Opinión
Viernes 04 de Noviembre de 2016

Otra vez sopa con el debate

Ley de educación. Después de los anuncios del gobernador Lifschitz y la ministra Balagué pareció que esta vez iba a ser distinto a experiencias anteriores y los maestros iban a tener participación. Pero fue sólo un espejismo.

Los debates sobre las políticas educativas y discusiones pedagógicas son constitutivos de los gremios docentes. Cuando el magisterio reclama clases de informática, laboratorios para ciencias, bibliotecas del aula, cargos de profesores especiales, equipos de profesionales de la salud acompañando la enseñanza o afianzar la creación de coros y orquestas infantiles no es porque las maestras son caprichosas y los docentes pedigüeños insaciables: saben que son la garantía de aprendizajes en términos de justicia y de igualdad.

La formación permanente, el intercambio de ideas y de experiencias son líneas centrales de estos sindicatos. Cuentan con sus propios institutos de capacitación y espacios de producción de conocimientos, como los congresos y seminarios. Y, felizmente, esa formación que producen no es neutra ni pasada por agua bendita.

Quizás una autocrítica que debiéramos hacernos las comunicadoras y los comunicadores es no dar cuenta lo suficiente de este aspecto sustancial del magisterio, y dejarlo siempre expuesto sólo a los reclamos salariales y a las medidas de fuerza, contribuyendo así a generar una imagen de este colectivo que está "en la queja permanente".

Pero lo que no puede pasar es que la fuerza de trabajo que media en el acto de educar, que facilita la producción de conocimientos, sea excluida por quienes gobiernan de un debate clave como es el de la ley provincial de educación.

El anuncio del gobernador Miguel Lifschitz del 1° de mayo de que Santa Fe se daría la propia ley provincial de educación resultó una buena noticia. Más cuando la ministra de Educación, Claudia Balagué, completó esa decisión anunciando un paquete de actividades participativas.

La presentación de —hasta ahora— cinco proyectos de ley en Diputados (Boscarol, Benas, Del Frade, Giustiniani y Simoncini) despertó a los legisladores al tema educativo y los sumó a estas deliberaciones.

En el medio arrancaron foros regionales diseñados por el ministerio provincial. El martes pasado le tocó a Rosario. Unas mil personas llegaron al Galpón 11 ubicado junto al río. A medida que ingresaban —algunas decían que "espontáneamente", la mayoría convocadas por correo oficial— se las ubicaba en mesas ya determinadas, integradas por padres, madres, presidentes comunales, estudiantes, docentes y vecinos y vecinas. Tras los discursos oficiales se convocó a los asistentes (entre 10 y 12 personas por mesa) a debatir durante una hora sobre un listado de derechos a la educación propuestos por el ministerio. La promesa es tener en cuenta las conclusiones arribadas en esos 60 minutos en el futuro proyecto de ley.

Esa tarde, el Galpón 11 estaba repleto, abundaban los saludos y las sonrisas de satisfacción de los funcionarios de todas las líneas; y los participantes eran invitados —en una estética muy marketinera— a tomarse fotos con afiches que decían #Yodebatolaley. La sensación de participación flotaba en el aire y convencía al más incrédulo.

Lo llamativo es que desde aquel anuncio de Lifschitz y hasta la fecha los sindicatos docentes no han sido tenidos en cuenta en este intercambio. Inicialmente se los definió como una organización más a consultar en agosto, pero llegó noviembre y el anuncio se corrió para la mesa de Navidad. El secretario de Educación, Oscar Di Paolo, justificó —ante la consulta de este medio— que ese encuentro no se había dado porque Amsafé condicionaba la discusión de la ley a la salarial. Desde Amsafé negaron ese argumento y lo calificaron como "una falta de respeto a los docentes".

Y hay más: para el interior de las escuelas, la planificación oficial fijó para noviembre una jornada de Escuela Abierta para intercambiar posiciones frente a la futura ley. La mitad del turno escolar es con los padres y los chicos, y la otra mitad entre los docentes de cada escuela. ¿Es serio eso?

Otra vez sopa. Otra vez el "como si". Otra vez la negativa de gobiernos que se autodenominan progresistas a reconocer a los trabajadores del magisterio, que son quienes sacan las papas del fuego cuando no se sabe qué hacer con chicos ganados por las violencias, que van a enseñar a donde muchos no quieren siquiera ir de paso y se la juegan en situaciones críticas: cuando nadie sabía qué hacer en las inundaciones de 2003 en la ciudad de Santa Fe, la docencia no dudó y se organizó para atender a la comunidad.

Parecía que este debate iba a ser distinto a experiencias anteriores, pero otra vez la palabra de las maestras y profesoras es subestimada, negada y lo que es peor se evidencia un claro intento de desconocer a las organizaciones sindicales. La misma línea que impone el gobierno de Cambiemos a nivel nacional.

En 2006 se sancionó la ley de educación nacional. Un fuerte debate acompañó la aprobación de esta norma. Al año siguiente, en el gobierno de Jorge Obeid, quien fuera ministra de Educación, Adriana Cantero, aprovechó para retomar la discusión iniciada años antes en la provincia y darse la norma propia. Llegaron los anuncios de "consultas" y "jornadas de debates". Paralelamente un equipo de funcionarios de la confianza de Cantero ya tenían cocinado el borrador.

Conocida esa maniobra y con un nuevo gobierno en la provincia, la iniciativa terminó en un cajón. Imposible pensar que la educación que se quiere para Santa Fe se haga sin la voz clave de los docentes organizados. Y si no recordemos el rechazo generalizado que desde el inicio generó la ley federal de educación, aprobada también en tiempos de neoliberalismo. Si la intención es que la norma educativa tenga el consenso necesario que garantice su aplicación, la participación de las maestras y maestros es decisiva. Que no se pierda esta extraordinaria oportunidad.

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