Policiales
Miércoles 24 de Agosto de 2016

Nuevo reclamo judicial por malas condiciones y torturas en el Irar

Ayer en Tribunales volvió a denunciarse la situación instituto de menores y se objetó la labor del Servicio Penitenciario en el lugar.

Una vez más el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar) fue objeto de un reclamo judicial por las malas condiciones del penal. La Defensoría Pública y los asesores de menores que intervienen en las causas de los chicos detenidos allí presentaron, en simultáneo, un recurso de hábeas corpus para corregir problemas edilicios, alimentarios y de acceso a la educación en el establecimiento de Saavedra y Cullen. El reclamo hizo foco en situaciones "sistemáticas" de tortura y malos tratos surgidos del vínculo operativo y cotidiano con agentes del Servicio Penitenciario que están a cargo de la custodia.

Los planteos fueron realizados por el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, y el asesor de menores Daniel Papalardo en representación de sus colegas de Tribunales. Cada uno presentó escritos denunciando situaciones abusivas y malas condiciones de alojamiento de los jóvenes de 16 a 18 años con trámites penales en curso que están internados allí.

Tras escuchar las denuncias y la respuesta de las autoridades del Irar, el juez Luis María Caterina dispuso medidas como la visita de un médico forense y la realización de una pericia por parte de la facultad de Arquitectura de la UNR y especialistas de la provincia.

El magistrado consideró que el recurso debe recibir un tratamiento urgente y que para otras acciones ya existe una mesa de diálogo entre los actores involucrados. Esa comisión ya se reunió en mayo y volverá a hacerlo el mes que viene. En el marco de la audiencia judicial, las partes volverán a encontrarse para monitorear lo actuado el próximo 23 de septiembre.

Una cárcel. Las denuncias enumeran problemas en la limpieza de pabellones y áreas comunes, roedores, falta de calefacción y agua caliente, mala calidad de la comida y falta de acceso a la educación para los internos. Asimismo, revelan la existencia "sistemática" de malos tratos, torturas y requisas indebidas.

Sobre ese punto expuso Enrique Font, asesor de la Defensoría, para explicar cómo en los últimos meses se relevaron casos de tortura mediante entrevistas personales y confidenciales. De esas charlas surgieron como sistemáticos los apremios en el momento de la detención y el traslado o la derivación ilegal a instituciones para adultos. "Los delitos cometidos por el Estado nunca son autoevidentes. Son complejos de detectar", planteó Font, y señaló que no hay registro ni sondeo oficial de esas situaciones que por lo tanto quedan "encubiertas".

Papalardo coincidió con ese diagnóstico que, según planteó, fue advertido por "los tres asesores de menores" en sus visitas semanales. "Los colchones se mojan. En un sector nuevo se retiraron los inodoros antivandálicos. Los niños hacen pis en un tarrito. Todo esto tiene una matriz y es que lejos de ser un instituto de recuperación, el Irar ha mutado en una cárcel. La prevalencia del Servicio Penitenciario y las cuestiones edilicias le dan ese carácter", analizó.

Así, según Papalardo, ocurren situaciones como que un adolescente puede ir a clases sólo si un operador está dispuesto a llevarlo. Al punto que una jueza de Menores debió ordenar mediante un hábeas corpus que se garantice la asistencia de un chico a la escuela del Irar. Según denunció, las clases sólo duran 30 minutos.

El funcionario también reveló que al recibir visitas familiares los adolescentes son sometidos a requisas vejatorias en las que "los desnudan, los hacen poner en cuclillas, los manosean. El cuerpo como sujeto de castigo. Díganme si eso es rehabilitación. ¿Cómo un joven va a denunciar todo esto si tiene enfrente a un operador penitenciario que hasta decide si le abre la canilla de la ducha o se la cierra cuando ya está enjabonado?".

Réplica. La directora del Irar, Jimena Staurini, y el director de Justicia Penal Juvenil, Alcides Leicker, presentaron sus informes sobre la cocción de las viandas y la contratación de empresas para limpieza y desinfección, además de denunciar que hay un proyecto para transformar el Irar en un centro penal juvenil. Admitieron la superpoblación y que hay unos diez jóvenes alojados en el pabellón 6, el que en diciembre de 2015 el camarista Carlos Carbone había ordenado cerrar por inhabitable y la jueza de Menores María del Carmen Musa calificó de "zoológico" humano.

A su turno la representante del Ministerio Público de la Acusación, Andrea Vega, se plegó al pedido de inspecciones formulado por los defensores. Finalmente Caterina consideró que buena parte de los problemas seguirán discutiéndose en la mesa de diálogo, por fuera del ámbito judicial. Con respecto a las cuestiones de higiene, alimentación y servicios dispuso que un médico forense y un representante de la Fiscalía realicen "controles esporádicos de forma sensata y urgente".

En relación a los cuestionados pabellones 5 y 6 ordenó una pericia edilicia para definir "si corresponden reparaciones estructurales". Solicitó la intervención del Ministerio de Educación para extender el horario educativo y, por último, consideró que los casos puntuales de maltrato deben ser "materia de denuncia penal".

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