Pablo Díaz es uno de los sobrevivientes de la trágica “Noche de los lápices”, ocurrida en septiembre del 76, cuando un grupo de estudiantes de la ciudad de La Plata fueron secuestrados, torturados y posteriormente desaparecidos. Habían protagonizado reclamos por el medio boleto estudiantil y militaban en los barrios brindando apoyo escolar.
Díaz logró salir del horror y su testimonio fue clave para conocer este hecho, ocurrido precisamente cuando Bruera era ministro de Educación de la Nación. Entrevistado por La Capital, confiesa que se enteró del hecho y por eso rescata el compromiso de los adolescentes rosarinos que denunciaron la presencia del ex funcionario de Videla en un colegio de la ciudad, aunque no oculta lo llamativo que sean los chicos, y no el gobierno provincial, quien haya sacado a la luz este caso.
—¿Qué opinás de la presencia de Bruera en esta institución educativa?
—Me parece que quien ha ejercido un cargo tan importante como ministro de Educación de la dictadura militar está incapacitado de por sí para educar. Quien educó en el terror mal puede educar por la vida. Porque para ello hay un valor esencial que debería tener toda persona, que es el no estar relacionado con la tortura y con la muerte. Si bien no es un tema en el cual él pueda estar implicado directamente, estuvo a cargo del Operativo Claridad que consistió en la depuración ideológica dentro de las escuelas, con docentes y alumnos opositores.
—¿Qué impactos tuvo ese operativo?
—No hay que olvidarse que en la Argentina hay cerca de 230 estudiantes secundarios desaparecidos, sobre la base de una política de represión sistemática. No es que fueron desaparecidos por una necesidad individual, sino en función de hacer desaparecer toda organización de resistencia dentro de los colegios secundarios.
—¿Y en el caso de la Noche de los Lápices?
—En el caso de Claudia Falcone —una de las chicas desaparecidas en aquella tragedia— era una necesidad que desapareciera quien pudiera liderar la organización de los centros de estudiantes como mecanismo de diálogo, debate y de resistencia a todo proyecto en contra de los intereses de los estudiantes secundarios y de la sociedad en sí, que es la democracia. No hay ninguna diferencia de quien estaba a cargo del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, en este caso era la Armada, con respecto a Ricardo Bruera. Denunciaban a todo aquel que ejerciera un camino de resistencia al proyecto político, económico y social de la dictadura militar. Eran un brazo, desde el punto de vista ideológico, puesto en función de defender la dictadura militar, desarticular y ser partícipes de una represión ideológica. Y todos los ministerios de Educación de la dictadura lo que hicieron fue una represión ideológica tanto o más grave que la física.
—Acá marcás entonces la fuerte complicidad civil de la dictadura.
—El golpe fue cívico-militar, porque participaron civiles en los distintos estamentos sociales y políticos con respecto a hacer logística principalmente de las Fuerzas Armadas. Ricardo Bruera, por más que sea un civil, no tiene su condición distinta al del general Videla. Los dos cumplieron una función dentro de la dictadura militar, y por tanto son responsables del genocidio.
—¿Qué opinás de la movida estudiantil rosarina para sacar a la luz este caso?
—Creo importantísimo el mecanismo que tomen los adolescentes con respecto a separar dentro de la educación a estos personajes, ya que tiene una base simbólica fuerte que en estos momentos se sustenta sobre la democracia y la vida. Pero acá también tendría que tener una responsabilidad tanto si fue la provincia como la Nación, la que le permitió ejercer este cargo y estar al frente de este complejo educativo. Porque insisto que quién ejerció el terror no puede educar por la vida. Imposible. Por eso no hay que dejar pasar estas instancias, aunque me parece llamativo que sean los propios alumnos quienes lleven adelante esta iniciativa y no, por la responsabilidad que tiene, el Ministerio de Educación de la provincia.