El fiscal Federico Delgado pidió llamar a indagatoria a una funcionaria del Banco Central y a un directivo del Indec tras detectar supuestas irregularidades en el acuerdo firmado con los denominados fondos buitre.
El fiscal Federico Delgado pidió llamar a indagatoria a una funcionaria del Banco Central y a un directivo del Indec tras detectar supuestas irregularidades en el acuerdo firmado con los denominados fondos buitre.
Se trata de Eva Edith Cattáneo Tibis, subgerente de Normas de Exterior y Cambios del Banco Central, y de Pedro Ignacio Lines, director nacional de Cuentas Internacionales del Indec, en cuya oficina se hicieron "las estadísticas ex post de la balanza de pagos, de la deuda externa y de la posición de inversión internacional".
Ambos ya habían declarado como testigos en la causa, pero ahora Delgado está pidiendo que se los llame nuevamente a indagatoria.
En un dictamen presentado ayer ante el juez Sebastián Casanello, Delgado hizo "un balance de todas las pruebas reunidas en estos casi seis meses" de instrucción sobre el acuerdo con los fondos buitre y afirmó que ese pacto "es sólo un mero eslabón del endeudamiento externo que se inició en Argentina en 1976, y que viene siendo investigado en la megacausa Olmos, de trámite ante el Juzgado Federal Nº2", a cargo de Sebastián Ramos.
"No sólo porque los actores se repiten, sino también porque los efectos siguen su curso —dijo—. Lo que aquí se investiga es si la negociación que comenzó el Ejecutivo nacional con los fondos buitre para destrabar las sentencias del juez Griesa y de otros tribunales del mundo (menos conocidos, quizás) y que luego se tradujo en el dictado de la ley Nº27.249 posee ribetes delictivos".
Según Delgado, los colaboradores del BCRA Omar Miliano y Alicia Galófaro dijeron en la causa que "no podían asegurar si con el pago a los fondos buitre se había mejorado o no el perfil del endeudamiento público (tal como lo dispone el artículo 65 de ley de administración financiera)", ya que "no existe un parámetro válido de comparación, debido a que el pago al contado de U$S 12.500.000.000, que a la fecha continúa en etapa de adhesiones, no tiene una base de comparación con otras formas de financiación o pago".