Opinión
Martes 02 de Mayo de 2017

La autopista abrió baches por todos lados

En el peor de los escenarios y luego de dos postergaciones se realizará hoy, a las 10, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno santafesina, la apertura de sobres de la licitación para la nueva concesión de la autopista Rosario-Santa Fe. Es que la principal conexión vial provincial viene a los barquinazos en los últimos meses entre los fuertes cuestionamientos a la anterior concesionaria Arssa y discrepancias sobre cuál debería ser el futuro de la misma.

Cada vez hace más ruido la polémica rescisión por "mutuo acuerdo" del anterior contrato de concesión suscripta por el gobierno y la firma Arssa, que fue ratificada el 30 de diciembre pasado a través de un decreto por el gobernador Miguel Lifschitz. Esta decisión fue duramente criticada desde un principio por un grupo de diputados de la oposición, encabezado por Héctor Cavallero, quienes denunciaron un perjuicio de más de 1.554 millones de pesos para el Estado santafesino, equivalente al monto de la obra no ejecutada por la empresa. Si bien en un primer momento el gobierno salió con fuerza a defenderse de los cuestionamientos de estos legisladores, ahora parece haberles dado al menos algo de razón. El propio Lifschitz tuvo que volver sobre sus pasos la semana pasada al ordenar que se someta a revisión el convenio de rescisión con Arssa, que fue pergeñado por su ministro de Infraestructura, José Garibay.

El mandatario tomó esta decisión a pedido de la Fiscalía de Estado, que es el órgano de asesoramiento jurídico y de defensa legal del Poder Ejecutivo, que luego de estudiar el caso no logró justificar el acuerdo al cual se llegó con la anterior concesionaria.

La provincia le había concesionado en 2010 por diez años la autopista al consorcio Arssa, conformado por las empresas Pecam, Obring, Rovial, Milicic, Laromet y Vial Agro. Un dato para nada soslayable es que varias de estas empresas lideran el ranking de las constructoras beneficiadas en la adjudicación de obras públicas en Rosario y la provincia. El contrato de esa concesión establecía que los privados a cambio del cobro del peaje debían repavimentar la totalidad de la traza durante los primeros cinco años. Sin embargo, pasado seis años, es decir a mediados del año pasado, sólo habían realizado el 26 por ciento de esa obra. Arssa comunicó por entonces al Estado que el contrato era "inviable económicamente" y que no completaría los trabajos faltantes en la autopista, que al día de hoy se encuentra en un estado deplorable.

Llamativamente, en lugar de rescindirle el contrato por incumplimiento, ejecutar los fondos de garantías de caución y dejar abierta la vía para reclamar los daños y perjuicios que el mismo había ocasionado, la provincia optó por concluir el convenio por decreto a fines de 2016 de forma anticipada y de "mutuo acuerdo", dejando en manos de estas mismas empresas la recaudación del peaje hasta que llegue la nueva concesionaria.

Desde un primer momento legisladores opositores sostienen que detrás de esta extinción del contrato "de mutuo acuerdo" se esconde el salvataje a las empresas que incumplieron los trabajos que estaban obligadas a hacer. Por ello exigieron que el contrato con Arssa se rescinda "por incumplimiento de la concesionaria" ante el perjuicio perpetrado contra la provincia. Están en juego, ni más ni menos, alrededor de 1.500 millones de pesos, según sostienen. Así, siguen reclamando que se haga efectiva la garantía prevista en el contrato y se apliquen las sanciones correspondientes a las empresas integrantes de ese consorcio. Esto es lo que ahora Lifschitz ha puesto nuevamente bajo análisis.

Pero sin perder tiempo, y en paralelo, la provincia efectuó en febrero pasado un nuevo llamado a licitación para la concesión de la autopista (nadie asegura que no reaparezcan algunas de las firmas que integraban Arssa), pero esta vez sin la obligación de realizar las obras de repavimentación, que estarán a cargo directamente del Estado santafesino. La nueva concesionaria sólo se limitará al cobro del peaje, mantenimiento (léase cortar el césped), señalización y servicio de auxilio. Es decir, un negocio redondo para el privado, ya que no asumirá riesgos de inversión y obtendrá una ganancia segura.

Mientras la anterior concesión está bajo la lupa por su rotundo fracaso, este nuevo esquema que se licita no sólo no convence a los legisladores opositores, sino tampoco a los propios de la coalición oficialista. Semanas atrás los presidentes de todas las bancadas que integran el interbloque del Frente Progresista —socialismo incluido— se reunieron con el ministro Garibay para manifestarle su oposición a una nueva concesión de la autopista. Señalaron que así como la provincia tiene capacidad para repavimentar su traza, también la posee para administrar y mantener ese corredor vial de 157 kilómetros. En concreto, propusieron un esquema similar al que se utiliza actualmente en el Túnel Subfluvial. Garibay se comprometió a trasladarle al gobernador esta propuesta, pero pasaron los días y no se supo qué suerte tuvo.

Aunque bien podría interpretarse como una especie de respuesta que el gobernador Lifschitz no haya ni mencionado el tema de la autopista Rosario-Santa Fe en su discurso de ayer de la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura. Es que a veces el silencio habla más que las palabras.

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