Opinión
Miércoles 12 de Abril de 2017

Argentina en el espejo mexicano

Política de seguridad y defensa. Tratar de reorientar las funciones de las Fuerzas Armadas por fuera de la órbita que actualmente tiene por ley es hacer malabares con granadas.

El 12 de diciembre del 2006 a diez días de asumir su mandato, el presidente de México Felipe Calderón envió 6500 soldados del ejército al Estado de Michoacán en un operativo inédito contra el crimen organizado. Las elecciones que lo habían consagrado como ganador estuvieron teñidas de sospechas. Aunque los ánimos estaban caldeados por la posibilidad de un fraude, la magnitud de tal iniciativa corrió el eje del debate de la opinión pública mexicana. Se comenzaría a hablar de la guerra al narcotráfico para no dejar de hacerlo al día de hoy. Dos años más tarde en 2008 esa guerra adquiriría otro encuadre a partir del esquema de cooperación conjunta entre Estados Unidos y México, "La Iniciativa Mérida". De esta manera, como había acontecido con Colombia en los 90, México con apoyo de EEUU se metió de lleno en un conflicto de escalas inéditas para su historia reciente. A más de una década de iniciada, la evidencia empírica es inapelable: la guerra fracaso.

El país azteca está sumido en una espiral de violencia que parece no tener fin. El Leviatán mexicano a pesar de contar con una espada más filosa no puede acabar con el narcotráfico. La utilización de las fuerzas armadas mexicanas en tal conflagración no solo no fue efectiva, sino además generó problemas adicionales derivados de utilizar una institución para un propósito para la cual no fue pensada: violaciones a los derechos humanos, el conflicto de atribuciones con las fuerzas de seguridad, etcétera. Los flujos económicos derivados del tráfico de drogas permite a las organizaciones narcocriminales un gran dinamismo. No solo tienen acceso a tecnología y armas de última generación para un enfrentamiento bélico en términos de igualdad, sino que pueden cooptar las estructuras estatales en todos sus niveles. Como ventaja adicional, no deben lidiar con dinámicas y tiempos burocráticos como sí lo hacen los poderes públicos. Como corolario de esta situación el Estado mexicano ya no puede arrogarse el monopolio legítimo de la violencia y parte importante de su territorio no lo controla.

Salvando las distancias, la presunta adquisición de material bélico proveniente de Estados Unidos para reequipar a las diezmadas Fuerzas Armadas Argentinas pone en evidencia las intenciones del gobierno respecto de la política a seguir en defensa y seguridad. El costo del armamento solicitado por el ex embajador argentino ante Estados Unidos, Martín Lousteau al congresista demócrata Peter Visclosky rondaría los 2.500 millones de dólares. A nivel oficial se ha negado enfáticamente el desembolso de tal suma. No acontecería una compra sino una donación de material militar en desuso que los Estados Unidos realizan a quienes considera sus aliados estratégicos. Cuesta creer que aunque vetusto para los objetivos de defensa estadounidenses, los pertrechos obsoletos sean donados. Nadie en este mundo regala nada, mucho menos si se trata de armas. En un contexto económico desfavorable, la única forma de afrontar semejante gasto se daría bajo la estrategia predilecta de la actual gestión: el endeudamiento.

La necesidad de contar con tales recursos tendría su razón en dotar de mayor margen de maniobra a las FF.AA para que puedan cumplir con la nueva función que el gobierno pretende asignarle. El convenio de cooperación elaborado por el Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional del Estado de Georgia, sede del Comando Sur, a ser rubricado por el Congreso, es una muestra de la nueva orientación que en materia de seguridad y defensa se pretende. Bajo la excusa de la ayuda humanitaria y la asistencia a catástrofes se perfila un rol más cercano a la órbita de seguridad interior. Una medida de este tipo requeriría mayorías parlamentarias y un clima social favorable para modificar la ley de defensa vigente desde 1988, la cual desestima el uso de las fuerzas armadas para labores de seguridad interior. Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico emerge como el chivo expiatorio que eventualmente permitiría inclinar la balanza hacia un cambio de orientación. Su utilización para correr el eje de la discusión es una estrategia peligrosa. No es equiparable a la "pesada herencia". La experiencia mexicana no deja dudas al respecto. Que el narcotráfico representa un problema, es incuestionable. Que la solución pase por potenciar un esquema de guerra frontal al mismo, es algo que incluso figuras políticas de reconocimiento internacional, han desestimado enfáticamente, muchas de las cuales pueden ser consideradas cercanas al actual gobierno de Mauricio Macri como los ex presidentes de México y Brasil Vicente Fox y Fernando Henrique Cardoso.

Tratar de reorientar las funciones de las fuerzas armadas por fuera de la órbita de la defensa es hacer malabares con granadas. A México ya le estallaron unas cuantas en la mano, el resultado en casi una década es de más de 150.000 víctimas fatales. Si algo queda claro es que esta estrategia de combate no termina con las drogas pero sí con más muertes que las que derivan de su consumo.

Andrés L. Rolandelli

Politólogo Icla/UNR

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