“4 meses, 3 semanas y 2 días”. La película rumana dirigida por Cristian Mungiu se puede
ver desde este enero en las salas rosarinas. Es la terrible historia de una joven universitaria que
se somete a un aborto clandestino en la Rumania de 1987. La mujer y una amiga que la acompaña en el
trance sufren y transmiten su padecer descarnadamente. El film retrata una Bucarest descolorida y
opresiva; la del perverso dictador estalinista Nicolae Ceaucescu, que haciendo gala del decreto 770
impuso a las mujeres de su país “el deber patriótico” de parir la mayor cantidad de
hijos posible. Debían tener cuatro como mínimo, pero a las que llegaban a diez o más las premiaba
con el título de “Madre heroica”. Su loca estrategia planificadora no tuvo límites:
Ceaucescu llegó a declarar que el embrión humano era propiedad de toda la sociedad. Y para
protegerlo prohibió los anticonceptivos y los abortos. A tres años de tamaña decisión, su política
ya daba frutos: habían nacido 2 millones de niños, miles fueron abandonados en hospicios y más de
10 mil mujeres fallecieron por abortos clandestinos.
Lejos de Rumania, la ficción y los Estados totalitarios, ya pasaron algunos
meses desde que murió Ana María Acevedo en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. Y aún no hay ningún
imputado en la causa.
A la mujer se le había negado un aborto terapéutico previsto en el Código Penal.
Era una humilde joven de 20 años, oriunda de la localidad de Vera, madre de tres pequeños hijos,
padecía cáncer maxilar y estaba embarazada. En el centro de salud no se le hizo ningún tratamiento
oncológico porque se priorizó el embarazo. Tras parir de urgencia y por cesárea un bebé que vivió
menos de un día, murió el 17 de mayo de 2007.
También pasaron unas cuantas semanas, desde que el ex secretario de Salud de la
socialista Municipalidad de Rosario y ahora ministro de Salud de la provincia, Miguel Angel
Cappiello adelantó: “En ningún hospital de Santa Fe será denunciada una mujer que llegue
con un aborto en curso”. Una decisión a las claras diametralmente opuesta a la del ex
ministro de Salud durante el gobierno de Carlos Reuteman, Fernando Bondesío. En agosto de 2003,
impulsando la violación del secreto profesional, Bondesío había pedido a los médicos que
denunciaran a las mujeres que llegaban a los hospitales públicos con abortos clandestinos.
Y también pasaron apenas unos días desde que se supo públicamente que en la
Droguería Central del Ministerio de Salud de Santa Fe, las nuevas autoridades encontraron vencidos
680.000 profilácticos, una cantidad no precisada de anticonceptivos y 2.500 kilogramos de
medicamentos. El obsceno descuido se da en un país donde cada hora siete mujeres egresan de un
hospital público tras estar internadas por complicaciones por un aborto (según los últimos cómputos
de la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación).
Los artículos de farmacia encontrados debieron ser repartidos durante la gestión
justicialista de la ex ministra de Salud, Silvia Simoncini. La misma funcionaria del ex gobernador
Jorge Obeid que debió responder a un pedido de informe en la Legislatura sobre la muerte de Ana
María Acevedo y la que hace dos años dijo: “No era conveniente firmarlo”, al referirse
al documento de apoyo del Consejo Federal de Salud con el que el ministro de la Nación, Ginés
González García, y sus pares provinciales les daban respaldo a médicos, familiares y autoridades de
Buenos Aires y Mendoza que habían intervenido en los abortos a dos mujeres discapacitadas que
habían sido violadas. Simoncini ahora fue designada subsecretaria de Prevención y Control de
Riesgos del Ministerio de Salud de la Nación.
Meses, semanas y días, para tener en cuenta en el cine y también en tiempo real.