Las ciudades latinoamericanas están atravesadas por tensiones sociales, económicas y ambientales que obligan a repensar la relación entre capital, ciudadanía y espacio público y privado. Sobre esas tensiones, muchas veces fogoneadas por intereses inmobiliarios desaforados, crecen movimientos ciudadanos que demandan el derecho a habitar una ciudad limpia, verde y con lugar para todos.
El brasileño Juca Ferreira, ex ministro de Cultura de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, estuvo en Rosario donde participó de varias actividades de reflexión sobre proyectos urbanos sustentables y defendió la idea del "derecho a la ciudad": "El capital inmobiliario necesita regulación porque es monotemático: sólo piensa en lucro, lucro y lucro. En ese afán es capaz de matar a su propia gallina de los huevos de oro", dijo el especialista en un encuentro con periodistas.
Las regulaciones estatales (al sector inmobiliario, al tránsito) y la participación ciudadana para marcarle la cancha al capital aparecen como dos de las palabras claves en el imaginario de una ciudad recuperada para sus habitantes: "Es necesario humanizar nuestras ciudades y avanzar hacia la recalificación del ambiente público urbano", argumentó el experto.
—¿Cuáles son los problemas que comparten las ciudades de la región?
—El proceso de urbanización vertiginoso y avasallador es un fenómeno presente en toda América latina, tal vez porque nunca hicimos reformas agrarias y porque tenemos un modelo de desarrollo muy concentrado en las grandes regiones metropolitanas. La población se fue a las ciudades y el campo quedó vacío. Por ejemplo en Brasil el censo de los años 60 mostraba que poco más del 20 por ciento de los brasileños vivía en algún tipo de ciudad, mientras que ahora esa proporción es del 85 por ciento, por lo que se invirtió completamente. Con un proceso de urbanización tan frenético se vuelve imposible mantener la estructura ambiental de la ciudad, buenos servicios públicos o garantizar la ocupación ordenada de los suelos. Hay varias ciudades medias y grandes de América latina que están atravesando por lo mismo, y la tendencia es ir hacia una valoración de los espacios públicos que ayuden a mejorar la convivencia, las práctica culturales y sociales en común. La idea que crece es enfrentar esa degradación de una manera más activa.
—¿Qué parte le toca al Estado en este proceso?
—Con un proceso tan avasallador es fundamental que los poderes públicos contribuyan a frenar esa degradación, porque se ha llegado a un nivel insostenible de promiscuidad con el capital inmobiliario que en las ciudades ha adoptado una fuerza impresionante que está por encima de las regulaciones. El avance del capital inmobiliario es hoy en Brasil una enfermedad.
—¿En ese punto aparece una demanda por más y mejor ciudades?
—En los últimos años vemos que crece la demanda ciudadana a favor de la recuperación de las ciudades, porque nuestras ciudades están quedando feas, sucias, con mal olor e inhóspitas para la convivencia. Puede pasar en menor o mayor medida, pero en verdad es un fenómeno que se ve en toda Latinoamérica y que hace crecer el deseo de recuperar las ciudades. Existe por ejemplo un movimiento poderosísimo en Recife, la cuarta ciudad más grande de Brasil, donde un área pública cercana al río fue vendida a un emprendimiento inmobiliario gigante donde pretendía construirse un paraíso privatizado. Ante esto toda la ciudad se movilizó, tanto las clases populares como la clase media y las instituciones intermedias. Fue un movimiento ciudadano tan fuerte que el Poder Judicial tuvo que abrir un proceso para investigar la venta y allí descubrieron que había habido irregularidades. Esa es una demostración de esta nueva conciencia, y existen movimientos de ese tipo en otras ciudades como San Pablo, Salvador y en Minas Gerais.
—¿Qué lugar le queda al automóvil en este proceso de recuperación de las ciudades?
—El automóvil no puede estar más en el centro de la vida urbana, pero para eso se necesitan inversiones en transporte público y regulaciones muy claras del uso del auto. Incluso de la velocidad: por ejemplo cuando el ex alcalde de San Pablo bajó la velocidad de la principal avenida de esa ciudad se redujeron un 25 por ciento los accidentes fatales. Hay que tener el coraje de enfrentar a los poderes establecidos y regularlos, porque está demostrado que el capital no disminuye sus ganancias cuando se lo regula. Por el contrario, puede desarrollarse aún más. Todos pueden ganar más, incluso el capital, cuando la ciudad se valora más, se vuelve atractiva y es receptiva para los seres humanos. Todo mejora.
—Las regulaciones tiene un lugar central en la ciudad sustentable...
—Es que lo que acabo de decir no lo dijo Marx, lo dijeron Adam Smith y Ricardo, dos teóricos del liberalismo: el capital necesita la regulación del Estado porque es ciego, es monotemático: lucro, lucro y lucro. A veces incluso con este pensamiento mata su propia gallina de los huevos de oro, entonces el poder colectivo, la representación de los poderes colectivos tiene que venir del Estado. A eso se suma la necesidad de una ciudadanía activa también como forma de limitar la lógica del capital.
—¿Que sea la ciudadanía la que presiona no exime al Estado de asumir sus responsabilidades primarias?
—No, cuando la ciudadanía se activa presiona aún más al Estado, lo obliga a ponerse las pilas y a cumplir sus finalidades. Por eso buscamos una sinergia entre el poder público y una ciudadanía movilizada. ¿Qué debe hacer una ciudad para volver a ser vivible? En síntesis, renovar sus sistemas regulatorios, tener mecanismos dinámicos que puedan acompañar el desarrollo de la ciudad e incentivar a la ciudadanía para que ayude a construir ciudades para la convivencia.