariante y cumple arresto domiciliario.
El juicio oral comenzó pasado el mediodía ante el tribunal formado por Hernán Postma, Mónica Lamperti y Hebe Marcogliese. En una sala atestada de familiares y allegados a los imputados, los fiscales atribuyeron cuatro hechos al grupo.
El primero ocurrió el 16 de marzo de 2014, cuando tras una balacera en Deán Funes al 5500 con dos heridos los policías acusados entrevistaron tanto a los baleados como a los presuntos agresores y a los cuatro les pidieron dinero, cerca de 30 mil pesos en total.
Otro caso fue meses después en Garzón al 3600, cuando detuvieron a un automovilista por alta velocidad y lo liberaron tras el pago de cinco mil pesos.
En otro hecho, los imputados allanaron sin orden un almacén de Campbell y Maradona donde vivía el dueño, a quien le hallaron una caja con medicamentos y le sacaron 12 mil pesos y mercadería para no perjudicarlo por la presunta venta de medicinas. También detallaron la extorsión a un hombre detenido por el Comando por portación de arma a quien liberaron a cambio de 5 mil pesos.
Pedidos. Tras detallar la acusación, Mac Cormack pidió las siguientes condenas: 20 años de prisión a Ruiz Díaz, Galván y Farini; 16 para D'Angelo y 8 para Bustos. Además de la inhibición para tener cargos públicos y sanciones económicas, eso en el marco de una probable asociación ilícita.
Esta figura no fue admitida en las audiencias preliminares por el juez Carlos Leiva, por lo cual los policías quedaron imputados de secuestro extorsivo, allanamientos ilegales, amenazas y robos. Pero ayer los fiscales insistieron en incorporar la asociación ilícita entre los delitos.
"El modo en que se organizaban los policías se corresponde con una asociación ilícita por cooptación de un aparato de poder. Es un tipo de asociación ilícita institucional y se caracteriza porque reposa sobre redes preestablecidas como una comisaría", fundamentó Narvaja.
"Estas formas de delincuencia agrupada —agregó— permiten reflejar durante largos períodos una legalidad aparente. Junto al andamiaje legal hay un andarivel paralelo donde transitan las ilegalidades. La coexistencia de lo legal e ilegal permite que se confundan las reglas y relaciones de lealtad y sumisión".
Para Narvaja, el objetivo de los acusados "fue ganar dinero con la extorsión y la violencia. Para que haya una asociación ilícita no es necesario que los miembros se reúnan con el fin de cometer delitos. Como en este caso, el elemento aglutinante es la institución policial, sus jerarquías, lógicas y códigos".
Según describió el fiscal, Ruiz Díaz no se ensuciaba las manos pero garantizaba cobertura. Farini y D'Angelo apretaban, golpeaban, amenazaban y cobraban, con la complicidad de Galván y Bustos.
"Es muy difícil comprobar una asociación ilícita, pero acá están todos los indicios y es muy importante que esto se ventile en el estrado", dijeron los fiscales a este diario.
Revocatoria. Ante esos argumentos, el defensor José Nanni dijo que la asociación ilícita había sido desestimada por Leiva y que así la fiscalía alteraba la plataforma fáctica del juicio. "La defensa no se armó sobre esa figura sino sobre los delitos individuales y pedimos una revocatoria", dijo el abogado. Eso motivó un cuarto intermedio tras el cual el tribunal resolvió que el planteo de los fiscales "respeta la base jurídica con la figura de asociación ilícita", por lo cual rechazaron la revocatoria".
"La estrategia de la fiscalía es sorpresiva, construyeron una teoría ficcional por que tienen una fragilidad probatoria", dijo por su parte el abogado Paul Krupnik, quien tiene a su cargo la defensa de tres de los imputados.
Luego del cuarto intermedio la audiencia continuará hoy a partir de las 13.