Opinión
Sábado 18 de Marzo de 2017

Un derecho de todos

En América Latina y el Caribe más de 50 millones de personas no acceden al agua potable. Todo un escándalo ético, científico, social y de profundo cuestionamiento humano.

Más de 2000 mil niños mueren por día por no acceder a agua sana y dos millones de adultos mueren por año por problemas con la temática. Mil cien millones de seres humanos no acceden a agua sana en la Tierra. En América Latina y el Caribe más de 50 millones de personas no acceden al agua potable. Todo un escándalo ético, científico, social y de profundo cuestionamiento humano.

El Papa Francisco, en la Laudato Sii y en declaraciones recientes, potencia la problemática del agua, que es un derecho humano. En el Encuentro Internacional de Declaremos Ilegal la Pobreza se pudo identificar que donde hay pobreza no hay agua. La lesa ambientalidad que produce esta escasez se da esencialmente en las regiones no desarrolladasa: América Latina, África y Asia. En Haití se llegó a la prostitución para acceder a un litro de agua. En la guerra civil en Siria las poblaciones sufrieron problemas para acceder al vital elemento. Lo mismo pasó en los graves procesos migratorios expulsivos en el norte de Africa.

Otra cuestión que afecta el acceso al agua sana es el cambio climático. El avance de las aguas saladas, las polarizaciones climáticas reflejadas en las desertizaciones y las inundaciones perjudican ese derecho.

A ello hay que sumarle la falta de políticas públicas sanitarias y las políticas económicas mercantilizadoras de la vida, por ejemplo que el que no paga no puede tomar agua. La situación es grave y de profunda lesa ambientalidad.

Decir que el agua es un derecho humano implica varias cuestiones. Jurídicamente significa que es constitutivo y esencial para el prójimo. Que debe ser tutelado y defendido por el Estado. Que no es sólo declarativo sino y de realización práctica para el ciudadano.

Económicamente implica que el Estado no debe tarifar y facturar un derecho humano. Captar agua del río, potabilizarla, transportarla y distribuirla requiere un esfuerzo económico. Ello implica que se tiene que hacer cargo la comunidad en su conjunto vía estructura tributaria. Acceder a agua sana es un derecho sin tarifas. Y es un bien común como el aire. Al eliminar la tarificación y la facturación se produce un salto cualitativo hacia la justicia social y ambiental.

En Santa Fe no hay una sola norma que diga que el agua es un derecho humano, excepto la normativa municipal de Rosario con el Derecho Humano de Jarras de Agua. La Constitución provincial es analfabeta en la materia al igual que la Constitución nacional. Por eso, la reforma de la Constitución de Santa Fe requiere que se introduzca en forma clara e inequívoca el derecho humano al agua y al saneamiento como cláusula operativa y no sólo declarativa. Importante es la declaración, pero más lo es la acción.

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