Opinión
Viernes 12 de Mayo de 2017

Mucho más que señales

Violencia institucional. La irrupción de efectivos policiales de la provincia en el Museo de la Memoria es un hecho de suma gravedad, como otros tantos que han sucedido recientemente.

"Esta tarde acercate al Museo a la jornada contra la violencia institucional. Habrá intervenciones artísticas y proyecciones vinculadas a la temática. [El nunca más de hoy es ni un pibe, ni una piba menos]". Tal era la convocatoria para las actividades programadas por el Museo de la Memoria de Rosario, en el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional (*), declarado en conmemoración de la Masacre de Budge ocurrida en 1987.

En ese crimen, un caso de los tantos de gatillo fácil, fueron asesinados los jóvenes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz por efectivos policiales.

Desde esa fecha, cientos de pibas y pibes de nuestros barrios más vulnerados caen víctimas del accionar violento y las balas policiales.

En la ciudad de Rosario la tarde del 8 de mayo se vivió un hecho de suma gravedad, que como otros tantos y recientes involucran a uniformados de la provincia. En este caso un grupo de policías (policía motorizada) ingresa saltando los tapiales del Museo de la Memoria, en el cual se encontraba una gran cantidad de jóvenes y adolescentes, docentes, abogados y funcionarios municipales, presenciando una puesta en escena a propósito de recordar el asesinato cuasi impune de Jonatán Herrera. Cuasi impune no solamente por lo exiguo de las penas impuestas, sino también por los fundamentos del fallo de primera instancia que dejó sin condena a algunos de los policías involucrados en el asesinato.

¿Paradoja? ¿Extraña coincidencia? ¿Azar? No creemos que nada de esto haya existido al momento del ingreso de los policías a un escenario donde se estaba recreando un hecho de violencia institucional, que tuvo como primer resultado la revictimización de varios adolescentes familiares de Jonatan que presenciaban la teatralización y a los cuales se los sindicó como sospechosos de portación de armas.

La rápida reacción, comunicado de prensa mediante, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe nuevamente tiende a justificar el accionar de los efectivos. Ocurrió también en el escandaloso operativo realizado en el barrio Qöm de Rouillón al 4400, en el suroeste de Rosario.

De la misma manera, con un impreciso comunicado, el Ministerio de Seguridad respondió al momento de justificar la presencia del Comando Radioeléctrico ingresando a una escuela pública y relevando datos mediante interrogatorio. Argumentaron desde esa cartera que se trataba del plan "Corredores seguros" (el cual en principio involucra a la Policía Comunitaria y no al Comando Radioeléctrico); nosotros nos preguntábamos qué seguridad traerían estos uniformados a los corredores diarios que utilizan los pibes de ese barrio, cuando los policías ni siquiera sabían qué escuelas había en la zona.

Las fuerzas policiales envían mensajes contundentes. ¿A quiénes? A sus superiores, al poder político, a la comunidad en general, y también a los sectores que piden palos y balas para todos aquellos que estigmatizados, son ubicados como ese nuevo otro que atenta contra la seguridad de la sociedad.

Las organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, los organismos de derechos humanos, presentes en el reclamo de esclarecimiento de estos casos y en la exigencia de justicia señalando los peligros que conlleva este proceso de agudización de las violencias hacia lo sectores señalados como "peligrosos" para el nuevo proyecto político económico .

Exigimos que tanto el gobierno nacional como el provincial dejen de reprimir la protesta social y los reclamos pacíficos tanto como a los pibes y pibas de nuestros barrios.

En memoria de la masacre de Budge y de los cientos de jóvenes asesinados por fuerzas policiales, como así también por el futuro de nuestra sociedad, exigimos al Estado el resguardo y la garantía de los derechos de todas y todos. La seguridad de la población no puede garantizarse con represión.

(*) El 8 de mayo es el "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional" establecido por la Ley Nº 26.811. En correlato con esta Ley, el Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación de la Nación acordó hace 5 años, en la Resolución Nº 189/12, que el 8 de mayo se incluya en los calendarios escolares de cada jurisdicción, disponiendo que en los "establecimientos educativos se realicen acciones pertinentes para consolidar la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los derechos humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad".

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