Opinión
Sábado 07 de Octubre de 2017

¿Qué orden cumplió Gendarmería para intimidar en la UNR?

No podemos permitir que se materialice un retroceso en la interpretación y protección de los derechos humanos

El gobierno nacional debe explicar, a través de los organismos que correspondan, en especial del Ministerio de Seguridad de la Nación, las razones por las que la Gendarmería Nacional se constituyó en el predio del Centro Universitario Rosario, vulnerando la autonomía universitaria.

Puntualmente tenemos que saber "¿qué orden cumplieron los efectivos presentes y cuál ha sido el fin?". También reclamo a través de un pedido de informes que "se remita copia de la orden de la fuerza que infringe lo dispuesto artículo 31 de la Ley 24.521, en caso de que existiere, y dé cuenta de las investigaciones posteriores llevadas a cabo en la fuerza y en el propio Ministerio, en torno a la ilegalidad de la medida".

Esta inquietud pivota en lo sucedido el martes último (3 de octubre): mientras estudiantes, organizaciones y docentes llevaban a cabo una clase pública pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, cuando se constituyó Gendarmería Nacional en el lugar, vulnerando la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Nacional.

Esta situación inusual generó una honda preocupación, que hago mía a través del presente, entre todos los sectores, no solo por el ingreso de las fuerzas de seguridad en un predio universitario, sino por el contexto, ya que se encontraban reflexionando acerca de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

El artículo 31 de la ley 24.521 dice expresamente: "La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada del juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legalmente constituida".

Vale destacar que a través de un comunicado oficial, el rector de la Universidad Nacional de Rosario hizo saber que el ingreso de Gendarmería a dicho predio no contó con el aval ni con autorización judicial ni universitaria alguna. En el mismo repudian enfáticamente cualquier intento de amedrentamiento por parte de la fuerza pública a los miembros de la comunidad educativa.

Por eso no podemos permitir que se materialice un retroceso en la interpretación y protección de los derechos humanos de esta manera violenta e intimidante.

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