Opinión
Miércoles 28 de Septiembre de 2016

Malvinas: soberanía, el tema excluido

El vicecanciller Carlos Foradori debería asistir hoy a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para exponer y dar las razones que justifiquen la declaración conjunta que firmaron Alan Duncan, ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

El vicecanciller Carlos Foradori debería asistir hoy a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para exponer y dar las razones que justifiquen la declaración conjunta que firmaron Alan Duncan, ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

Como integrante de dicha comisión lamento decir que hasta el momento y a pesar de haberlo solicitado en reiteradamente, no fue remitido el texto original, a los efectos de estudiarlo seriamente. Los legisladores trabajamos con el comunicado de Cancillería.

Aun con ese comunicado es menester referir a la naturaleza jurídica que, conforme su propia letra, se trata de un acuerdo en los hechos, adoptado por la Argentina y el Reino Unido. Más allá de como se lo denomine, da lo mismo si se trata de una declaración, acuerdo, comunicado o tratado en cuanto a las consecuencias jurídicas. La propia Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 lo deja en claro en su artículo 2 cuando define a un "tratado" como un "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular". En este caso, sí refleja la voluntad de las dos partes, por escrito y sobre una materia específica; es, por ello, fuente no sólo de intenciones sino de obligaciones. Si aceptáramos el argumento que se trata de una "mera declaración de principios" u "hoja" de ruta para la relación futura, resulta más grave aún porque marca un contexto que excluye a la soberanía como tema de la agenda y de los asuntos de interés común sobre los que sí se acuerda dialogar: la soberanía sólo es mencionada como parte del nombre oficial de la fórmula de salvaguardia para preservar la posición soberana, no sólo argentina sino, además, británica.

Analizar en detalle la declaración conjunta implica no perder de vista el fondo del acuerdo y lo que supuestamente en él ha quedado firmado porque la agenda es precisa: la "cooperación" en "todos" los "asuntos" del Atlántico Sur "de interés recíproco"; por ende, la soberanía queda excluida porque ciertamente, no es un "asunto de interés recíproco" que la Argentina pueda llegar a calificar como tal. Se disipa toda duda cuando aclara que "en este contexto" se "acordó" como objeto de la agenda "adoptar las medidas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de Malvinas" en temas como "comercio, pesca, navegación e hidrocarburos", pero sin limitarse a éstos. A esto se suma el acuerdo para establecer "conexiones aéreas adicionales entre Malvinas y terceros países", no con la Argentina continental en la que sólo se realizarán un par de escalas mensuales.

El acuerdo podrá fijar un "conjunto de principios", como se nos dice para relativizar su alcance. Sin embargo, en realidad es un marco concreto de relacionamiento futuro bilateral limitado a los temas que, excepto lo referido a nuestros caídos sepultados en las islas, son de exclusivo interés británico. Se excluye además de la hoja de ruta la posibilidad de establecer, en el futuro, un vuelo directo y regular entre el territorio continental argentino y las islas; nada se dice si se autorizarán nuevamente los vuelos chárter que fueron suspendidos porque no tenían cobertura jurídica, profundizaban el aislamiento de la Argentina continental al no partir de ésta y, con ello, la posibilidad de establecer un vuelo directo. La remoción aludida, implicará que la Argentina "desmantele" las leyes sancionadas por el Congreso. Entre otras normas o medidas que no se detallan en el acuerdo pero ciertamente el Reino Unido ha definido en reiteradas ocasiones. Se trata de normas que preservan los recursos naturales argentinos en su territorio, no sólo limitado al área usurpada, y dirigidas a penalizar a quienes los exploren o exploten sin autorización nacional. Tan válido en el área de Malvinas como en cualquier otro espacio del mar argentino o el territorio continental.

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