En agosto de 1993, fue creada en San Pablo (Brasil), la organización criminal llamada el Primer Comando Capital (PCC) que buscaba imitar al Comando Vermelho de Río de Janeiro. Su objetivo inicial era la protección de los reclusos que se hallaban en las cárceles de Brasil, exigiendo mejores condiciones de detención y reclamando el esclarecimiento de la masacre ocurrida en 1992 en una cárcel de San Pablo, en la que murieron más de cien presos a manos de las autoridades penitenciarias.
El PCC fue sumando rápidamente miembros entre la población carcelaria no sólo de San Pablo, sino de otros Estados del país, conformando una gran red criminal que motoriza diversas actividades delictivas, siendo actualmente la mayor estructura del crimen organizado de Brasil. Se calcula que cuenta con alrededor de 20.000 miembros, y de ellos la cuarta parte se encuentran en prisión.
Una característica distintiva del PCC es que los adherentes deben someterse a las normas de la organización y contribuir económicamente, pagando quienes están en libertad 500 reales mensuales, mientras que quienes están en prisión pagan 25 reales, y ese dinero se destina a pagar abogados, sobornos en las prisiones, cubrir necesidades de las familias de los detenidos, y para financiar actividades ilícitas.
Sus actividades delictivas son variadas, e incluyen el narcotráfico, robo de bancos, sicariato, tráfico de armas. Tiene el control de la mayoría de las rutas del narcotráfico de Bolivia, Paraguay y Brasil, e intenta establecerse en otros países de la región para conformar lo que los jefes de la organización han denominado "Narcosul", buscando el dominio completo de los mercados regionales de la droga.
El PCC posee vínculos con organizaciones mafiosas de Italia, lo que le permite alcanzar los mercados europeos de la droga, la que es enviada a través de puertos de Brasil, Paraguay y Uruguay.
La organización ha sido protagonista de acciones de violencia inusitada en motines carcelarios, robo a bancos y en la eliminación de los rivales que le disputan el mercado de las drogas.
En el año 2001 emprendieron una serie de graves motines en las cárceles de San Pablo en la búsqueda de mejores condiciones para los reclusos. La violencia extrema se desató en el año 2006, cuando llevaron adelante rebeliones en prisiones de diferentes Estados, en los que generaron el terror -tanto al interior de las prisiones como en distintos puntos de la ciudad de San Pablo-, donde proliferaron los saqueos, los vehículos incendiados y ataques a la policía, con el resultado de 184 muertos.
A principio de 2017, se produjeron serios incidentes carcelarios, ocasionados por la ruptura de las relaciones entre el PCC y el Comando Vermelho, lo llevó a matanzas de presos en distintos estados de Brasil, llegando a 100 muertos.
Los asaltos a bancos y empresas de transporte de valores, es otro rubro delictivo de interés del PCC, y se calcula que han llevado a cabo alrededor de 57 robos de gran magnitud. En todos los casos se han tratado de actividades de gran planificación, donde se emplea la violencia extrema a través del uso de explosivos, armamento militar e incendios deliberados.
Entre sus últimos asaltos merecen ser considerados el del 17 de febrero de este año, ocurrido en Pernambuco (Brasil), donde la banda se alzó con unos 20 millones de dólares de la empresa de transporte de valores Brinks. El 30 de marzo, en una carretera de Bolivia a unos 400 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, un grupo armado interceptó un camión de transporte de caudales de la empresa Brinks, apoderándose de 1,3 millones de dólares del Banco Mercantil Santa Cruz. También el resonante hecho sucedido en Ciudad del Este (Paraguay) el 24 de abril en el que asaltaron la sede de la empresa de caudales Prosegur, donde obtuvieron un botín de 8 millones de dólares.
La organización lleva adelante una permanente eliminación de sus competidores para lograr la supremacía en el tráfico de drogas y el control de las áreas donde opera. Uno de los hechos decisivos en el control del tráfico de marihuana desde Paraguay fue la ejecución de Jorge Rafaat Toumani, en junio de 2016, en Pedro Juan Caballero, quien era el mayor productor y distribuidor de droga de ese país. El asesinato de Rafaat abrió el camino para que el PCC se hiciera del control de las operaciones en la frontera entre Paraguay y Brasil.
Tras la muerte de Rafaat, las autoridades policiales de Paraguay y de Brasil, informaron que se registraron al menos 38 asesinatos en la zona de frontera común, lo que se supone es un proceso de eliminación de los supuestos colaboradores del régimen anterior.
Por lo expuesto podemos concluir: Que se está desarrollando y consolidando un organización criminal muy violenta y focalizada en el narcotráfico, pero también con ramificaciones en otros tipos de delitos.
Que poseen acceso a armamento sofisticado y eso le agregaba complejidad a la situación.
Que su poder económico y carácter regional requieren una atención distintiva ante la posibilidad de desarrollar actividades en nuestro país.
Y por último la cercanía geográfica y la porosidad de nuestra frontera nos impone un marco de cooperación estrecho con los gobiernos donde ya se detectó operación de estos grupos.
Alejandro Grandinetti
Diputado nacional (Frente Renovador)