Opinión
Viernes 07 de Abril de 2017

A 10 años del crimen de un maestro

Aniversarios. El 4 de abril de 2007, una granada disparada por un policía mató a Carlos Fuentealba en Neuquén. Hubo condena al autor material, pero no a los responsables políticos.

Hace 10 años, el 4 de abril de 2007, en la provincia del Neuquén, en la cercanía de la ciudad de Arroyito, una granada disparada por el cabo Darío Poblete acababa con la vida de Carlos Fuentealba.

Ese día, con el marco de un largo plan de lucha, frente a la total cerrazón del gobierno de Jorge Sobisch, los docentes estaban protagonizando un corte de ruta. Ante las intimaciones y la represión policial comenzaron a desalojar el lugar. Carlos iba en el final de la columna, ayudando a los más rezagados. Cuando empezaron los cobardes disparos corrió hasta subirse en la parte de atrás de un Fiat 147. La granada entró por la luneta trasera del vehículo y estalló en su nuca. Sus compañeros corrieron a auxiliarlo. Una vez más la sangre de un trabajador en lucha regaba los caminos de la Patagonia Rebelde.

Carlos estaba casado y tenía dos pequeñas hijas. De origen humilde, durante años trabajó en el gremio de la construcción. Con mucho esfuerzo fue estudiando para ser docente. Trabajaba en una escuela técnica de un barrio de la periferia de Neuquén. Sus compañeros recuerdan a un docente íntegro, comprometido con la defensa de los derechos laborales y del derecho a la educación de los sectores más postergados. Soñaba y luchaba por una sociedad sin miseria, sin desigualdad, sin explotación. Sus alumnos lo habían elegido "Docente del año" en el 2006.

Su muerte no podía pasar desapercibida. Conmovió a los docentes de todo el país y a la comunidad toda. "Han matado a un maestro", se repetía con sorpresa, con angustia, con indignación.

En aquel otoño gris el guardapolvo blanco fue símbolo de lucha colectiva, de justicia, de dignidad. Fuimos miles y miles en las calles y plazas de todo el país reclamando contra la represión a las luchas, por castigo a los responsables del crimen, en defensa del salario y los derechos docentes, por el fortalecimiento de la escuela pública.

Algunos nos ilusionamos con que la masiva reacción frente al crimen podía iniciar una nueva etapa en nuestro país. Muchos lo repitieron en sus discursos de campaña. Pero un breve repaso diez años después nos habla de la ingenuidad de aquella ilusión.

El inmenso reclamo de justicia tuvo un logro apenas parcial. Fiel a una lógica de una Justicia edificada para defender a los poderosos, la causa Fuentealba se dividió en dos partes. La causa Fuentealba Uno avanzó hasta llegar a la condena, limitada y parcial pero condena al fin, del asesino material: Darío Poblete. La causa Fuentealba Dos, la que debía investigar las responsabilidades políticas del crimen, languideció por años hasta que se llegó a la prescripción de la misma por agotamiento de todos los plazos. Así, la impunidad en Neuquén fue tan brutal como la represión y Jorge Sobisch, el Gobernador que dio la orden de disparar contra los docentes, ni siquiera fue convocado a declarar.

La defensa del derecho constitucional a la protesta sigue sin ser asumida por los gobiernos de turno. Muy por el contrario, se alientan discursos y acciones que puedan legitimar la represión. Este proceder siempre estuvo presente, pero es innegable que el Protocolo Antipiquetes pergeñado por la ministra Patricia Bullrich pretende dar un salto en las políticas represivas.

En Santa Fe, en Neuquén y en todo el país, los paros y las inmensas movilizaciones docentes de este mes de marzo muestran que, más allá de los discursos, no hay interés de los gobiernos por valorar la labor docente. Hay algunas diferencias parciales pero en todos los casos las ofertas oficiales ubican el salario testigo de un maestro por debajo o apenas por encima de la línea de la pobreza.

El gran debate sigue siendo cómo hacer para que la escuela pública garantice el derecho a la educación de todos y sea una palanca que colabore en la transformación social que el país necesita. Es evidente el fracaso y la insuficiencia de las políticas oficiales, tanto provinciales como nacionales, de los últimos años. No es un dato menor que el porcentaje del presupuesto destinado al sector educativo haya bajado en este 2017 tanto a nivel nacional como provincial. La contracara es que la educación como mercancía, la educación privada solo al alcance de los que pueden pagarla, en los últimos años no para de crecer en nuestro país. En este punto también el gobierno nacional lleva la delantera: cuando el ministro Bullrich habla de las escuelas como "una máquina de hacer chorizos" o el presidente Macri se lamenta por los sectores de la población que tiene que "caer en la escuela pública", no logran disimular su desprecio de clase hacia un sistema educativo que, más allá de sus contradicciones y limitaciones, supo ser un ejemplo en toda la región.

Para nosotros, los docentes, la lucha sigue. En las calles y en las aulas. Por nuestros derechos como trabajadores, por el derecho a la educación de nuestros pibes, contra la injusticia y la desigualdad.

En esa lucha, a diez años de su brutal asesinato, Carlos Fuentealba es un compañero ejemplar, un modelo a seguir, una bandera a levantar.

Porque sabemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona seguimos gritando: ¡Carlos Fuentealba, presente!

Juan Pablo Casiello

Secretario Gremial de Amsafé Rosario

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