Opinión
Jueves 16 de Marzo de 2017

Responsabilidades precarias

"Sacarle la concesión a Monticas era inevitable por la condena social". La explicación oficial mejoró a la noche lo dicho por el secretario de Transporte de la provincia, Pablo Jukic, en su paso de la mañana por la Cámara de Diputados. El funcionario sorprendió a los legisladores en tres momentos. El primero fue cuando afirmó que la decisión de cancelar la concesión con Monticas tras el accidente que arrojó 13 muertos "fue para descomprimir" la presión social que existía. Varios de los diputados se preguntaron entonces: ¿qué habría pasado si el accidente no ocurría?
El segundo fue cuando Héctor Cavallero le preguntó por qué no se inició un sumario administrativo ya que el relevado subsecretario de Transporte, Gustavo Peirano, era el responsable de realizar los controles. La reacción del funcionario fue extraña: prometió tomar en cuenta esa inquietud y evaluar esa posibilidad, que suele ser la reacción más habitual cuando hay que deslindar responsabilidades en cualquier gestión de gobierno.
De paso, Jukic no se privó de marcar alguna diferencia con el renunciado Peirano, quien llevaba casi un récord de 17 años y 9 meses en cargos vinculados al transporte público en la Municipalidad de Rosario y en el gobierno de Santa Fe. "Desde que asumí en 2015 -dijo Jukic- se incrementó un 15% la fiscalización de las unidades".
El tercer asunto que alteró el clima de la reunión fue cuando admitió que 53 de las 55 empresas que prestan el servicio de transporte interurbano en la provincia de Santa Fe son precarias.
La precisión fue a raíz del reproche que le hicieron sobre el decreto que dio de baja a Monticas, a los cinco días del accidente, y en el que no se mencionan las irregularidades denunciadas o comprobadas, sino sólo la existencia de una concesión precaria, que da lugar a ser revocada en cualquier momento. Es decir no nombra en ningún momento a la empresa ni los reales motivos.
Tampoco se incluyó el nombre de Peirano cuando se lo separó del cargo. El decreto que le pone fin a su carrera en la gestión pública menciona que se deja sin efecto otro decreto del 2015, que es el que lo designó.
El momento más álgido tal vez haya sido cuando le cuestionaron la ausencia de un sumario administrativo: "¿Tienen miedo que alguien hable de más?", fue la pregunta que resonó en el recinto de la presidencia de la Cámara.
Ni siquiera se mencionó una explicación que fue escuchada fuera de los pasillos de la Cámara, que es que los sumarios sólo se aplican al personal de carrera. "No es cierto. También corresponden a los funcionarios políticos", aclaró un legislador de la oposición.
El otro argumento que circuló tampoco es válido. Suele decirse que la ley de transporte, que es del año 1935, quedó vetusta en varios ítems, pero tiene un artículo que especifica que la provincia nunca pierde su potestad de fiscalización de los ómnibus. Esto da por tierra con el intento de evadir responsabilidades invocando la responsabilidad de la Nación.
Igual, desde el gobierno provincial se fueron también con gusto a poco porque sólo se mencionó, y querían debatir, acerca de la falta de construcción de una autovía en la ruta de la tragedia. Algo que reprochan había prometido el gobierno nacional en la mismísima asunción de Macri.
Para varios legisladores la presencia del secretario de Transporte dejó entrever una estrategia judicial que pone a los familiares de las víctimas en clara situación de desventaja. Mientras el Estado no ayude a determinar a los responsables de estas muertes, tendrán que sumar al dolor de las pérdidas la paciencia necesaria para esperar que la Justicia cumpla con esa parte del trabajo. Una batalla que los llevará a soportar un largo peregrinaje contra el Estado para hacer valer los derechos de quienes ya no están. Un agregado innecesario, que tal vez se podría evitar con un sumario que aporte transparencia institucional y brinde su contribución de solidaridad a las familias de los víctimas.

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