Opinión
Viernes 07 de Abril de 2017

La causa dólar futuro

Hubo un tiempo en la Argentina en el que los gobernantes perdieron la cultura de rendir cuenta de sus actos.

Hubo un tiempo en la Argentina en el que los gobernantes perdieron la cultura de rendir cuenta de sus actos. La República, para su consolidación, exige que las personas que tuvieron y tienen responsabilidades de gobierno den cuenta de sus actos y, sobre todo, del destino de los recursos públicos. La transparencia es un factor fundamental para mejorar la calidad de la democracia. Por eso celebramos tanto cuando en el Congreso de la Nación sancionamos la Ley de Acceso a la Información Pública.

Con relación a la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio por operaciones de dólar futuro durante la gestión de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, es la justicia quien debe determinar si hubo o no un daño premeditado a la economía del país.

Las operaciones consistentes en la venta de contratos con la cotización oficial del dólar estadounidense se realizaron en un momento donde imperaba el descontrol en el mercado cambiario producto del cepo, los crecientes controles para la compra de divisas y la persistente pérdida de reservas del Banco Central, todos factores que presagiaban una devaluación del peso argentino en relación al dólar, como único mecanismo para el sinceramiento cambiario y dejar de lado los controles absurdos que provocaron más daños que beneficios.

Desequilibrios fiscal y monetario, elevada inflación, nula credibilidad en las estadísticas públicas, pérdida de competitividad, asfixia en el sector productivo, y en particular en las economías regionales, un Banco Central sin independencia cuya política llevó al envilecimiento de nuestra moneda. Si a estos factores se agrega que se hayan promovido operaciones conociendo las dificultades futuras que acarrearían, el perjuicio para la economía y para el pueblo argentino es mayúsculo.

Es un síntoma de salud republicana que la justicia investigue los actos de gobierno y, luego, establezca las responsabilidades. El gobernante que sabe las consecuencias perjudiciales que traen sus decisiones para la sociedad, no puede menos que dar explicaciones.

Poder Ejecutivo, ministro de Economía y presidente del Banco Central deben argumentar el por qué dilapidaron recursos públicos. Lo exige la República. El perjuicio llega a $ 54.000 millones, pero así se trate de un sólo peso son recursos de la sociedad que no pueden malgastarse y menos premeditadamente.

Nuestra democracia y la República deben ser permanentemente apuntaladas. Son los medios para construir consistencia social y mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Silvia Elías

Senadora de Tucumán. UCR-Cambiemos

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