La decisión del gobernador Miguel Lifschitz de incluir en la reforma constitucional la propuesta de anclar en ocho años, como máximo, todos los mandatos en la provincia de Santa Fe generó revuelo y sacó del sopor la débil propuesta anterior para modificar la Carta Magna.
La iniciativa que mensura la Casa Gris es un imperativo del aquí y ahora atento al contexto social que demanda cambios de fondo en las burocracias políticas y que obligó hasta a la anquilosada provincia de Buenos Aires a producir una reforma política que nació del vientre de su propia Legislatura.
Los estruendos y las repercusiones del adelanto del domingo pasado de LaCapital sirve, además, para rastrear el extrañísimo micromundo que atraviesa al Frente Progresista: el más duro opositor público a la decisión de Lifschitz fue el intendente radical de Santa Fe, José Corral. El presidente nacional de la UCR insistió con sus dichos en rechazar la posibilidad de una reforma constitucional porque, según él, no son horas de involucrarse en esas cuestiones.
El 2019 y la reelección. En verdad, Corral cree ver en cada decisión del gobernador un gambito para ir en busca de la reelección en 2019, algo que alteraría sus planes para llegar a esa instancia como postulante de una UCR unificada.
Cerca del santafesino intentan clavar la ponzoña: "¿Se limitan todos los mandatos y al gobernador le dan la posibilidad de la reelección? Es un lindo ejemplo para un trabajo práctico de ciencia política sobre viabilidad".
En esos meandros está plasmada la poca previsibilidad de una eventual reforma constitucional. Si se objetaba que el proceso se realice en 2017 porque "no hay que hacerla en un año electoral", cuando se defina llevarla adelante en 2018 se dirá que es un artilugio para fomentar la probable reelección del actual mandatario.
Es más, la sorpresiva iniciativa de Lifschitz hace que Corral se defina públicamente por la no reelección del gobernador. "Es una institución sana, que vale la pena mantener", afirma.
En verdad, la limitación de los mandatos es algo que debió plasmarse hace tiempo atrás en Santa Fe, aunque nadie prefirió avanzar por el seguro rechazo a esa propuesta que provendría de los senadores, todo un poder en sí mismo en la provincia.
Lo que Lifschitz propone es poner en práctica los "ocho años para todos" hacia adelante.
Léase: a todos los diputados, senadores y concejales electos les podrían quedar 8 años más de cargos.
Va de suyo que el gobernador tendrá también cuatro años de ejercicio y la posibilidad de cuatro años más, a menos que se decida mantener la actual situación o que la reforma constitucional jamás salga del laberinto.
Debe decirse que la idea de limitar mandatos es, ante todo, una admisión del escaso entusiasmo en la sociedad para involucrarse en un programa de reforma que en sus borradores no presentaba ningún elemento movilizador ni atrapante.
Lo dijo esta semana el propio gobernador al admitir que su plan para la reforma constitucional contempla lo publicado por este diario el domingo pasado: "Hay que abrir el debate, porque si nos quedamos con las cosas obvias, como la autonomía municipal o los 4 años para los presidentes de comuna, en lo que todos estamos de acuerdo, no tiene mucho sentido".
Eso mismo se escribió en esta columna varias veces: ir a hacia un proceso de modificación de la Carta Magna sin incluir cuestiones de reforma política es una pérdida de tiempo, dinero y posibilidades. El contexto social, enmarcado por una visible crisis económica que no encuentra respuesta desde los estamentos de la política, vuelve a poner el ojo sobre esa realidad bifronte.
No es casual que la Legislatura bonaerense haya acordado limitar los mandatos de todos los cargos electivos en una provincia que siempre fue, incluso, más amañada que Santa Fe a la hora de hacer política. Aquí —al margen de la boleta única— lo único que se pareció a una reforma política fue la decisión de limitar la cantidad de concejales en Rosario cuando sonaban los ecos del ruido de cacerolas, tras el ríspido diciembre de 2001.
Habrá que esperar para saber si la propuesta de ocho años para todos es un amague de coyuntura. La decisión final la tendrán los propios involucrados. La sociedad está a favor.
Un poder en sí mismo. La idea original de Lifschitz es que los jueces de la Corte Suprema también permanezcan no más de 8 años en el cargo. Lo conversado con un magistrado del máximo tribunal permite corroborar que allí también se sienten un poder en sí mismo.
"¿Si comentamos el tema? Obviamente, leímos el diario. Le digo una sola cosa: Si Lifschitz firma un compromiso de que se abstiene de la reelección, nosotros nos vamos antes de los 8 años", dijo, irónico, un juez de la Corte Suprema a LaCapital.
Puertas adentro, el titular de la Casa Gris asegura no tener demasiadas intenciones de meterse en una pelea por la reelección que, indefectiblemente, lo haría colisionar con otros sectores del PS. Casi todos han declarado que, llegado el momento, el gobernador debería abstenerse.
"No me quita el sueño la reelección, pero que nadie me obligue a bajarme por los medios", se escuchó cerca del ex intendente de Rosario, quien ayer dedicó el día a reuniones con los gobernadores de Mendoza y San Juan, tras su periplo chileno.
Lifschitz tiene que buscar alternativas al plan de tomar deuda en EEUU, una opción que se modificó por el triunfo de Donald Trump, que hizo caer todos las piezas del tablero geopolítico.
La reforma, las fechas (o la fecha) de las elecciones y el futuro de Frente Progresista son los condimentos que le esperan a la política santafesina. Desde aquí a enero de 2017.