Paso 2017
Domingo 13 de Agosto de 2017

Chau Paso

Sin futuro. La dirigencia política está de acuerdo en que las primarias necesitan modificaciones o, directamente, ser derogadas. La votación de hoy está planteada como un plebiscito general: Macri será mirado en el poder, Cristina desde su falta de poder.

Todo indica que las elecciones primarias a las que nos enfrentamos hoy serán las últimas de su tipo. Sea cual sea el resultado, la comunidad política se ha puesto de acuerdo en que hay que modificar las Paso, si no derogarlas. Al menos un acuerdo en la crispada dirigencia nacional.

El presidente de la Nación le dijo a este cronista sobre el inicio de la veda electoral que un sistema que vuelva a tener mandatos de seis años de duración con elecciones intermedias a los tres parecía razonable. En buena parte, así lo había pensado Alberdi pero muchos se sintieron superiores a él. Aunque no se diga, los proyectos de modificaciones son el intento de que por un año y medio o algo más, los dirigentes se aparten de las campañas electorales y los que gobiernan se dediquen a eso: a gobernar. El proyecto de reforma ya está escrito. Habrá que esperar el resultado de hoy para ver qué plafond de acuerdos aparece.

Las elecciones de hoy deberían ser un trámite primariamente vinculado con sugerirle a los imprenteros los nombres que deben acuñar en octubre. Sin embargo, la política las ha transformado en una especie de plebiscito general. Por un lado, Mauricio Macri se enfrenta a saber, distrito por distrito, cómo reaccionará la ciudadanía luego de 19 meses de gobierno. Y la ex presidente Cristina Fernández se expone a conocer cuánto de sanción política directa tiene en su provincia natal y cuánto de poder ha perdido después de haber dejado el gobierno. Macri será mirado en el poder. Cristina, desde su falta de poder.

Semejante carácter para una Paso es, sin dudas, un disparate. Las elecciones internas abiertas vinieron a tratar de combatir el autoritarismo de los comités y unidades básicas que con mucha más "rosca" que con intenciones democráticas consagraban a dedo a los que disputarían los cargos. Abrir las internas era meter a los ciudadanos en el proceso electoral completo. Es verdad que eso no funcionó. Ni los partidos aceptaron que se agregara una silla popular en sus mesas de acuerdos (que lo digan Lousteau o Boasso, por poner dos ejemplos) ni los electores se mostraron interesados en reclamar su espacio.

Dicho esto, resulta un dislate haber transformado estos comicios intermedios en un plebiscito. El gobierno nacional lo hizo azuzando y engordando la grieta del dogma sin ningún fundamento de "son ellos, el pasado o somos nosotros, el futuro". Crearon un monstruo. Y la criatura tomó vida propia. De su lado, la gestión saliente contribuyó a este clima forzado callando de manera vergonzante y jugando a las escondidas del error ajeno. Lo que más imperdonable resulta es que con este meneo de intereses pequeños se acrecentó la aversión del ciudadano de a pie por todo lo que sea el sistema político. Hoy, y aquí sí se puede creer en las encuestas, seis de cada diez no irían a votar si se pudiese.

Lo que resta

La ausencia de debate de ideas en estas Paso no merece demasiadas explicaciones. Una de las razones esenciales para el descreimiento popular señalado es que los postulantes eligieron mucho más el coaching de imagen que la profundidad de las ideas, el decir florido (o el silencio ominoso) que el pensar con fundamento.

Por las dudas, salvo en excepcionales casos comunales, todos los candidatos que se presentan desde Jujuy a Tierra del Fuego son para cargos legislativos. ¿Alguien escuchó la posición de los postulantes sobre temas como el sistema penal o el carcelario, la prestación de servicios públicos por el estado o por los privados, o las posiciones en materia de aborto, eutanasia y encarnizamiento médico? Ni qué hablar de una cuestión que hace al corazón del federalismo: la ley de coparticipación de impuestos.

Desde la reforma constitucional de 1994, el país se debe una norma que determine cuánto de todo lo percibido por el Estado en materia tributaria debe ser regresado a sus legítimos dueños: las provincias. Ni la administración Menem, ni la Kirchner en sus dos titulares ni el propio Macri han acordado algo firme. Hay que pensar que en 1983, el 51 por ciento de los impuestos volvía a las provincias. Hoy, con suerte se llega al 40 por ciento. Aparte de jugar al dogma del pasado o el futuro, ¿alguien tiene pensando algo al respecto?

Sin embargo, uno de los temas que más estruendo provoca ante el silencio reinante es la cuestión Venezuela. Hoy comienza el proceso por el que se elegirán los responsables de afirmar el estado de derecho con el dictado de normas desde la cámara de diputados y la de senadores. Sean Esteban Bullrich, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Alejandra Rodenas o Martín Llayoira, los que queden elegidos deben asegurar el marco de normas para convivir en democracia. Es llamativo el silencio de muchos sobre el proceso que se vive en la república gobernada por Nicolás Maduro.

En Venezuela no hay más estado de derecho. No existe la división de poder ni mucho menos la independencia de ellos. El presidente puede decidir que las facultades legislativas pasen a su jurisdicción o a las del judicial y retrotraer su decisión con el mismo espasmo egocéntrico sin fundamento. Las libertades constitucionales están suspendidas de facto con ausencia de debido proceso en caso de detenciones ilegales o suspensión de elementales derecho como el de transitar, comerciar o reunirse por mandato arbitrario del presidente. No hay libertad de expresión. Al cierre de medios de comunicación locales se fueron sumando censuras a portales de internet como el del multimedios América e Infobae, por citar algunos de los afectados. Hay presos políticos. El estándar mundial por detenciones arbitrarias que no son más que persecuciones por razones ideológicas, se aplica a Venezuela. La crisis de hambre y muertes por inseguridad es propia de una catástrofe humanitaria. No obstante todo esto, en la campaña electoral de nuestro país el tema no es objeto de discusión.

Algunos dirán que son tantos los problemas socio económicos en estas pampas que no hay tiempo ni espacio en la prioridad de los conflictos locales. A primera vista, eso puede ser aceptable. Sin embargo, si se escarba un poco, se descubrirá en ese silencio o en la negación de reconocer qué se piensa de la dictadura de Venezuela un larvado concepto de que nada es tan importante como el fin, cualquiera sea el medio.

Los que se nieguen a mirar y condenar lo que pasa en Caracas son bien capaces de abdicar de su función como legisladores para la que se están postulando ahora en pos de un prejuicio ideológico más fuerte que la defensa del sistema de derecho. No es menor esto. Aunque se haya negado en campaña.

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