A menos de tres semanas de los comicios y tras el bombardeo de consignas de alto impacto publicitario con que los candidatos trataron de atrapar a la gente, comenzó el forzoso baño de realidad. Y ésta se muestra por estas horas bastante cruda: el socialismo anunció en pocos días fuertes aumentos de la tasa municipal, boleto de colectivos urbanos e interurbanos, tarifa de taxis, y servicios de energía eléctrica y de agua.
Hasta el 23 de octubre, y tras cuatro comicios consecutivos, nadie del socialismo (ni mandatarios, funcionarios o candidatos) dijo, deslizó o siquiera insinuó que las tarifas y los tributos estaban "atrasados" y que se debía realizar un ajuste. No estaba dentro de las "promesas" de campaña. Pero visto los acontecimientos de estos últimos días es más que obvio que la decisión de incrementar fuertemente los servicios y las tasas ya estaba tomada hace tiempo, pero se escondió debajo de la alfombra para no espantar al electorado.
Nada nuevo bajo el sol de la política argentina: un gobierno que apela a la mala práctica institucional de sacar todos los aumentos después de las elecciones, en un gesto por lo menos desleal con la ciudadanía. Pero viniendo de un partido que dice encarnar "otra forma de hacer política", más "transparente" y "de cara a la gente", esta "operación tarifazo" que se puso en marcha desnuda que el socialismo también apela a estrategias de manipulación de la opinión pública para implementar sus medidas de gobierno.
Ahora que ya no hay que pedir el voto para intendente, gobernador ni presidente, se levantó la alfombra donde estaban escondidas las subas de tasas y servicios.
Y el anuncio vino meticulosamente dosificado para intentar que la gente lo digiera en grageas. Comenzó el 28 de octubre, cinco días después de las presidenciales: el saliente intendente Miguel Lifschitz, con el objetivo de dejarle un buen "colchón" de dinero a su sucesora, Mónica Fein, remitió al Concejo el proyecto de presupuesto 2012 contemplando un incremento del 60 por ciento en la tasa general de inmuebles (TGI), sin distinción de la capacidad contributiva de cada barrio.
A la hora de justificar esta pronunciada suba, la Municipalidad argumentó que el último incremento de la TGI fue en el 2008 y apuntó que solamente los costos de higiene urbana (barrido, recolección y limpieza de calles) son de 300 millones de pesos, frente a una tasa municipal que recauda 200 millones. Antes de las elecciones del 23 de octubre los números no eran para nada diferentes, pero por una conveniencia política recién se decidió mostrarlos una vez que pasó la campaña.
Luego, el jueves 10 de noviembre el Concejo dio vía libre a un incremento del 20 por ciento en el boleto de colectivo de Rosario (de 1,90 a 2,30) tras arduas negociaciones entre las bancadas, ya que el Ejecutivo quería subirlo 30 por ciento. Los ediles también sancionaron el segundo aumento del año para taxis y remises, cuya bajada de bandera ahora será de 5,60 pesos.
Menos de 24 horas después le tocó el turno al gobierno provincial: el mandatario Hermes Binner emitió un decreto el viernes 11 de noviembre autorizando un incremento del transporte de media distancia del 16,5 por ciento.
La "operación tarifazo" siguió el lunes pasado cuando el gobierno santafesino anunció un aumento en las facturas de la EPE del 26 por ciento en dos etapas (15 por ciento en diciembre y 11 por ciento en marzo). Un dato al margen, o no tanto: el servicio de electricidad en Santa Fe es uno de los más caros del país.
Y el ¿último? regalito poselectoral superó todas las previsiones: el Ejecutivo provincial pidió anteayer autorización al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) para aplicar un aumento del 80 por ciento en la tarifa del agua en el primer bimestre de 2012, mientras que en los bimestres segundo y tercero la suba sería del 15 por ciento en cada período sobre el acumulado. Pasando la cuenta en limpio: el incremento total sería del 138 por ciento. Y los memoriosos rápidamente apuntaron que ya en 2010 las facturas de Aguas Santafesinas habían subido alrededor del 50 por ciento.
Todos estos tarifazos se dan pese a que la Casa Rosada viene anunciando recortes de subsidios a las provincias que aumenten los servicios, lo cual podría significar que en un futuro no muy lejano estos incrementos no alcancen y haya que pagar aún más.
Binner exige permanentemente al gobierno nacional que controle la inflación porque "es el impuesto más injusto", pero un aumento tarifario del 138 por ciento no parece la mejor medida para combatirla.
Encima si los servicios fueran de calidad, los contribuyentes y usuarios podrían asimilar de otra manera estas subas, pero es por todos conocidos que en Rosario el transporte de colectivos deja mucho que desear y el de media distancia en la provincia directamente es pésimo. No muy diferente es la consideración que tiene la gente de la EPE (permanentes cortes y bajada de tensión durante toda la temporada de calor, y para colmo la empresa no resarce a los damnificados) y de Aguas (baja presión en muchos barrios de la ciudad, zonas enteras sin cloacas y corralitos por todos lados que son el fiel testimonio de que las cañerías están en mal estado y permanentemente se rompen).
En contraposición, sigue pendiente a nivel provincial un sistema impositivo que busque una mayor justicia contributiva. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que las terminales portuarias santafesinas, que facturan millones de dólares, estén exceptuadas de pagar ingresos brutos y en cambio un pequeño comerciante sí debe afrontar este tributo? Este dinero que la provincia se pierde de recaudar podría ser destinado a un fondo para realizar obras de cloacas y aguas, y así se aliviaría la carga tarifaria de este servicio sobre la clase media y baja de la sociedad. Un solo ejemplo de que los aumentos se podrían morigerar si hubiera un sistema impositivo más justo y progresivo en la provincia y se combatiera seriamente la evasión.