Opinión
Lunes 02 de Enero de 2017

Transparencia en la obra pública

El primo del presidente, Angelo Calcaterra, arrancará 2017 debutando como contratista de la Municipalidad de Rosario.

Es imposible que no genere suspicacias. La empresa constructora Creaurban, de Angelo Calcaterra (primo hermano del presidente Mauricio Macri), arrancará este 2017 debutando como contratista de la Municipalidad de Rosario al quedarse con la licitación para la restauración del Monumento a la Bandera, lanzada en conjunto por la Intendencia y el gobierno nacional. Una alta fuente del municipio reveló que la decisión ya está tomada: el decreto de adjudicación a esta compañía está a la firma de la intendenta Mónica Fein. Se prevé que lo suscriba en estos días y que a fin de enero comience la obra, que demandará casi 150 millones de pesos, pese a que tenía un presupuesto oficial de 134 millones.

Esta compañía del primo del presidente está radicada en Buenos Aires y no tiene ningún antecedente de obras públicas en Rosario. Si bien la licitación está a cargo de la Intendencia, los trabajos serán solventados en un 70% por la Nación y un 30% por la Municipalidad. La restauración del Monumento es fruto de un convenio entre la Nación y el municipio, firmado el 29 de junio por Fein y el ministro Rogelio Frigerio. Incluso en la apertura de las ofertas realizada el 26 de septiembre en Rosario estuvo el secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain.

El municipio argumenta que la licitación será adjudicada a la constructora de Calcaterra porque realizó la mejor oferta económica de las tres presentadas (las otras dos eran de compañías locales). Sin embargo, hoy por hoy las ofertas económicas en las licitaciones son muy relativas. Es que durante la ejecución de las obras las contratistas consiguen que el Estado les conceda sumas suplementarias al presupuesto inicial bajo el argumento de la actualización de costos.

La restauración que se realizará en el Monumento será la mayor intervención en sus casi 60 años de historia. Los trabajos se realizarán en espacios interiores de la torre, en el patio cívico y en el atrio.

Creaurban, ganadora de la licitación del Monumento, forma parte del grupo Obras, Desarrollo y Servicios (ODS), cuyo dueño es Calcaterra. De este conglomerado forman parte Compañía Americana de Transmisión Eléctrica, Geometales y Cincovial (concesionaria de seis rutas nacionales). El grupo también lo integra Iecsa, una de las mayores proveedoras de obra pública. La firma fue la constructora insignia del grupo Macri hasta 2007, cuando Franco (padre del actual jefe del Estado) realizó una transacción intrafamiliar y se la vendió a su sobrino Angelo Calcaterra. Tras la asunción de Macri como presidente de la Nación y la incompatibilidad que implicaría presentarse a licitaciones públicas, Calcaterra había anunciado que vendería el grupo ODS. Pero mientras el pase de manos de estas compañías quedó por ahora sólo en anuncio, éstas se siguen presentando a licitaciones públicas.

Con justa razón, el actual gobierno nacional ha puesto en cuestión la transparencia de la obra pública durante el kirchnerismo producto de los escándalos que involucran, entre otros, al empresario Lázaro Báez (acusado de ser testaferro de la familia Kirchner) y a José López, el ex funcionario que fue descubierto in fraganti mientras intentaba ocultar 9 millones de dólares en un convento.

En este marco, desde la asunción de Macri hay un tema que permanece latente: la relación entre el gobierno que encabeza y las empresas de su primo. Es que cada beneficio y nuevo contrato del Estado con Calcaterra puede generar dudas. Como las que surgieron el 12 de octubre pasado, cuando el primer mandatario puso en marcha los trabajos del soterramiento del tren Sarmiento, en Capital Federal, asignándole por decreto 3.000 millones de dólares (el monto inicial era de 2.000 millones), beneficiando así a su primo Angelo. La obra, adjudicada en 2007 por el kirchnerismo pero que nunca había arrancado, está en manos de un consorcio conformado por Iecsa (Calcaterra), Comsa y Odebretch, implicada en un megaescándalo de corrupción en Brasil y otros países.

Si la familia presidencial quiere evitar cuestionamientos respecto de la transparencia en la obra pública, Calcaterra ya debería haberse desprendido de sus empresas contratistas del Estado. Mientras no lo haga, seguirá bajo el escrutinio de la lupa pública, como en la obra que arrancará en los próximos días en el Monumento a la Bandera.

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