La investigación que lleva adelante la Justicia Penal federal de Rosario sobre una organización que creaba facturación "trucha" para que otras empresas, comercios y personas pudiesen evadir el pago de impuestos es compleja, podría llevar meses y quién sabe si alguna vez llegará a alguna condena. No porque los responsables de la investigación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) no quieran, sino porque las ventajas funcionales que ese tipo de redes criminales suele tener sobre la propia Justicia son enormes.
La organización que quedó bajo la mira de la Justicia tras una denuncia de la Afip no sólo es gigantesca sino que además lleva al menos dos años funcionando. Está integrada por especialistas, sobre todo en los rubros de la contabilidad y la informática. Sin contadores y técnicos informáticos este tipo de fraudes no serían posibles. No casualmente, entre las 11 personas detenidas por orden del juez Carlos Vera Barros hay al menos una contadora y un especialista en informática. No hay que descartar que aparezcan más, en la medida en que la investigación prospere.
El problema, para la Justicia federal, es que estas organizaciones cuentan con muchos más recursos técnicos y humanos para cometer delitos que los que reúnen los jueces para descubrirlos. En estos días, desde que la Afip denunció a la red ahora investigada, el juzgado a cargo de Vera Barros no daba abasto para analizar la evidencia aportada por el organismo recaudador, ordenar allanamientos y detenciones, tomar declaraciones indagatorias a los detenidos y disponer de nuevas medidas. Así, la investigación podría demandar meses y mucha evidencia podría desaparecer. Esa es la ventaja de quienes están sospechados de integrar esta banda.
La complejidad de lo que se investiga queda clara por ejemplo en la cantidad de empresas fantasma que la organización ilegal logró inscribir en la Afip para poder generar facturas "truchas" y luego vendérselas a quienes buscaban evadir impuestos. La lista es interminable, la mayoría tiene domicilio legal en la Capital Federal y, lo que es peor, figuran como dedicadas a los rubros más diversos. Lo llamativo es cómo resulta tan fácil engañar a un organismo como la Afip para inscribir empresas que no son más que un sello y cuyos directores e integrantes se repiten. Y muchas veces son personas insolventes.
Para entender de qué se habla tal vez sirva un ejemplo. Una de las "empresas" anotadas en la Afip cuyo único propósito era emitir comprobantes de pagos inexistentes es Domach SA. Quien figura como presidente es uno de los 11 detenidos e imputados porVera Barros. Domach "existe" desde 2015 y, según los registros de la Afip, se dedicaba a rubros como "servicios complementarios para el transporte terrestre", "servicios de almacenamiento y depósito", "venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías", "servicio de transporte automotor de mercaderías a granel", "servicio de transporte automotor urbano de carga", "recuperación de materiales y desechos metálicos" y "servicios de consultores de informática y suministro de programas de informática".
Pero la misma persona que figura como presidente de Domach SA también aparece como socio de otra empresa denominada Intermedios y Publicidad SRL, cuyo objeto social es "prestar servicios de publicidad gráfica, televisiva, radial, web y en la vía pública, así como la realización de diseños, rotulaciones, estudio de mercado y merchandising".
La repetición de nombres en estas empresas fantasma es una constante en la denuncia de la Afip y en la investigación judicial. Quizás el dato más fuerte es que sólo algunos de ellos están detenidos, como el caso del "presidente" de Domach SA y socio de Intermedios y Publicidad SRL. En la medida que la pesquisa avance, tal vez caigan otros "directores" de estas falsas empresas creadas no para producir o brindar servicios, sino para delinquir y enriquecer a sus mentores.