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Sábado 17 de Mayo de 2014

Parte de la comunidad educativa realizó tareas de inteligencia y control social

Los archivos de la provincia documentan las responsabilidades y complicidades con la represión. Son datos oficiales, clasificados y no sufrieron filtros

La investigadora Natalia García indica que "en muchos casos, el expediente o «fichaje del causante» o actor perseguido por el cual se pedía información a agencias de inteligencia provincial y nacional tenía inicio en el pedido de un particular, anónimo o no, que indicaba conocer al «sospechoso» o «sospechar» del mismo por comportamientos o pensamientos considerados peligrosos. Ello podía ser disparado por personas que compartían el espacio laboral (docentes o directivos) o padres que denunciaban a la maestra o directivo de la escuela como un «subversivo», según se resumía".

Relata que en esos archivos está el documento de Educación de la Nación: "Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestros enemigos".

"Las cartas que disparaban las acciones burocráticas y pedidos de ampliaciones de antecedentes vía agencias de inteligencia se archivaban. En la provincia, la información de antecedentes y partes policiales formaban fichas personales de la Dirección General de Información, creada en 1966 y ampliada en 1976, ante la necesidad de vigilar a la sociedad. Estaban en contacto con la Side, otras regionales y los cuerpos policiales", remarca.

Clasificación. "Los documentos están con nombre y clasificados. Llamaban «Propios medios» cuando se reunían datos en el lugar de trabajo del docente, al hablar con sus compañeros de tareas, en el barrio y al hablar con vecinos, parientes. La comunidad civil revelaba informaciones, pero no en un trabajo de inteligencia desplegada por personal dedicado a eso", puntualiza.

"Hay casos de jueces, profesionales, militares, que son proveedores de información cuando, por ejemplo, se pedía datos sobre un docente que organiza un cursillo", agrega. Y advierte que "algunas personas, tras ser cesanteadas se enfrentaban al poder reclamando que revisaran su situación y refutaban los argumentos sobre infiltraciones comunistas u otras acusaciones".

Otros casos era de "docente madre de dos subversivos" o "de rector a rector", donde los que piden información no son militares y sí autoridades escolares. También un presidente comunal le manifiesta al ministro Pérez Cobo que algunos vecinos se quejaron de la presencia de un docente comunista en tal escuela y que "por favor investigue".

"También se denuncia a un director de escuela durante el Mundial 78, por criticar la organización del torneo y al discurso del general Videla", añade la investigadora. Además, otra denuncia dice que "durante el acto del 25 de Mayo el educador no quería realizar la formación de alumnos" y que "cuando cantaron el Himno, con toda irreverencia él siguió fumando. Se pide considerar la permanencia o no en el cargo del director". Eso es lo que registra el documento, "hay que ver qué sucedió con ese docente", advierte.

Consecuencias. "En estos casos se ve un abrupto corte en la vida personal y profesional de estas personas. Una alteración de sus biografías, con todas las consecuencias físicas y psíquicas que ello trae; gente que queda muy afectada por ello. Y hay casos que estoy chequeando que comienzan con el pedido de información de un docente sobre un compañero de trabajo y que van a terminar con la desaparición del docente. Se registra un recorrido burocrático del hecho que comienza con una denuncia de su esposa ante la desaparición del educador. La escuela pregunta por la ausencia laboral y se enteran de la detención, entonces la directora indica el paso por el aparato burocrático ministerial y luego por el policial. Al año de iniciar el recorrido, se registra una nota del ministro pidiendo al gobierno información sobre lo que pasó en realidad con el docente".

García remarca que "la investigación del tema sirve para ir al terreno, tomar la temperatura de esos ambientes escolares. En un mensaje al ministro se decía que en el día del aniversario de la muerte de Aramburu no se izó la bandera ni se colocó a media asta como estaba dispuesto. Los días posteriores se izó normalmente y se agregan datos del director". No había un personal de inteligencia vigilando al director, un civil brindó esa información.

Las investigaciones apoyadas en materiales de testimonios y hemerotecas, según la investigadora, pasan por filtros y a veces son opiniones que cambian y se desdicen. "Pero los documentos son sustanciosos porque reflejan lo sucedido, son confiables". En otra carta al ministro, se le pregunta "¿Esto no se investiga?", en relación a cursos que realizaba el Instituto de Cultura Popular (Incupo).

"La idea es seguir estos casos, analizar los discursos que van a sustentar o disparar esa averiguación de antecedentes, las derivaciones y efectos en la realidad", sostiene la investigadora. "Algunos solucionaron pronto ese situación, a otros les llevo tiempo, están los que vieron truncada su vida profesional y anímica por tener una trayectoria dedicada a la docencia, no era «me quedé sin trabajo». También hay quienes perdieron la vida por eso".

Escuela. "Las dificultades que vivió el país en la transición hacia la democracia también se vivieron en lo educativo. Es difícil desarraigar hábitos autoritarios de las relaciones pedagógicas".

"Los ingresos eran por concursos, pero muchos eran digitados, Siguió el escalafonamiento, pero no se dieron situaciones de acomodamientos", agrega. Además, "se exigía pulcritud, «el silencio era salud», las chicas con polleras largas y los chicos con cabellos cortos".El componente autoritario en la educación vivió en los ‘70 una ebullición estudiantil y aparecieron las movimientos estudiantiles. Pero luego se volvió a las formaciones tomando distancia, temas castrenses, eclesiásticos, el nacionalismo. individualismo, la despolitización y la pérdida de lo colectivo y solidario".

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