Policiales
Martes 20 de Septiembre de 2016

Ordenan a la provincia que asista a un hombre que denunció a policías

A partir de una denuncia ante la Fiscalía de Violencia Institucional realizada por un ciudadano por presuntos apremios por parte de personal de la comisaría 7ª de Rosario...

A partir de una denuncia ante la Fiscalía de Violencia Institucional realizada por un ciudadano por presuntos apremios por parte de personal de la comisaría 7ª de Rosario, un juez ordenó al gobierno provincial que en 15 días designe un organismo púbico que asesore y acompañe a la víctima en el reclamo judicial. La resolución surgió en una audiencia ayer en Tribunales donde el Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) expuso la situación y pidió asumir el rol que, dicen, no está asignado en el ámbito del gobierno.

La denuncia refiere a un hecho del pasado 5 de mayo a las 9.30 cuando personal de la comisaría 7ª participó de un operativo de tránsito en el cual, al parecer sin razón válida, un hombre identificado como C. L. fue detenido con a su familia. Según la víctima, camino a la seccional consultó el motivo de su detención y el uniformado que conducía el patrullero frenó y le aplicó un culatazo en la cara.

En la comisaría siguieron los apremios y C. L. terminó tirado en una celda con golpes en todo el cuerpo. Comenzó a gritar y apareció un oficial que le quitó las esposas y le advirtió: "Todos sabemos lo que le pasó a Franco Casco, tenés que respetar a la policía".

Querellante. Acompañado por defensores públicos, C. L. denunció el hecho ante la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci y pidió constituirse como querellante. La audiencia se hizo ayer con la presencia de la víctima, la fiscal, el abogado del SPDP Marcelo Marasca y el juez Gustavo Pérez de Urrechu. En el encuentro, al cual no se convocó a los supuestos agresores, Marasca pidió patrocinar a C. L. y expuso los derechos de un ciudadano a ser asesorado en casos de violencia institucional. Aclaró que la defensa pública acompaña al denunciante "dando respuesta a la obligación del Estado de asistir a las víctimas de casos de tortura, tratos crueles o degradantes". Y recordó que la Argentina adhirió hace poco a una resolución de la OEA que brega por "el libre trabajo de los defensores públicos, sin injerencia ni controles indebidos".

El debate suma controversias porque, mientras la defensa pública insiste con este pedido, los abogados del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), organismo creado por la Casa Gris para atender y acompañar de forma gratuita a víctimas vulnerables y de escasos recursos, no dan abasto y trabajan a destajo pese a los escasos recursos que le asigna el gobierno.

En ese sentido Marasca hizo una distinción. Dijo que la discusión no se traduce "en una cuestión técnica y de competencia. Es indiferente si el CAJ interviene. La lucha judicial está enmarcada en el derecho de acceso a la Justicia de personas vulnerables social y económicamente que son las víctimas de la violencia institucional".

La fiscal no se opuso a la constitución de querellante de la víctima, pero sí a que la patrocine el SPDP. Marasca aclaró se había citado al CAJ para saber si representará a L., pero no concurrió a la audiencia.

El juez escuchó a las partes y, aunque declaró inadmisible el patrocinio del SPDP, ordenó oficiar al Ministerio de Justicia santafesino para que tome conocimiento de la investigación judicial "y designe en 15 días al organismo del Estado que pueda asistir a la víctima".

Finalmente Marasca, a través de un comunicado del SPDP, apuntó: "Estamos ante una situación en la cual una persona vulnerable no tiene otra forma de acceder a la Justicia si el Estado no le proporciona un abogado o institución que lo represente".

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