Opinión
Viernes 28 de Julio de 2017

Una obra cara y demorada

La primera referencia pública a lo que se supone pronto será el Centro de Justicia Penal de Rosario data del 13 de septiembre de 2008.

La primera referencia pública a lo que se supone pronto será el Centro de Justicia Penal de Rosario data del 13 de septiembre de 2008. Ese día, que era sábado, este diario anunció que el lunes siguiente el gobernador Hermes Binner y el intendente Miguel Lifschitz firmarían un convenio por el cual el municipio de Rosario le cedería a la provincia de Santa Fe el predio donde durante años funcionó el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez para construir allí el nuevo edificio.
Casi diez meses después comenzaron a conocerse detalles de los futuros tribunales penales. En junio de 2009 el ministro de Obras Públicas, Hugo Storero, anunció el llamado a licitación para construirlos y anticipó que la obra comenzaría en breve. Reveló además el costo: 50 millones de pesos.
El 13 de octubre de 2009, el arquitecto Francisco Quijano dio precisiones sobre el tiempo de ejecución del nuevo edificio y pronosticó que estaría terminado en 2012. "Tres años es un período de ejecución lógico para una obra de tal envergadura", sostuvo. "800 días", reforzaron los arquitectos. Se supone que Quijano sabía, no sólo por su condición de arquitecto sino porque era el director de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, donde todavía trabaja.
Luego el proyecto entró en un sinuoso recorrido burocrático que incluyó llamado a licitación, adjudicación en distintas etapas y otros vericuetos administrativos "La expectativa es inaugurarlo en 2012", dijo Storero a La Capital en octubre de 2010. Pero no ocurrió. Al gobierno de Binner le sucedió el de Antonio Bonfatti y los tres años que para Quijano eran un "período de ejecución lógico" pasaron raudos. La obra se paralizó varias veces y por distintos motivos. Y se fue encareciendo.
En septiembre del año pasado, cuando el gobierno de Bonfatti ya era historia y Lifschitz llevaba casi un año en la Casa Gris, el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, dijo que finalmente el edificio estaría listo en marzo de este año. Pero, una vez más, ese plazo tampoco se cumplió.
Ya en marzo de este año el actual ministro de Obras Públicas, Julio Schneider, se animó a ponerle fecha al final de obra: dijo que sería el 31 de ese mes, y que en abril se inauguraría oficialmente. Tampoco esa previsión se cumplió y recién en junio el gobierno de Santa Fe entregó oficialmente al Poder Judicial las "llaves" del edificio. Fue una transferencia simbólica, porque ocho años después del anuncio del comienzo de las obras el edificio todavía no está terminado. El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Erbetta, dijo el día del traspaso que el nuevo edificio empezará a funcionar dentro de 120 días. Si se tienen en cuenta los antecedentes, no es ilógico ni descabellado suponer que ese plazo también puede estirarse. ¿Será dentro de seis meses, en un año, en dos?
La entrega se hizo con bombos y platillos. Hubo acto, discursos y partes oficiales. Al acto no faltó nadie, ni siquiera el titular del gobierno (Binner) que prometió terminar el edificio en 2012. Como si fuera un mérito, una demostración de generosidad de los sucesivos gobiernos involucrados en su construcción, se dijo que se habían invertido casi 340.500.000 pesos. Nadie proyectó el costo final para cuando finalmente el edificio esté terminado y funcionando. Mucho menos hubo alguien que se atreviera a recordar el costo que se dijo en 2009 que tendría, seis veces menor a lo erogado.
¿Por qué entonces se hizo un acto para entregarlo, si todavía no funciona? ¿No deberían explicar por qué tardaron ocho años para hacer una obra cuyo plazo razonable era de tres, y por qué razones, además de la inflación, los santafesinos ya pagaron seis veces más de lo previsto en el proyecto inicial?
Se habla, además, de un edificio "innovador" que no convence ni a sus futuros ocupantes, los jueces penales. Pero ese ya es otro tema.


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